«Cuota Flores»: el plan que detalla querella contra senadora Camila Flores

El Juzgado de Garantía de Valparaíso aceptó la tramitación de una querella criminal presentada por Julio Lillo Catalán, exasesor de la senadora Camila Flores Oporto (Renovación Nacional), por el delito de exacciones ilegales. Los antecedentes fueron derivados al Ministerio Público.

La acción judicial, a la que tuvo acceso la Unidad de Investigación de Bío Bío, detalla cómo la parlamentaria habría ideado un esquema para obtener parte de la remuneración que el Congreso pagaba a su personal de apoyo con fondos públicos. Los supuestos descuentos comenzaron con el primer sueldo de Lillo.

Según el documento de 14 páginas, que se encuentra ante el tribunal penal porteño, las solicitudes iniciales de dinero se habrían justificado por supuestas dificultades económicas que atravesaba Flores. Lillo y sus abogados expusieron de manera detallada los hechos que, a su juicio, configuran el delito de exacciones ilegales, presentándolo como víctima en un proceso donde ya declaró como testigo.

El escrito reafirma la declaración que Lillo prestó en abril ante la Fiscalía Regional de Valparaíso, en el marco de la investigación penal por la denominada “cuota Flores”, que aún no ha sido formalizada.

En 2019, el relacionador público Julio Lillo Catalán se unió al equipo de la entonces diputada Camila Flores como su jefe de gabinete en la oficina parlamentaria de Quilpué. Su contrato establecía una remuneración de $2 millones, financiada íntegramente con asignaciones parlamentarias de la Cámara de Diputadas y Diputados.

La querella precisa que, justo antes de recibir su primera remuneración, se le informó a Lillo sobre esta exigencia de devolución parcial de su sueldo. La entonces diputada “le manifestó que atravesaba dificultades económicas y que necesitaba que éste le restituyera una parte de la remuneración que percibía”.

La solicitud, según el documento, “no fue presentada como una colaboración voluntaria o un préstamo ocasional, sino como una exigencia derivada de la relación de dependencia funcional existente entre la diputada y quien integraba su equipo parlamentario”. En ese momento, Flores habría indicado que la situación sería temporal y que luego se restablecerían las condiciones originales, algo que “jamás ocurrió”.

Inicialmente, durante los primeros meses, las entregas de dinero se habrían realizado directamente a la parlamentaria en el Congreso Nacional. Sin embargo, esta modalidad cambió posteriormente por instrucciones de la propia Flores.

El libelo señala que, a partir de entonces, el dinero comenzó a ser entregado a Yolanda Olfos, secretaria y colaboradora de confianza de la legisladora, quien habría actuado como intermediaria y receptora habitual de los fondos. Las entregas se efectuarían periódicamente, coincidiendo con las fechas de pago de remuneraciones, tanto en el Congreso como en otros lugares coordinados.

La secretaria, de acuerdo con el documento, mantenía contacto permanente con Lillo para coordinar la entrega de los montos exigidos, realizando llamadas telefónicas y enviando mensajes. Esta exigencia económica, según la presentación, se habría materializado de manera indirecta a través de la secretaria, inmediatamente después de cada pago de remuneración.

La querella continúa su tramitación en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, buscando establecer las responsabilidades penales en el marco de la investigación que ya lleva adelante el Ministerio Público por estos hechos.