POLÍTICA

Ofensas a policías: Diputados aprueban proyecto que sanciona insultos

La Cámara de Diputados dio luz verde a una iniciativa para sancionar insultos graves a policías y gendarmes. La diputada Ximena Ossandón explicó el alcance del proyecto.
miércoles 02 de septiembre de 2026

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto que busca establecer sanciones por insultos u ofensas graves a funcionarios de las policías y gendarmería mientras cumplen su labor. La diputada Ximena Ossandón (RN), impulsora de la iniciativa, explicó que la medida no atenta contra la libertad de expresión, sino que apunta a proteger a quienes buscan humillar o alterar el desempeño de los uniformados. La propuesta ya fue aprobada en segundo trámite este martes.

Ossandón enfatizó en la necesidad de cambiar la cultura de irrespeto hacia las autoridades, afirmando que el objetivo es garantizar que los carabineros puedan ejercer su trabajo con el respaldo necesario. La diputada explicó que este tipo de figuras ya son aplicadas por jueces en otros contextos, buscando resguardar el orden público y evitar que quienes lo mantienen queden desprotegidos.

La parlamentaria aclaró que la ley no criminalizará las críticas ni las denuncias legítimas por abusos policiales, enfocándose exclusivamente en la ofensa grave y la humillación. Su propósito es fortalecer el marco legal que ampara a los funcionarios de Carabineros, PDI y Gendarmería, proveyendo un respaldo político y legislativo fundamental para su desempeño en la calle.

Este proyecto se suma a una serie de iniciativas que buscan reforzar la seguridad y el respaldo a las fuerzas de orden, un tema recurrente en la agenda legislativa y en la ciudadanía. Cabe recordar que, en la Región de Coquimbo, 57 carabineros fueron agredidos el último año, evidenciando la necesidad de medidas de protección para los funcionarios. Más detalles sobre estas agresiones en el siguiente enlace: Más de 50 carabineros fueron agredidos el año pasado en la región.

La propuesta busca generar un cambio cultural en el trato hacia las instituciones encargadas de la seguridad pública, dotándolas de las herramientas necesarias para cumplir su misión sin menoscabo a su dignidad. Este debate legislativo continúa abierto y es relevante para el futuro de las relaciones entre la ciudadanía y las fuerzas de seguridad.