Fondos SEP y presuntos sobreprecios: las nuevas aristas en caso Corporación G.G.V.

Nuevos antecedentes sobre las investigaciones judiciales vinculadas a la Corporación Municipal Gabriel González Videla fueron expuestos ante el concejo municipal de La Serena por el equipo jurídico contratado por el municipio para seguir las causas penales relacionadas con la administración de la entidad que estuvo a cargo de la educación y salud comunal.

Durante la presentación, los abogados Adrián Vega y  Gonzalo Pinochet detallaron el estado de avance de diversas acciones judiciales que se encuentran en desarrollo y que tienen como principal respaldo el informe N°589 de la Contraloría General de la República, documento emitido en marzo de 2025 que detectó una serie de irregularidades administrativas y financieras en la corporación.

Según explicó Vega, las nuevas acciones judiciales buscan profundizar antecedentes respecto de contrataciones y prestaciones de servicios financiadas con estos recursos, las que, a juicio del equipo querellante, presentan elementos que justifican una investigación penal.

Platas para educación 

De esta forma, uno de los focos principales de las investigaciones apunta al uso de recursos provenientes de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), fondos que, por ley, deben destinarse exclusivamente a planes de mejoramiento educativo asociados a áreas específicas como gestión institucional, convivencia escolar, desarrollo curricular y liderazgo educativo.

“Lo primero en relación a la Subvención Escolar Preferencial es que se les especificó a los miembros del concejo dos variantes de la investigación: servicios a honorarios que entendemos no están justificados respecto del fin que establece la ley y, por otro lado, asistencias técnicas especializadas que presentaban una alta facturación y respecto de las cuales se cuestiona la calidad de las contraprestaciones efectuadas”, indicó el abogado.

Dentro de esta línea investigativa aparecen dos organismos técnicos de asistencia educativa identificados como SIMPAC y Excelencia Académica. De acuerdo con la exposición realizada ante el concejo, ambas entidades habrían mantenido una relación contractual prolongada con la corporación durante la última década, financiada mediante recursos SEP.

El equipo jurídico sostiene que existen observaciones efectuadas por la Superintendencia de Educación respecto de gastos asociados a estas asesorías, además de informes cuya calidad y pertinencia están siendo revisadas. Asimismo, se investiga si algunos servicios efectivamente prestados se ajustaban a los objetivos que la legislación establece para la utilización de estos recursos públicos.

Vega señaló que SIMPAC habría facturado aproximadamente 200 millones de pesos anuales entre 2015 y 2019, mientras que posteriormente la sociedad Excelencia Académica — que tendría el mismo controlador — habría elevado sus montos de facturación a cifras que fluctuaron entre los 400 y 500 millones de pesos por año hasta 2024.

El profesional explicó que uno de los aspectos que despierta interés investigativo es determinar cuál era la experiencia previa y trayectoria de estas empresas antes de comenzar a adjudicarse contratos con la corporación. “Son empresas que al parecer fueron creadas para prestar estos servicios, pero cuya experiencia previa en el área educacional es precisamente una de las materias que se está investigando”, indicó el exfiscal.

La revisión también incluye pagos realizados a personas contratadas mediante boletas de honorarios con cargo a recursos SEP. Según detalló el abogado, existen antecedentes que hacen presumir la posible existencia de servicios de escasa calidad o que eventualmente no guardarían relación con los fines establecidos en la normativa.

En esta arista se analizan alrededor de un centenar de gastos observados, aunque el equipo jurídico señaló que actualmente existen indicios respecto de entre 20 y 25 prestadores cuyos servicios están siendo revisados con mayor profundidad.

Valores sobre el promedio

Otra de las investigaciones expuestas ante el concejo involucra a la empresa Telmar, proveedora de servicios de seguridad para establecimientos dependientes de la corporación.

De acuerdo con los antecedentes presentados, una auditoría interna detectó que los valores cobrados por la empresa se encontrarían significativamente por encima de los precios de mercado para servicios similares.

“En el caso de Telmar es alrededor de un 90% más de lo que se indagó por el Departamento de Auditoría y Control de la corporación”, sostuvo Vega.

En ese contexto, el abogado agregó que la empresa prestó servicios entre 2020 y 2024 por montos que, según estimó, superaban los 300 o 400 millones de pesos anuales, incluyendo labores de vigilancia, seguridad y apoyo tecnológico.

Asimismo, indicó que se están realizando diligencias para establecer quiénes son los controladores efectivos de la firma y determinar si existen eventuales responsabilidades penales asociadas a los contratos celebrados durante ese período.

Impacto financiero

A estas investigaciones se suma una querella ya presentada contra la empresa Linktec, relacionada con un proyecto financiado mediante recursos SEP destinado a obras de seguridad e infraestructura en un establecimiento educacional.

Según se informó, la causa busca esclarecer la autenticidad de cotizaciones utilizadas en el proceso de contratación y eventuales delitos asociados a la adjudicación de dichos trabajos.

Respecto de los plazos de las investigaciones, Vega estimó que durante los próximos meses podrían reunirse antecedentes suficientes para que el Ministerio Público profundice diligencias respecto de personas específicas eventualmente involucradas en las distintas aristas.

En cuanto al impacto económico potencial de los hechos investigados, el abogado señaló que, considerando las empresas actualmente incluidas en querellas y otras operaciones bajo revisión, los montos involucrados podrían alcanzar cifras de entre 5 mil y 8 mil millones de pesos, aunque enfatizó que será el desarrollo de las investigaciones el que permita determinar si existieron delitos y establecer las eventuales responsabilidades correspondientes.