Más de $1,4 billones sin rendición y cuatro ministerios bajo investigación: las nuevas alertas del Estado

En su cuarta sesión, el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal resolvió instruir cuatro nuevas investigaciones en el marco del plan de Inspección Total al Estado, además de informar nuevas alertas relacionadas con transferencias a fundaciones y contratación pública.

Las investigaciones fueron instruidas en los ministerios de Deporte, Energía, Agricultura y Salud, tras detectarse antecedentes que requieren una revisión más profunda y la eventual determinación de responsabilidades.

En el Ministerio del Deporte, la investigación se centrará en el Instituto Nacional de Deportes, específicamente en materias vinculadas a la administración, transferencia y rendición de recursos públicos.

En el Ministerio de Energía, la revisión abarcará a la Agencia de Sostenibilidad Energética, considerando transferencias, rendiciones, contrataciones, ejecución de programas y cumplimiento de objetivos financiados con recursos públicos.

En el Ministerio de Agricultura, se investigarán las transferencias de recursos a organismos ejecutores, revisando rendiciones, regularidad de compras y contrataciones, así como el cumplimiento de objetivos y obligaciones por parte de dichas entidades.

En tanto, en el Ministerio de Salud se instruyó una investigación sobre compras y contrataciones, incluyendo a subsecretarías, servicios dependientes y entidades ejecutoras.

"Estamos avanzando en cada sesión, no solo en la detección de alertas, sino también en adoptar decisiones concretas. Cuando vemos antecedentes que requieren revisión más profunda, instruimos investigaciones, porque nuestro compromiso es proteger los recursos públicos y fortalecer los mecanismos de control del Estado", señaló la subsecretaria de la Segpres y presidenta del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, Constanza Castillo.

Principales hallazgos en transferencias a fundaciones

Durante el período 2022-2026 se identificaron más de 5,4 billones de pesos transferidos a fundaciones que debían ser objeto de rendición. De ese total, más de 1,4 billones de pesos no acreditan su rendición. Los servicios con mayor proporción de recursos no rendidos corresponden al Sence, seguido del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y la Subsecretaría de Agricultura.

Asimismo, entre 2022 y 2026 se crearon 177 fundaciones que recibieron más de 11 mil millones de pesos sujetos a rendición. De ese monto, más de 6.500 millones de pesos —cerca del 60%— no cuentan con rendición acreditada. Además, 79 de estas fundaciones no registran ninguna rendición de los recursos públicos recibidos.

"Cuando el Estado transfiere recursos a una fundación, no termina ahí su responsabilidad. La obligación pública continúa hasta que esos recursos estén correctamente ejecutados, respaldados y rendidos. El Estado debe verificar caso a caso qué ocurrió: si hubo falta de presentación, rechazo de rendiciones, incumplimientos de convenios, debilidades del servicio que transfirió o situaciones que deban escalar a otras instituciones", afirmó Castillo.

Hallazgos en compras públicas

Otra alerta detectada corresponde al uso intensivo del trato directo en distintos organismos del Estado. Se identificaron servicios donde más de la mitad de las compras se realizaron sin licitación pública, siendo los principales el Centro de Información de Recursos Naturales, el Servicio de Salud Sur y la Subsecretaría de Derechos Humanos.

El análisis evidenció además un aumento en la utilización de distintas causales para justificar las compras por trato directo, especialmente las de "proveedor único", que se duplicaron respecto del período anterior; "confianza y seguridad", que también duplicaron su uso; y la causal de "emergencia".

Esta última merece especial atención, ya que su utilización supera en un 17% lo registrado durante la pandemia del Covid-19. Desde el Comité señalaron que el hecho de que esta causal se emplee más que durante una emergencia sanitaria obliga a revisar los antecedentes y verificar el correcto uso de los recursos públicos.

Avances de investigaciones ya iniciadas

El Comité también revisó el estado de avance de las investigaciones instruidas en sesiones anteriores.

En Junaeb, los antecedentes relacionados con más de $14.000 millones pagados en raciones de alimentos no entregadas ya fueron denunciados al Ministerio Público.

En el Ministerio de Transportes se ha regularizado más del 80% de los $30.000 millones heredados sin respaldo administrativo suficiente, permitiendo el pago a proveedores y la normalización de la cobertura de servicios de transporte a nivel regional y nacional.

En el Ministerio de Ciencia, respecto de más de $100.000 millones asociados a incumplimientos en el programa Becas Chile y otras transferencias, se solicitó a la Contraloría General de la República la realización de una auditoría y, paralelamente, se instruyó al ministerio iniciar una auditoría interna.

En el Ministerio de la Mujer, en tanto, surgieron nuevas alertas durante las últimas semanas que hicieron necesario ampliar el alcance de la investigación en curso.