Gobierno ratifica cierre de Fundación de las Familias: preocupa impacto social

La confirmación del cierre definitivo de la Fundación de las Familias ha generado una fuerte controversia tanto en la Región de Coquimbo como a nivel nacional. Y es que la decisión del gobierno se mantiene firme pese a los cuestionamientos surgidos desde distintos sectores y a un reciente pronunciamiento judicial que abrió una nueva arista en el conflicto.

Hace pocos días, la Corte de Apelaciones de La Serena acogió un recurso de amparo presentado por usuarios del centro ubicado en la Parte Alta de Coquimbo, otorgando un plazo de ocho días a la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, para responder formalmente respecto de la determinación.

Sin embargo, mientras avanzan las acciones judiciales, la secretaria de Estado compareció ante el Senado y ratificó la postura de la administración del Presidente José Antonio Kast: la fundación, que por más de tres décadas ha desarrollado programas de apoyo social en sectores vulnerables del país, cerrará sus puertas.

La medida provocó inmediatas reacciones desde la oposición. El senador por la Región de Coquimbo, Daniel Núñez, criticó la decisión y cuestionó que una administración que se ha declarado defensora de la familia opte por poner término a una red de apoyo comunitario con presencia en distintas zonas del país.

“Nos parece contradictorio que, en lugar de fortalecer estos espacios, se aplique una lógica meramente economicista”, señaló el parlamentario.

La preocupación también se extiende entre los funcionarios de la institución. Andrea Vega Opazo, secretaria nacional del sindicato de trabajadores, manifestó su decepción tras la reunión sostenida con la ministra, asegurando que no existió una instancia suficiente para dimensionar el aporte que la fundación ha desarrollado durante 36 años.

Según explicó, la organización presta servicios que muchas veces no son cubiertos por otros organismos públicos, especialmente en materia de alfabetización digital, acompañamiento a adultos mayores, orientación en trámites estatales y fortalecimiento de vínculos familiares mediante talleres comunitarios.

“Fue muy poco el tiempo para abordar lo que significa perder programas como Familia Digital y los centros familiares que existen a nivel nacional”, sostuvo.

La dirigenta también advirtió sobre la incertidumbre laboral que enfrentan cerca de 150 trabajadores. Aseguró que aún no existen definiciones claras respecto de los recursos necesarios para concretar los procesos de desvinculación y el pago de las obligaciones legales correspondientes.

Por su parte, Jéssica Vergara Navarrete, encargada regional del programa Familia Digital, sostuvo que la decisión refleja un desconocimiento de la realidad que enfrentan muchos vecinos.

A su juicio, los centros cumplen un rol fundamental en contextos donde la digitalización de servicios se ha convertido en una barrera para miles de personas, especialmente adultos mayores y familias con escaso acceso a herramientas tecnológicas.

“Cuando no se conoce la realidad de los territorios es difícil comprender el impacto que estos espacios tienen en la comunidad”, afirmó.