Caso Corporación: las investigaciones que siguen abiertas tras histórico juicio por fraude

Este sábado recién pasado, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena dio a conocer las penas contra los 13 condenados por el fraude cometido en el Departamento de Salud de la Corporación Municipal Gabriel González Videla (C.G.GV.), que provocó un perjuicio fiscal por $762.778.091. 

Por este caso, Nicole Cadena Munita y Bélgica Guerra Galleguillos fueron condenadas a 8 años de presidio efectivo por fraude al Fisco y lavado de activos, mientras que Cristian Muñoz Fredes, pareja de Cadena Munita, recibió 7 años de cárcel por lavado de activos y fraude de prestaciones estatales, además del pago de multas. 

Los otros 10 condenados, conocidos como “los boleteros”, también deberán pagar multas y recibieron penas de entre 840 y 1.082 días de presidio por fraude de prestaciones estatales y lavado de activos, aunque cumplirán sus condenas bajo remisión condicional. 

En entrevista con El Día, el director de Cumplimiento y Prevención de Delitos de la corporación municipal, Gonzalo Pinochet Abarca, aseguró estar "conformes con el fallo del tribunal, ya que si bien pedíamos las máximas penas para cada delito, entendíamos que había atenuantes”.

El abogado también afirmó que “lo más importante es que es la primera causa que llega a esta instancia judicial con sentencias condenatorias, lo que sienta un precedente jurídico a nivel nacional, ya que el tribunal pone acento en que, aunque las corporaciones municipales sean de derecho privado, administran dineros públicos. Así que sí procede la condena”.  

El abogado también recalcó que “no solo tenemos estas tres sentencias condenatorias, en realidad son 22, ya que algunas fueron por juicio abreviado”. 

Según Pinochet, este millonario fraude evidenció la necesidad de reformar los mecanismos de control de la entidad. Por ello destacó que “creamos el Departamento de Cumplimiento y Prevención de Delitos, implementamos un modelo de prevención de delitos, un sistema interno de prevención, monitoreo e investigación, mediante el que realizamos monitoreos constantes. Además capacitamos a los funcionarios e impulsamos una cultura de la integridad, porque la proliferación de estos delitos perjudican los servicios que se le dan a la comunidad”. 

El abogado hizo hincapié además en que “esta administración llegó a poner orden y transparencia en el uso de los recursos públicos, porque la mala utilización de éstos, jamás puede quedar en la impunidad”.

Las causas pendientes

Pese a esto, el caso aún no está completamente cerrado, ya que la C.G.G.V. y la municipalidad de La Serena mantienen abiertas otras investigaciones derivadas de estos hechos.

Al respecto, Gonzalo Pinochet explicó que “si bien el tiempo de investigación de la causa de Cadena, Guerra y Muñoz se acabó, hay hechos que no se pudieron investigar en su totalidad, como la adulteración de facturas y otras áreas del delito de lavado de activos que tuvieron que quedar fuera y que son aristas que se siguen investigando”.

El abogado detalló que entre las causas que siguen pendientes está la querella contra la exdirectora de Salud, Lorena Casarín, por el delito de administración desleal, acción que se basa en el presunto uso abusivo o la omisión de facultades que habrían provocado un perjuicio patrimonial.

“La querella y la ampliación de la querella están en período de investigación, cuyos antecedentes remitimos desde la corporación hacia el Ministerio Público”, puntualizó. 

A ello se suma una presentación al concejo municipal de La Serena, en la que se aclara que, actualmente, permanece en tramitación una causa por presuntos traspasos irregulares de fondos entre las áreas de Salud y Educación, en la que se indagan eventuales delitos de malversación por aplicación pública diferente y fraude al Fisco. 

A ello se suma una ampliación de la investigación contra el representante legal de Servicios Técnicos Telmar SpA, por presunto fraude al Fisco y falsedad documental asociados a contratos de seguridad y televigilancia.

Asimismo, la corporación mantiene abiertas investigaciones por presuntas irregularidades en el uso de fondos de Subvención Escolar Preferencial (SEP) y Asistencia Técnica Educativa (ATE), que apuntan a eventuales delitos de fraude al Fisco y malversación por aplicación pública diferente, además de una causa por administración desleal dirigida contra el exalcalde Jacob, exsecretarios generales y la exdirectora de Educación, por el supuesto desvío de recursos educacionales y un perjuicio estimado superior a $5.500 millones. 

También continúa en desarrollo la investigación por el caso Linkteck SpA, en la que se indagan presuntos delitos de falsificación de instrumento privado, uso malicioso de instrumento privado falso, fraude al Fisco y estafa, relacionados con un contrato financiado con recursos SEP para el Colegio Algarrobito.

Continuidad de las acciones

En relación a la investigación por uno de los casos de corrupción más relevantes de la región, el exfiscal regional y querellante del municipio de la Serena, Adrián Vega, coincidió en que este fallo sienta un precedente judicial y sostuvo que “los elementos determinantes fueron que el tribunal estableció que las boletas emitidas por todas las personas que recibieron remuneraciones eran ideológicamente falsas, porque no se habían prestado los servicios a cuenta de los programas que se requerían”.

Consultado por el comiso de tres vehículos, una vivienda y dinero en efectivo, el querellante indicó que “desde el punto de vista civil, los bienes van a ser objeto de un juicio de cuentas respecto de las funcionarias, que es el modo legal de hacer efectiva la responsabilidad pecuniaria por los actos ilícitos que cometen los funcionarios públicos. Se podría presentar una demanda civil contra quienes no son funcionarios públicos, pero la posibilidad de recuperación con muchos de los 'boleteros' es bastante baja”, advirtió. 

En cuanto a la continuidad de las investigaciones pese al cierre de la corporación municipal, Vega aseguró que “esto no afecta, ya que los abogados continuarán las acciones, esté o no vigente la corporación”.