Carabineros quedan en prisión preventiva por presunto delito de cohecho

La madrugada de este miércoles dos funcionarios policiales, un cabo primero identificado con las iniciales F.A.L.A. y un cabo segundo L.A.A.R., fueron detenidos en la ciudad de Ovalle tras ser investigados por su presunta participación en un delito de cohecho.

De acuerdo a los antecedentes preliminares, los hechos se originaron luego de que los funcionarios efectuaran un control vehicular a un ciudadano boliviano que conducía un bus de pasajeros sin contar con la licencia profesional correspondiente. Según la denuncia presentada por el conductor, los policías le habrían solicitado dinero a cambio de algún tipo de beneficio.

Tras el hecho, personal de Control Interno de Carabineros inició las diligencias investigativas, las que fueron realizadas por instrucción del fiscal de la causa. Con los antecedentes reunidos, ambos uniformados fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia para su respectivo control de detención.

En horas de la tarde de este miércoles, la institución confirmó a través de un comunicado de prensa que ambos fueron dados de baja.

“Carabineros de la Prefectura Limarí informa que, a raíz de las constantes evaluaciones y fiscalizaciones de los servicios policiales, el Departamento de Asuntos Internos inició un proceso investigativo que culminó con la desvinculación de dos funcionarios de la Institución tras acreditarse irregularidades en un procedimiento policial. Del hecho se dio cuenta al Ministerio Público, sin perjuicio de iniciar el sumario administrativo de rigor”, afirmaron en el escrito. 

En el documento se agrega que “como Carabineros de Chile no aceptamos ni permitiremos el actuar de ningún funcionario que no se adhiera a la doctrina institucional”.

Control de detención

Precisamente, este miércoles se realizó el control de detención de los imputados, en el cual se detalló que los funcionarios realizaron la fiscalización tras un desperfecto mecánico que tuvo el bus de pasajeros en el cruce de Ariztía Poniente con circunvalación de Ovalle, solicitándole al conductor sus papeles, no contando éste con su licencia profesional.

Según la formalización y que también es materia de investigación, le habrían solicitado el pago de 200 mil pesos para evitar la amonestación.

Al no contar con el dinero, la víctima se habría contactado con un conocido, a quien le requirió poder facilitarle la suma. También se investiga que, para obtener el dinero, con posterioridad, fue trasladado en el vehículo policial hasta un servicentro cercano, eventualmente para realizar la transacción, la que no se pudo efectuar, por lo cual es subido nuevamente al vehículo policial y llevado a las dependencias del terminal de buses de Ovalle, donde tampoco fue posible realizar el retiro, por lo que fue finalmente llevado al recinto policial para su detención.

En el intertanto y tras conocida la denuncia, se inició la investigación que terminó con los dos funcionarios detenidos.

El fiscal de la causa, Rodrigo Gómez, expuso como medio de prueba diversos videos de las cámaras del vehículo policial y de las cámaras de seguridad en las que se mostraría a los carabineros trasladando en el vehículo policial al denunciante a los recintos señalados y evidencias del intento de transacción.

“Es un delito de cohecho de ambos funcionarios y la prueba que sustenta todo esto no solamente son los dichos del testigo, que también al momento de llegar a donde estaba su amigo para darle a conocer que mantenía el dinero que requería, lo graba. Por lo tanto hay una grabación en la vía pública donde se ve a los funcionarios de carabineros esperando a que el detenido vaya al cajero. Y se ve que va al cajero, no va al baño, ni a comprar algo. Por lo demás, estaba detenido y lo que correspondía era llevarlo a la unidad policial. Tenemos todas esas filmaciones, la declaración del testigo y de la víctima”, puntualizó el persecutor.

Por su parte, la defensa argumentó que los carabineros contaban con irreprochable conducta anterior y registraban informes de buen comportamiento y positivas calificaciones.

No obstante, y dada la gravedad del hecho contra la probidad, considerando además la flagrancia, se solicitó la prisión preventiva de los funcionarios como medida cautelar, la que fue decretada por el juez Daniel Encina. Asimismo, se estableció un plazo de 60 días para investigar los hechos.

Cabe destacar que este es el segundo caso de similares características registrado en pocos meses en Ovalle. En una investigación anterior, un cabo primero fue detenido y dado de baja tras ser acusado de apropiarse de cerca de un millón de pesos pertenecientes a un ciudadano boliviano durante un procedimiento policial.