Acusan abandono de delegado presidencial al mundo rural

Un profundo malestar y una creciente sensación de desatención se tomaron la última sesión de la Mesa Regional de Desarrollo Rural de Coquimbo. La ausencia del delegado presidencial regional, Víctor Pino, encendió las alarmas y desató duras críticas por parte de algunos integrantes de esta instancia, quienes interpretaron su inasistencia como una alarmante señal de “poco interés” frente a problemáticas críticas del territorio, especialmente la severa escasez hídrica que golpea con fuerza a las comunidades campesinas.

La controversia escaló a la arena política local debido a que los cuestionamientos no solo provinieron de sectores de oposición, sino del propio sector político del delegado, evidenciando diferencias en la evaluación de la gestión gubernamental frente a la emergencia climática y el desarrollo productivo de las zonas rezagadas.

FUEGO AMIGO

El consejero regional e integrante de la Mesa de Desarrollo Rural, Ángel González, no ocultó su frustración tras el encuentro. En una declaración abierta, González enfatizó que las responsabilidades de Estado deben estar por sobre las afinidades de coalición.

“A mí me da como hasta un poco de lata porque yo soy del mismo sector del delegado Pino, pero eso no quiere decir que nosotros vayamos a justificar la falta de presencia por parte de quien representa al Presidente de la República a nivel regional. Él tiene que tener las antenas bien paradas, no confiarse ni quedarse sentado”, fustigó la autoridad de la colectividad oficialista.

González argumentó que la máxima autoridad civil de la región debe saber ponderar la relevancia de los compromisos institucionales: “Las autoridades deben poner en la balanza qué reuniones son prioritarias, especialmente cuando se trata de una instancia interpelada formalmente”, dijo recordando que ya existía un duro precedente en la mesa hídrica realizada previamente en la comuna de Canela, una instancia regional donde el propio Consejo Regional (CORE) debió hacer un "mea culpa", pero donde tampoco se contó con la presencia del delegado regional.

Aunque el CORE dispone de los recursos económicos para financiar proyectos de emergencia, la potestad legal y el diseño de los programas recaen de manera exclusiva en los servicios públicos dependientes del Gobierno Central.

El consejero regional advirtió sobre el agotamiento de las comunidades ante la falta de liderazgos con capacidad de decisión en terreno. "Es aburrido para la gente estar yendo a reuniones para seguir planteando exactamente lo mismo, sin que las autoridades lleguen con una solución, un programa o un levantamiento previo. Lo lógico es que el delegado presidencial se presente y diga: 'Esta es la propuesta que tenemos como Gobierno de Chile en la Región de Coquimbo y esto es lo que le presentaremos al Gobierno Regional para su financiamiento'", sentenció González.

EL ROL DE LAS PROVINCIAS

Durante la sesión se constató la asistencia del delegado presidencial provincial de Choapa, Cristian Rondanelli. Si bien González destacó y valoró positivamente su participación y despliegue en la reunión, aclaró de forma tajante que los roles no son equivalentes ni sustituibles en términos políticos y de facultades resolutivas.

A pesar de que Rondanelli manifestó su voluntad de coordinar un levantamiento de información conjunto con la delegación regional para actuar en red, el consejero insistió en que “tenemos que ser honestos. Nosotros somos políticos y la gente también comprende perfectamente cómo funciona esto. Sin quitarle ningún tipo de mérito a los delegados presidenciales de las provincias, la investidura y la responsabilidad final exigen que esté presente Víctor Pino”, recalcó.

La postura del mundo social e intersectorial fue aún más severa. La presidenta del Consejo Regional Campesino, Leticia Ramírez, quien también ejerce un rol activo dentro de la Mesa Regional de Desarrollo Rural, no solo coincidió con los planteamientos del consejero González, sino que escaló la denuncia pública hacia un plano estructural, acusando formalmente un “abandono” hacia las dinámicas de la ruralidad.

Ramírez recordó que esta mesa de trabajo es un instrumento histórico nacido de la necesidad territorial. Recordó que el instrumento se generó en el año 2008. Las mesas de trabajo se constituyeron formalmente en 2011. Y el objetivo fundacional fue lograr que las políticas públicas del Estado chileno posean un enfoque inclusivo y logren penetrar con eficacia el tejido del territorio rural. Un hito que, según la dirigenta, sigue sin materializarse de forma efectiva.

Para entender la magnitud del despliegue institucional, la mesa cuenta con una gobernanza de 27 miembros estables, distribuidos bajo un esquema de representatividad tripartita:

Según Leticia Ramírez, el sinsentido de la ausencia de la jefatura regional en momentos en que los recursos fiscales para paliar la sequía extrema provienen, paradójicamente, de la cartera del Interior: “Nosotros no podemos entender que en esta dramática situación de crisis, cuando los recursos que se requieren provienen del Ministerio del Interior para atender la emergencia, el delegado presidencial no asista para conocer la realidad directamente en la mesa. No entendemos la real disponibilidad de este gobierno con el tema de la crisis hídrica que golpea directo a los campesinos. Además, ni siquiera envió una excusa formal por su inasistencia", fustigó Ramírez.

La dirigenta enfatizó que la convocatoria fue realizada con estricto apego al reglamento interno por el secretario ejecutivo del organismo, Sergio Ríos, quien notificó a todas las partes con 15 días de anticipación. “Estaba toda la información disponible para que la autoridad supiera a qué atenerse en circunstancias tan graves como esta. No vemos cuál podría haber sido la dificultad infranqueable, ya que el delegado no ha dado explicaciones. Nos sentimos abandonados por el gobierno”, puntualizó.

RESPUESTA DEL DELEGADO

Frente a la ola de recriminaciones provenientes de miembros de la Mesa Regional de Dersarrollo Rural y de los gremios agrícolas, el delegado presidencial regional, Víctor Pino, salió al paso de las críticas y defendió el despliegue del Ejecutivo en la zona.

En primer término, Pino desmarcó la responsabilidad de la convocatoria, precisando el ordenamiento administrativo de la instancia:

“La Mesa Rural es una instancia coordinada y convocada formalmente por el Gobierno Regional (GORE), no por la Delegación Presidencial”, aclaró el representante del Ejecutivo.

Asimismo, la autoridad regional descartó de forma categórica que su ausencia signifique desinterés por las urgencias del mundo rural o por el avance de la crisis hídrica. Argumentó que las instituciones estatales funcionaron bajo criterios de delegación de funciones y representatividad técnica:

Afirmó que el Gobierno de Chile estuvo plenamente representado y comprometido mediante la asistencia del delegado provincial del Choapa, Cristian Rondanelli.

Subrayó la concurrencia y participación activa de tres altos funcionarios correspondientes al Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), organismos medulares para abordar la coyuntura del agro.

“La gestión de la crisis hídrica es una prioridad absoluta para esta administración. De hecho, como delegado regional ya me he reunido en oportunidades anteriores con los representantes de la mesa para escuchar sus demandas y abordar las urgencias institucionales”, sostuvo Pino.

Finalmente, el delegado presidencial regional enfatizó que el sello de su administración gubernamental radica en el despliegue territorial descentralizado y no en lógicas de carácter individualista. “El diálogo y el trabajo en terreno son los verdaderos ejes de nuestra gestión en la Región de Coquimbo, y estos no se encuentran personalizados en alguien en particular. La Delegación Presidencial estuvo presente en la instancia a través de sus equipos, está profundamente comprometida con las múltiples necesidades de la ruralidad, así ha sido y así seguirá siendo”, concluyó la autoridad, intentando dar por cerrada la controversia.