Manuel Figueroa, el funcionario investigado por entregar información al Clan Chen

Durante 23 años fue parte de la Policía de Investigaciones. Su carrera lo llevó por distintas unidades de la institución en la Región de Coquimbo, hasta desempeñarse en el Laboratorio de Criminalística (LACRIM) de La Serena, función que combinó anteriormente con labores en la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de Coquimbo.

Hoy, ese recorrido profesional aparece en el centro de una de las aristas más sensibles de la investigación por el secuestro y extorsión de dos ciudadanos chinos que involucra al exfiscal Vinko Fodich y a funcionarios de la PDI.

Se trata de Manuel Figueroa, de 46 años, quien figura como imputado en la investigación de la Fiscalía Supraterritorial y es sindicado como el quinto funcionario de la policía civil vinculado a la causa.

A diferencia de los policías de la BICRIM La Pintana que fueron detenidos y posteriormente formalizados, Figueroa no ha sido detenido ni formalizado y, de acuerdo con los antecedentes conocidos hasta ahora, decidió colaborar con la investigación.

Su nombre surgió a partir de las diligencias desplegadas por el Departamento V de la PDI, unidad de contrainteligencia que comenzó a seguir los posibles vínculos entre integrantes de la organización investigada y funcionarios policiales.

De la investigación al vínculo con el Clan Chen

Según la declaración que entregó voluntariamente el 9 de septiembre, el primer acercamiento de Figueroa con el entorno del denominado Clan Chen se habría producido durante 2025.

El contacto se originó a través de un concuñado que se encontraba en prisión preventiva en Santiago y que, durante su permanencia en el recinto penitenciario, habría establecido una relación de amistad con Stefano Andreotti Parada, identificado en la investigación como contador vinculado al Clan Chen.

De acuerdo con el relato del funcionario, Andreotti le habría contado a su concuñado detalles de un supuesto mecanismo de fraude que involucraba a personas en situación de calle. Estas eran incorporadas al sistema comercial mediante el pago de cotizaciones y posteriormente utilizadas para acceder a cuentas bancarias, tarjetas y créditos que terminaban siendo utilizados para obtener dinero de las instituciones financieras.

Según su declaración, Figueroa consideró esos antecedentes relevantes desde el punto de vista investigativo y que, por esa razón, pidió a su concuñado que lo acercara a Andreotti.

Fue así como, según su propio relato, comenzó a construir una relación de confianza con el hombre que posteriormente sería identificado como uno de los nexos del Clan Chen.

Información clave

En ese contexto habría surgido el principal hecho que hoy lo mantiene bajo investigación.

Figueroa reconoció ante los investigadores que Andreotti comenzó a pedirle favores: realizar consultas en los sistemas institucionales de la PDI para determinar si determinadas personas estaban siendo investigadas, tenían antecedentes penales o registraban órdenes de detención.

Según su declaración, realizó entre 20 y 30 consultas utilizando los sistemas BRAIN, GEPOL y SIBI y recibió alrededor de $100 mil por cada una. El dinero, según explicó, era transferido a su Cuenta RUT desde distintas cuentas bancarias manejadas por Andreotti.

Entre las personas consultadas aparecen precisamente algunos de los protagonistas de la investigación por el secuestro y extorsión.

Figueroa reconoció haber buscado información sobre Mingkai Fu y Mingxia Fu, los dos ciudadanos chinos que posteriormente fueron víctimas del montaje policial investigado por la fiscalía. También mencionó consultas respecto de Ángelo Stevens y José Pinto, ambos vinculados al mismo caso.

Por otro lado, Figueroa aseguró que, después de reunir antecedentes sobre el supuesto modus operandi de Andreotti, pidió una audiencia con el entonces jefe de la Región Policial de Coquimbo, prefecto inspector Javier González Rojas.

Según su versión, durante ese encuentro le informó sobre la forma en que Andreotti estaría operando y planteó que él gozaba de su confianza, con el objetivo de que los antecedentes fueran derivados a una unidad que pudiera investigarlos.

Sin embargo, el propio Figueroa reconoció que no informó a su superior que había realizado consultas no autorizadas para un tercero ni que había recibido dinero por ellas.

Además, señaló que aquella conversación fue verbal y que no existe, al menos según su declaración, un documento que permita acreditar que dicha reunión ocurrió en esos términos. Tampoco recordó cuál fue exactamente la respuesta que recibió de su superior.

Finalmente, consultada la PDI, informaron que a contar del 10 de septiembre, una vez conocidos los hechos, Figueroa dejó de ser funcionario de la PDI, existiendo una investigación penal por parte del Ministerio Público y sumario administrativo en la institución.