Fraude en la corporación G.G.V.: condenan a Guerra y Cadena a 8 años de cárcel

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena dio a conocer este sábado las penas que deberán cumplir los 13 condenados por el millonario fraude cometido en el Departamento de Salud de la Corporación Municipal Gabriel González Videla (C.G.G.V.), poniendo fin a uno de los casos de corrupción más relevantes de la Región de Coquimbo en el último tiempo. 

La lectura de la sentencia estuvo a cargo de la magistrada Francisca Muñoz Bruna, cuya resolución marcó el cierre de un juicio oral que se extendió por cerca de un mes y que culminó el pasado 24 de junio con un veredicto condenatorio contra los acusados, figurando como los principales responsables  del esquema que permitió el desvío de recursos públicos destinados a la salud municipal, Nicole Cadena Munita, Bélgica Guerra Galleguillos y Cristian Muñoz Fredes.

De esta forma, en la audiencia, se condenó a Cadena y Guerra a 8 años de presidio efectivo, correspondientes a 4 años por el delito consumado de fraude al Fisco y 4 años por lavado de activos. Además, ambas deberán pagar una multa equivalente a la mitad del perjuicio fiscal causado por el fraude y otras 100 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por el delito de lavado de activos. 

En tanto, Muñoz fue sentenciado a 7 años de presidio efectivo: 4 años por lavado de activos y 3 años por fraude de prestaciones estatales, junto con multas de 100 UTM y 15 UTM.

Respecto de los otros 10 condenados, conocidos como “los boleteros”, el tribunal impuso penas que fluctúan entre 840 y 1.082 días de presidio, aunque se les concedió el beneficio de remisión condicional, por lo que cumplirán sus condenas bajo supervisión de Gendarmería, además de multas que van desde 3 a 10 UTM.

La sentencia también decretó el comiso de tres vehículos, una vivienda y dinero en efectivo, bienes vinculados a las maniobras de lavado de activos.

Eso sí, el tribunal incluyó en las condenas de presidio el abono del tiempo que los condenados permanecieron privados de libertad durante la investigación. En el caso de Cadena, Guerra y Muñoz, el tribunal ordenó descontar 528 días de sus respectivas condenas. 

También se dejó constancia de los días de abono de los otros 10 condenados, los que serán considerados en caso de que se revoque el beneficio de remisión condicional. 

No se comprobó el delito de asociación ilícita

Posterior a la lectura, la magistrada Francisca Muñoz, indicó que “si bien el Ministerio Público imputó el delito de fraude al Fisco respecto de todos los acusados, el tribunal determinó condenar por ese ilícito únicamente a las dos acusadas que eran funcionarias de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, ya que se estableció que esta entidad cumple funciones públicas y administra recursos públicos. En cambio, el resto de los acusados, al no tener esa calidad, fue condenado por el delito común de fraude de prestaciones estatales”. 

Además, la magistrada señaló que “todos los acusados fueron condenados por el delito de lavado de activos, debido a las diversas maniobras posteriores que realizaron con los dineros obtenidos ilícitamente a través del fraude”.  

Cabe destacar sin embargo, que el tribunal también absolvió a los 13 acusados del delito de asociación ilícita criminal por no acreditarse sus elementos constitutivos y, en el caso de Cadena y Guerra, las absolvió de los delitos de falsificación y uso malicioso de documento público, al estimar que dichas conductas eran inherentes al fraude al Fisco y no podían ser sancionadas de manera independiente.

Satisfechos con las penas

Por la parte querellante, el exfiscal regional y abogado en representación del municipio de la Serena, Adrian Vega, sostuvo que “la municipalidad está muy satisfecha con el resultado del juicio llevado a cabo ante el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena, que pudo aquilatar toda la prueba aportada por la Fiscalía y los querellantes para determinar que hubo una defraudación de más de 760 millones de pesos y, además, lavado de activos”. 

Principalmente, agrega, "destacamos y valoramos que los principales imputados, Cristian Muñoz, Nicole Cadena y Bélgica Guerra, hayan sido condenados a penas efectivas de 7 y 8 años de presidio, respectivamente”. 

Por su parte, el fiscal de alta complejidad, Carlos Vidal, recalcó que en el juicio se presentó abundante prueba testimonial, pericial y documental, y destacó que “se sancionó en distintas etapas del juicio – en Juzgado de Garantía como en el Tribunal Oral en lo Penal - a otros 19 imputados, quienes habían brindado colaboración a quienes desarrollaron esta actividad”.

Por su parte, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, aseguró que “pocos delitos llegan a juicio oral en estas materias, por diversas causas, ya sea por razones de dificultad probatoria, utilización de mecanismos de salidas alternativas a la condena, como son las suspensiones condicionales del procedimiento o negociaciones pactadas de condena, como son los juicios abreviados”.

Antecedentes del caso

La investigación se inició en 2022, cuando la fiscalía regional de Coquimbo y los querellantes comenzaron a indagar una serie de pagos irregulares efectuados desde el Departamento de Salud de la C.G.G.V.. 

Según la acusación, entre 2019 y 2021 se implementó un esquema para desviar recursos públicos mediante boletas de honorarios e informes de actividades por servicios que nunca fueron prestados.

Tras casi cuatro años de investigación y un juicio oral que se extendió por cerca de un mes, el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena acreditó un perjuicio fiscal de $762.778.091 y estableció que parte de los recursos obtenidos ilícitamente fue sometida a maniobras para ocultar su origen, configurando además el delito de lavado de activos.