Gobierno evaluará caso a caso solicitudes de cierre de locales conflictivos

La solicitud del municipio de La Serena para cerrar aquellos locales que han sido vinculados a episodios de violencia en el centro de la ciudad abrió una nueva arista respecto de las medidas que pueden adoptar las autoridades para enfrentar los hechos de inseguridad registrados en el sector.

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, anunció que el municipio solicitó a la delegación presidencial regional la clausura de un establecimiento ubicado en el centro de la comuna, luego de un hecho de violencia ocurrido recientemente en sus inmediaciones. La petición se enmarca en la preocupación existente entre vecinos y autoridades por situaciones que, según han planteado, afectan la seguridad y la convivencia en el casco histórico.

Frente a este escenario, el delegado presidencial de Coquimbo, Víctor Pino, manifestó que desde el gobierno comprenden la preocupación expresada tanto por la jefa comunal como por los residentes, aunque recalcó que cualquier eventual medida deberá ajustarse estrictamente al marco legal vigente.

“Entendemos y compartimos la preocupación de la alcaldesa Daniela Norambuena y de los vecinos por las situaciones que han ocurrido en el último tiempo en el centro de La Serena”, señaló.

En ese sentido, la autoridad regional puso el énfasis en que la respuesta de la delegación no será automática frente a las solicitudes de clausura que pueda presentar el municipio, sino que cada antecedente deberá ser revisado para determinar la existencia de fundamentos jurídicos y técnicos que permitan intervenir.

“Nuestra prioridad absoluta es devolverle la tranquilidad y el orden a la comunidad. Por eso, evaluaremos rigurosamente la factibilidad jurídica y técnica de cada solicitud que presente el municipio”, afirmó Pino.

El delegado agregó que el objetivo será determinar, en cada caso, si los establecimientos involucrados cumplen con las exigencias establecidas en la normativa y, en caso contrario, adoptar las medidas que se encuentren dentro de las atribuciones de la autoridad, "de modo de tomar las acciones que jurídicamente se nos facultan sobre aquellos que no las cumplen".

Revisión caso a caso

De esta manera, desde la delegación presidencial remarcaron que las eventuales clausuras deberán sustentarse en antecedentes que permitan acreditar incumplimientos y que las acciones que se adopten estarán determinadas por las facultades que la legislación entrega a la autoridad.

En este contexto, el pronunciamiento del delegado abre la puerta a que las solicitudes municipales sean analizadas, pero deja establecido que la sola petición de clausura no implica necesariamente que el cierre vaya a concretarse, ya que deberá existir una revisión previa de los antecedentes y de la viabilidad de la medida.

“Evaluaremos rigurosamente la factibilidad jurídica y técnica de cada solicitud que presente el municipio”, reiteró la autoridad, enfatizando que el propósito es compatibilizar la necesidad de recuperar la tranquilidad en el centro de La Serena con el cumplimiento de los procedimientos y atribuciones establecidos por ley.