Con casi mil documentos: continúa juicio con extensa prueba documental de Fiscalía

Con la revisión de cientos de antecedentes financieros, tributarios, administrativos y bancarios, este martes continuó el juicio oral por el fraude en la Corporación Municipal Gabriel González Videla (C.G.G.V.) de La Serena, causa en la que la fiscalía busca acreditar un perjuicio superior a los $762 millones.

La jornada estuvo marcada por la incorporación de parte importante de la prueba documental del Ministerio Público, compuesta por casi mil documentos individualizados, entre ellos contratos, boletas de honorarios, informes mensuales de actividades, cartolas bancarias, peritajes financieros y antecedentes tributarios.

El juicio — que se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena — podría extenderse incluso por más de tres semanas, según han señalado intervinientes de la causa.

Documentos administrativos y programas de salud

Entre la prueba exhibida por la fiscalía aparecen contratos de trabajo, anexos contractuales, certificados de funciones y antecedentes administrativos de la C.G.G.V., documentos que buscan acreditar los cargos y responsabilidades que mantenían distintos imputados dentro del Departamento de Salud de la corporación.

Entre los nombres mencionados en la documentación figuran Nicole Cadena, Karina Reyes, Cindy Mauna y Alejandra Fuenzalida, entre otros funcionarios y prestadores de servicios vinculados a programas financiados con recursos públicos.

Asimismo, la fiscalía incorporó convenios suscritos entre la corporación y el Servicio de Salud Coquimbo, correspondientes a programas de atención primaria, rehabilitación y salud comunitaria, los cuales habrían sido utilizados para canalizar pagos investigados por el Ministerio Público.

Informes Mensuales de Actividades

Otro de los focos de la jornada estuvo centrado en decenas de “Informes Mensuales de Actividades”, boletas de honorarios y correos electrónicos que, según la tesis fiscal, respaldaban servicios que nunca fueron efectivamente prestados.

La acusación sostiene que parte de estos antecedentes contenían firmas presuntamente falsificadas o informes ideológicamente falsos utilizados para justificar pagos desde programas de salud municipal.

Entre los documentos mencionados aparecen informes adicionales de actividades, archivos digitales y correos electrónicos con envío de “informes boletas”, antecedentes que el Ministerio Público busca vincular a la presunta estructura organizada que operaba al interior de la corporación.

Por otro lado, una de las secciones más extensas de la prueba documental corresponde a antecedentes bancarios y movimientos financieros.

La fiscalía presentó cartolas bancarias, registros de transferencias, depósitos en efectivo, cuadros de movimientos y análisis financieros destinados a reconstruir la denominada “ruta del dinero”.

Según la investigación, los fondos obtenidos mediante pagos irregulares eran posteriormente transferidos entre distintos involucrados, realizándose triangulaciones y movimientos bancarios que buscarían ocultar el origen ilícito de los recursos.

El fiscal SACFI, Carlos Vidal, ya había señalado durante el inicio del juicio que la investigación permitió seguir la trazabilidad de los dineros y determinar cómo se distribuían las sumas presuntamente defraudadas.

Peritajes y antecedentes tributarios

La fiscalía también incorporó informes periciales contables y documentales elaborados por especialistas financieros y unidades investigativas de la PDI y SACFI, según se desprende del auto de apertura.

A ello se suman formularios tributarios, balances, flujos tributarios, comprobantes de pago y antecedentes obtenidos desde el Servicio de Impuestos Internos (SII), documentación con la que el Ministerio Público busca acreditar incrementos patrimoniales e ingresos incompatibles con los perfiles económicos de algunos imputados.

Empresas bajo análisis

Entre los antecedentes revisados también aparecen sociedades vinculadas a Cristián Muñoz Fredes y Nicole Cadena, entre ellas, Vital Medical Center SpA; Grupo Vital Chile; Mucad SpA,
Vital Solutions, entre otras.

En ese sentido, la fiscalía sostiene que parte de estas empresas habrían sido utilizadas para mezclar recursos lícitos con dineros provenientes de las maniobras investigadas.

Fraude, asociación ilícita y lavado de activos

Cabe recordar que en total, 13 personas enfrentan cargos por fraude al fisco, asociación ilícita, lavado de activos y falsificación de instrumento público, en una causa considerada una de las investigaciones de corrupción municipal más relevantes de los últimos años en la Región de Coquimbo.

La tesis de la fiscalía apunta a que existió una estructura organizada y permanente destinada a obtener recursos públicos mediante boletas falsas y pagos por servicios inexistentes, para luego redistribuir y ocultar el dinero a través de transferencias, retiros y movimientos financieros.