POLÍTICA
Subtel ordena bloqueo de 42 sitios de apuestas ilegales en 48 horas
El Gobierno, por medio de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), instruyó a las principales compañías de telecomunicaciones del país —Entel, Movistar, Claro, GTD, WOM y VTR— a bloquear el acceso a 42 sitios de apuestas online ilegales. Las empresas tienen un plazo máximo de 48 horas para ejecutar esta medida.
Esta acción se lleva a cabo en estricto cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema que prohíbe la transmisión y promoción de juegos de azar que operan sin la debida autorización. La orden de bloqueo fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago, y se implementará a través del mecanismo de bloqueo DNS.
La lista de las 42 URLs fue proporcionada por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), que validó cuáles corresponden a plataformas no autorizadas. Entre los sitios afectados se encuentran Betano, Coolbet, 1XBET, Betsson, Rojabet, Betsala, Stake, Bet365, Estelarbet, Novibet y Doradobet, entre otros.
La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, enfatizó que con este oficio
“exigimos a las empresas de telecomunicaciones actuar con la máxima celeridad para bloquear el acceso a plataformas de casinos online que operan al margen de la ley”.
La medida surge de un recurso de protección presentado por la Lotería de Concepción contra las empresas de telecomunicaciones, confirmando que estas plataformas operan al margen de la regulación vigente. Un informe técnico de Subtel ratificó que el bloqueo por DNS es la alternativa idónea, ya que resguarda la neutralidad de la red, la privacidad de los usuarios, actúa con proporcionalidad y evita el sobrebloqueo de servicios lícitos. Previamente, la Corte Suprema ya había ordenado el bloqueo de más de 20 sitios de apuestas online.
El proceso para el bloqueo contempla tres etapas: primero, la Lotería de Concepción identifica los dominios; segundo, la SCJ valida cuáles son operadores informales; y finalmente, la Subtel notifica a las telcos para el bloqueo efectivo en 48 horas. Las empresas deberán acreditar el cumplimiento ante la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo apercibimiento legal, marcando un hito en la fiscalización de esta actividad ilegal en el país.
