De evadir el pasaje a los grafiti: el detalle del Registro de Vándalos

La propuesta del gobierno para crear un “Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades” abrió un intenso debate político y jurídico.

La iniciativa contempla un listado de 33 conductas que podrían derivar en el ingreso de una persona a este registro, además de una serie de restricciones para acceder a beneficios y derechos estatales.

Según explicó el abogado Claudio Maturana, el proyecto distingue entre actos vandálicos e incivilidades. Entre estas últimas se consideran acciones como el consumo de alcohol en la vía pública, los ruidos molestos, los rayados y grafitis no autorizados y el abandono de escombros en lugares no habilitados.

El registro también incluiría a quienes evadan el pago del transporte público, participen en bloqueos de vías, provoquen daños a monumentos nacionales, ataquen a funcionarios de Carabineros o del sistema de salud, quemen buses o incurran en delitos graves como el narcotráfico.

Sin embargo, la abogada Eliana Astorga advirtió que varias de estas conductas ya cuentan con sanciones en la legislación vigente, por lo que el Congreso deberá analizar si la iniciativa genera duplicidades penales o administrativas.

El proyecto contempla además, cerca de 17 medidas restrictivas para quienes integren el registro. Entre ellas se encuentran la imposibilidad de acceder a subsidios habitacionales, becas y gratuidad estudiantil, la pérdida de beneficios previsionales como la Pensión Garantizada Universal (PGU) y las pensiones de gracia, además de la inhabilidad para obtener rebajas en la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) o renovar la licencia de conducir y el pasaporte.

Maturana recordó que el texto recién inicia su tramitación legislativa y que su contenido podría sufrir importantes modificaciones durante la discusión parlamentaria.

Desde la oposición, en tanto, las críticas han sido severas.

La diputada Carolina Tello calificó la iniciativa como un “show político” y sostuvo que las sanciones recaen principalmente sobre conductas asociadas a la pobreza, como el comercio informal o la evasión del transporte público, generando un “doble castigo” para quienes ya cumplieron una condena.

En la misma línea, el diputado Daniel Manouchehri cuestionó que el foco de la agenda de seguridad esté puesto en las incivilidades y no en el combate al crimen organizado y al narcotráfico, llamando al gobierno a concentrar sus esfuerzos en las grandes redes delictuales.