¿Tráfico de menores? Los niños haitianos que el Estado chileno perdió de vista

No hay margen para la ambigüedad en el diagnóstico. Un preinforme reservado de la Contraloría General de la República, elaborado tras una serie de denuncias y presentaciones formales, identificó un patrón común en el ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes haitianos a Chile bajo la figura de reunificación familiar, proceso que, según el propio organismo fiscalizador, se desarrolló con controles insuficientes y una preocupante descoordinación institucional.

Los documentos, revelados por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, establecen que durante 2025 cientos de menores ingresaron al país acompañados por adultos cuya relación con ellos “no siempre fue verificada por las autoridades competentes”. La situación se torna aún más delicada al revisar una muestra de 366 personas que arribaron en vuelos no regulares: 333 de ellas correspondían a niños, niñas y adolescentes.

La auditoría concluyó que no existió una validación efectiva del adulto responsable que acompañaba a los menores durante el viaje ni al momento de ingresar al territorio nacional. En algunos casos, derechamente, no había evidencia de que la relación hubiese sido acreditada por la Policía de Investigaciones (PDI), pese a tratarse de vuelos chárter autorizados por las autoridades chilenas.

Los antecedentes muestran que este flujo migratorio no fue aislado. Por el contrario, se registraron operaciones reiteradas en un periodo acotado, con grupos de menores trasladados de manera simultánea, configurando en la práctica un verdadero puente aéreo entre Haití y Chile bajo el mecanismo de reunificación familiar.

Uno de los hallazgos más sensibles apunta directamente a la figura del “adulto responsable”. Según el informe, hubo personas que aparecían a cargo de múltiples menores en distintos vuelos, sin que existiera una verificación rigurosa del vínculo familiar o legal con ellos.

En los registros examinados, un mismo adulto figura asociado a distintos niños en diferentes operaciones aéreas, un patrón que se aleja de un proceso individual de reunificación familiar y que, según fuentes consultadas, es consistente con esquemas observados en redes de facilitación migratoria.

Pero las irregularidades no terminan ahí. La Contraloría también determinó que el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) no verificó los datos autorreportados por los solicitantes, incluyendo domicilios en Chile y antecedentes de los supuestos tutores. En la práctica, el sistema descansó en información proporcionada por los propios interesados, sin controles efectivos de validación.

Uno de los antecedentes más graves detectados por la auditoría corresponde a la aprobación de permisos de reunificación familiar para tres menores cuyo padre, identificado como adulto responsable, había fallecido un mes antes de que los niños viajaran a Chile.

Pese a ello, los menores igualmente abordaron un vuelo especial y lograron ingresar al país. No hubo alertas, ni protocolos, ni coordinación institucional que permitiera detectar la inconsistencia antes de su arribo.

El informe también establece que una parte sustantiva de los ingresos se realizó mediante vuelos no regulares. De las 2.792 personas que ingresaron a Chile por reunificación familiar en el periodo analizado, 1.476 lo hicieron a través de vuelos chárter operados por las aerolíneas Galistair, Aruba Airlines y Caribbean Sun Airlines.

En uno de estos vuelos, identificado como WAL-801 de Caribbean Sun Airlines, se detectaron múltiples irregularidades, entre ellas la falta de listado de pasajeros, menores sin documentación vigente y ausencia de validación del adulto acompañante. Al menos 44 niños viajaron bajo la modalidad de reunificación familiar.

La investigación también apunta a la falta de coordinación entre las instituciones encargadas del control migratorio y la protección de la infancia. La Contraloría concluye que el Servicio Nacional de Migraciones, la PDI y la Subsecretaría de la Niñez no actuaron de manera articulada frente al ingreso masivo de menores haitianos.

No existieron protocolos compartidos, intercambio oportuno de información ni mecanismos de seguimiento posterior. Además, se detectaron discrepancias entre las bases de datos de la PDI y del Servicio Nacional de Migraciones, así como registros incompletos, duplicación de antecedentes y errores en la identificación de vínculos familiares.

Las falencias quedaron aún más en evidencia durante las fiscalizaciones en terreno realizadas por el organismo contralor. Al visitar los domicilios declarados por los solicitantes, los equipos constataron que algunos niños simplemente no se encontraban en esos lugares y, en varios casos, tampoco existían antecedentes claros sobre su paradero.

Las conclusiones preliminares advierten que la información disponible es “parcial, confusa o errónea”, lo que impide reconstruir con precisión quiénes ingresaron al país, con quiénes lo hicieron y en qué condiciones.

Si bien el preinforme no establece la existencia de delitos de trata o tráfico de menores, sí configura un escenario de riesgo evidente y abre una serie de interrogantes sobre las responsabilidades administrativas y eventuales responsabilidades penales derivadas de estos hechos.

A junio de 2026, el Estado chileno no puede determinar con exactitud dónde se encuentran todos los niños haitianos que ingresaron al país bajo esta modalidad, quiénes fueron efectivamente las personas responsables de su traslado ni qué ocurrió con ellos después de cruzar la frontera.