Pescadores critican trabas en la cuota de captura de jurel

La comunidad de pescadores artesanales de la región manifestó su profunda preocupación tras la decisión de la Subsecretaría de Pesca (SUBPESCA) de no entregar la cuota de captura de jurel a todas las embarcaciones menores de 12 metros, una medida que revierte un beneficio fijado con anterioridad y que afecta directamente a cerca de 400 embarcaciones locales y a cerca de 6 mil en todo el país.

Desde el gremio de pescadores de Peñuelas, su presidente, Alejandro Alfaro, lamentó que la medida fuera notificada de manera individual a los afectados y no a través de las organizaciones pesqueras. Pese a ello, aseguró que acompañarán a los asociados en sus recursos de reclamación para revertir el fallo.

El dirigente gremial enfatizó además que esta complicación se suma a la delicada coyuntura ambiental que atraviesan por la situación del banco de machas, gravemente amenazado por el lodo arrastrado por el río Elqui tras el reciente temporal.

La controversia por el dictamen

Por su parte, el senador Daniel Núñez, expresó su molestia ante el criterio de la autoridad de gobierno, señalando que se está desconociendo la determinación adoptada en la administración anterior de entregar jurel a embarcaciones menores que cumplían con los requisitos.

Según explicó el parlamentario, el origen del problema radica en una presentación realizada por la industria pesquera ante la Contraloría General de la República.

“La Contraloría dictaminó que la resolución adolecía de haber realizado las consultas al Consejo Zonal de Pesca y al Consejo Nacional. Por lo tanto, si la autoridad realiza esas consultas formalmente, podría mantener o restituir este beneficio directo a la pesca artesanal”, sostuvo el legislador.

Núñez argumentó que el criterio actual atenta contra el espíritu de la Ley de Fraccionamiento, la cual permitió que en la región la cuota artesanal de jurel se incrementara del 10% al 30%. “Queremos que esos recursos se distribuyan de forma equitativa. Negar este acceso golpea fuerte a la economía local, más aún en medio de la emergencia que vivimos tras las lluvias y catástrofes recientes”, añadió.

Los armadores artesanales perjudicados disponen de un plazo de 90 días para presentar sus reclamaciones ante SUBPESCA, derecho que podrán ejercer hasta el próximo mes de septiembre. En dicha presentación administrativa, apelarán a que la autorización otorgada desde enero de este año constituye un derecho adquirido para operar sobre recursos como el jurel o la jibia.

De no prosperar la vía administrativa ante el organismo técnico, el senador Núñez confirmó que recurrirán a los tribunales de justicia.