Robos reiterados afectan competitividad del sector agrícola regional

El robo en predios agrícolas se ha transformado en una de las principales preocupaciones para los productores de la Región de Coquimbo. Así lo revela el Barómetro de Robo Agrícola elaborado por la Sociedad Agrícola del Norte (SAN), estudio que evidenció una alta recurrencia de delitos, importantes pérdidas económicas y un creciente gasto en medidas de seguridad por parte de los agricultores locales.

El levantamiento de información fue realizado entre productores de la región con el objetivo de conocer la incidencia de los robos, sus características, el impacto económico asociado y las medidas adoptadas para enfrentar esta problemática. La consulta consideró 29 respuestas, con una alta concentración de participantes en la provincia de Limarí, especialmente en la comuna de Ovalle, por lo que sus resultados corresponden a un diagnóstico de los agricultores encuestados y no a una muestra representativa de todo el sector agrícola regional.

Entre los antecedentes más relevantes, el informe muestra que el 65,5% de los agricultores consultados sufrió dos o más robos durante los últimos seis meses, mientras que un 48,3% registró tres o más hechos delictuales en el mismo período. Las cifras reflejan una situación que, lejos de ser aislada, se presenta de manera reiterada para una parte importante de los productores.

Los elementos más frecuentemente sustraídos corresponden a cables eléctricos y transformadores, además de maquinaria agrícola, sistemas de riego, fertilizantes, herramientas y vehículos. Se trata de bienes esenciales para el funcionamiento de los predios, por lo que los perjuicios van más allá del valor económico de los artículos robados.

Según el análisis, la pérdida de infraestructura eléctrica o de sistemas de riego puede comprometer directamente la continuidad de los procesos productivos, afectando la capacidad operativa de las explotaciones agrícolas y generando retrasos o interrupciones en las labores de campo.

Otro de los hallazgos relevantes tiene relación con los horarios en que ocurren los delitos. El estudio detectó que el 86,2% de los robos se concentra durante la noche y la madrugada, mientras que el 58,6% ocurre entre viernes y domingo. Estos antecedentes permiten identificar períodos específicos de mayor vulnerabilidad para los predios agrícolas de la región.

Más robos, más gastos

En cuanto al impacto económico, el informe muestra que el 62% de los agricultores encuestados estima pérdidas superiores a los $3 millones, mientras que un 44,8% calcula perjuicios que superan los $5 millones. Para muchos productores, estas cifras representan un golpe significativo a la rentabilidad de una actividad que ya enfrenta dificultades derivadas de la sequía, el aumento de costos de producción y los efectos de fenómenos climáticos adversos.

A ello se suma el incremento de los gastos destinados a prevenir nuevos delitos. El 96,6% de los participantes afirmó haber aumentado sus inversiones en seguridad durante el último año, incorporando guardias, cámaras de vigilancia, cierres perimetrales, sistemas de iluminación y alarmas.

De esta forma, la delincuencia genera un doble impacto económico para el sector: por una parte, las pérdidas directas ocasionadas por los robos y, por otra, los mayores costos asociados a la protección de la infraestructura y los bienes productivos.

La gerente de la Sociedad Agrícola del Norte, Alejandra Marín, sostuvo que los resultados del estudio muestran con claridad la magnitud del problema que enfrenta el sector.

“Los resultados del Barómetro Regional de Robo Agrícola muestran que la inseguridad constituye un problema relevante para los agricultores consultados, caracterizado por la reiteración de los delitos, pérdidas económicas significativas y un aumento sostenido de los recursos destinados a seguridad”, señaló.

Marín advirtió además que la situación impacta directamente en la competitividad de la actividad agrícola regional.

“La inseguridad está afectando la capacidad de producción y la rentabilidad del agricultor, que ya ha estado deteriorada producto de los años anteriores por la sequía y altos costos de la energía, de los fertilizantes y pesticidas, porque combatir la delincuencia en los predios agrega otro factor de costos adicionales que encarecen la producción, además de generar pérdidas”, afirmó.

Un fenómeno generalizado

La representante gremial agregó que el estudio permite identificar patrones que podrían contribuir a fortalecer las estrategias de prevención. Entre ellos destaca la alta recurrencia de los delitos y la concentración de los hechos durante la noche, la madrugada y los fines de semana.

“Existe una alta recurrencia del delito. Una proporción importante de los agricultores ha sufrido múltiples robos en un período de solo seis meses”, indicó.

Respecto de las denuncias, el 79,3% de los encuestados aseguró haber informado los hechos a las autoridades, principalmente a Carabineros y la Policía de Investigaciones. Sin embargo, cerca de uno de cada cinco agricultores declaró no haber realizado denuncias, situación que abre interrogantes sobre las razones que explican esa brecha y que podrían ser abordadas en futuras mediciones.

Más que un problema de seguridad

Tras conocerse los resultados del barómetro, distintas autoridades coincidieron en la necesidad de avanzar hacia cambios normativos que permitan enfrentar con mayor eficacia este tipo de delitos.

El seremi de Agricultura, Vicente Cortés, recordó que los productores han debido enfrentar múltiples dificultades durante los últimos años, incluyendo la escasez hídrica, los sistemas frontales y las plagas, a lo que ahora se suma la delincuencia rural.

“Tiene que haber un cambio de fondo, principalmente en el robo en lugar no habitado y en el mundo agrícola, con sanciones más gravosas que sean un desincentivo para el delincuente”, sostuvo.

En la misma línea, la delegada presidencial provincial de Limarí, Ivonne Guerra, enfatizó la necesidad de impulsar modificaciones legales que permitan abordar el problema de manera más efectiva.

“Necesitamos que las leyes cambien. Mientras las leyes no cambien, vamos a seguir en las mismas y vamos a seguir teniendo las mismas reuniones”, manifestó.

Desde la SAN señalaron que los resultados del barómetro confirman que el robo agrícola no solo constituye un problema de seguridad, sino también un factor que afecta los costos de producción, la continuidad operativa y la competitividad del sector.

En ese contexto, plantearon la necesidad de fortalecer la coordinación entre agricultores, organizaciones gremiales, autoridades y organismos encargados de la seguridad, con el objetivo de desarrollar estrategias de prevención y respuesta adaptadas a la realidad de los sectores rurales de la Región de Coquimbo.