Polémica genera propuesta de indemnización "a todo evento"

Una intensa controversia en el ámbito laboral y político ha generado la propuesta proveniente del mundo empresarial que busca modificar el sistema de indemnización por años de servicio en el país. La iniciativa, impulsada por gremios como la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y actualmente en evaluación por el Ministerio del Trabajo, ya cuenta con una disposición favorable del gobierno del Presidente José Antonio Kast para su análisis.

El planteamiento propone reemplazar el actual modelo —que permite indemnizaciones de hasta 11 meses de sueldo en casos de despido— por un sistema de “indemnización a todo evento”.

El nuevo mecanismo contempla la creación de un fondo financiado mensualmente por el empleador, equivalente a un porcentaje del salario imponible cercano al 4%. Estos recursos se acumularían durante la relación laboral y serían entregados al trabajador al término del contrato, sin importar la causa del fin del vínculo, incluyendo la renuncia voluntaria.

Según las estimaciones del sector empresarial, este sistema reduciría el impacto económico de los despidos por “necesidades de la empresa”, al eliminar la obligación de pagar un mes de sueldo por cada año trabajado. De acuerdo con las proyecciones, el monto final que recibirían los trabajadores equivaldría, en promedio, a entre tres y cuatro meses de remuneración.

La propuesta ha generado inmediatas reacciones en el mundo político, especialmente entre parlamentarios de la Región de Coquimbo, donde se evidencian posturas divididas respecto a sus efectos laborales y económicos.

Desde el oficialismo, el diputado Marco Antonio Sulantay (UDI) llamó a abordar el debate con rigurosidad técnica, señalando que la discusión recién comienza y debe centrarse en el bienestar de los trabajadores. Si bien valoró que el sistema sea “a todo evento”, lo que —a su juicio— amplía la cobertura del beneficio, advirtió que existen dudas legítimas respecto del impacto en trabajadores de larga trayectoria y en los costos para los empleadores.

En contraste, la diputada Nathalie Castillo (PC) expresó un rechazo tajante a la iniciativa, acusando que implicaría un retroceso en derechos laborales. Criticó además las cifras asociadas al proyecto, señalando que el nuevo sistema reduciría significativamente las indemnizaciones actuales, ejemplificando con el caso de trabajadores con larga antigüedad que, según su cálculo, verían disminuidos sus beneficios de manera sustancial.

Castillo llamó al ejecutivo a detener el avance de la propuesta, advirtiendo que detrás del concepto de “indemnización a todo evento” se ocultaría una pérdida de derechos adquiridos por las y los trabajadores.

En la misma línea, la diputada del Frente Amplio, Carolina Tello, calificó el debate como "complejo", señalando que pone en cuestión derechos históricamente establecidos. A su juicio, cualquier discusión sobre modernización laboral no debe realizarse a costa de la estabilidad ni del trabajo decente.