Crece la tensión política por eventuales indultos a condenados por violaciones a DD.HH.

Una intensa marejada política ha vuelto a instalarse en el centro del debate público nacional.

Las recientes reflexiones del exministro del Trabajo y expresidente del Partido Socialista (PS), Osvaldo Andrade, respecto a la compleja relación entre la oposición y La Moneda, reabrieron un flanco de alta sensibilidad institucional: la posibilidad de que el gobierno del Presidente José Antonio Kast otorgue indultos a condenados por violaciones a los Derechos Humanos.

En entrevista con La Tercera, el exparlamentario de centroizquierda fue enfático al advertir que si la administración de Kast decide concretar una medida de esa naturaleza, esto constituiría un “profundo punto de quiebre”.

El experimentado dirigente político detalló que una decisión de tal calado significaría “un golpe muy duro para nuestra sensibilidad y a nuestra disposición política”, advirtiendo que terminaría por cerrar de manera categórica cualquier espacio de diálogo o entendimiento con el ejecutivo.

Como era de esperar, dichas palabras no cayeron en un vacío político, ya que sus reflexiones resonaron con fuerza tanto en los pasillos del Congreso como en las regiones, donde parlamentarios de diversas colectividades salieron a marcar posiciones ante lo que califican como una fractura que podría no tener vuelta atrás.

Diferencias marcadas

Desde el Partido Comunista, la diputada Nathalie Castillo afirmó que, si bien existen brechas doctrinarias históricas con la actual administración, la materia de indultos sobrepasa cualquier discrepancia política habitual.

“Respecto de los Derechos Humanos, de cómo concebimos el Estado y de lo que entendemos por justicia social, con el actual gobierno tenemos profundas diferencias ideológicas. Pero hay límites que para nosotros son absolutamente intransables”, enfatizó la legisladora en conversación con Diario El Día.

En un tono aún más categórico, la parlamentaria fijó la postura de su sector: “no aceptamos indultos para quienes fueron condenados por crímenes de lesa humanidad, ni tampoco para quienes hayan sido condenados por violaciones a los Derechos Humanos durante la revuelta de octubre (de 2019)”.

Castillo enfatizó que a Chile le tomó décadas de esfuerzo institucional y social avanzar en materia de verdad, justicia y garantías de no repetición. Por lo mismo, aseveró que “no vamos a permitir que esos avances sean desmantelados por decisiones presidenciales. Para nuestra diputación y para la bancada del Partido Comunista, los Derechos Humanos no se negocian”.

Asimismo, la diputada comunista advirtió que de utilizarse la facultad presidencial para beneficiar a los responsables de estas graves violaciones, recurrirán de inmediato a organismos internacionales de protección de Derechos Humanos y activarán todas las instancias institucionales disponibles. “Un gobierno no puede convertir el indulto presidencial en una puerta hacia la impunidad. Y frente a un gobierno que consideramos autoritario, nuestra respuesta será firme: no vamos a guardar silencio ni vamos a permitir retrocesos”, sentenció.

“El quiebre ya está”

Una lectura similar, aunque centrada en la parálisis de la relación política, expuso el diputado Bernardo Salinas. A su juicio, la advertencia de un eventual quiebre llega tarde, pues la ruptura entre las partes se ha venido consumando desde el inicio del mandato.

Salinas recordó que el ejecutivo decidió, a partir del 11 de marzo, no entablar una relación fluida con la oposición, una postura que -según afirma- se evidencia en las distintas agendas legislativas del gobierno, desde la económica y social, hasta los recortes presupuestarios en sectores sensibles como salud y educación.

Para el parlamentario, “el quiebre ya está”. En esa línea, rememoró las recientes declaraciones del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien deslizó que acudir al Parlamento era prácticamente "una pérdida de tiempo" frente a la gestión directa. “Es primera vez que escuchamos a un ministro hablar una cosa como esa, despreciando nada menos que a un poder del Estado”, recriminó.

Respecto al fondo de la controversia por los indultos, Salinas fue tajante al calificar el impacto que generaría una medida de este tipo en la memoria histórica del país.

“Indultar a monstruos que son asesinos confesos, que no han tenido ningún arrepentimiento, que todavía guardan información privilegiada de dónde están los más de 1.000 detenidos desaparecidos y que además tienen condenas por 1.000 años, significa darle un golpe letal al Estado de derecho. Porque aquí lo que funcionó fue la justicia”, afirmó. 

Alertó que una determinación de esta índole no solo quebrará la relación política con los partidos de oposición, sino que destruirá la convivencia de la sociedad en su conjunto, al pretender colocar los intereses políticos por sobre el sufrimiento humano.

La defensa del oficialismo

En la vereda opuesta, salieron al paso de estos cuestionamientos argumentando que el país atraviesa por contingencias más urgentes que requieren de unidad transversal.

El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Marco Antonio Sulantay, planteó que un distanciamiento radical entre la oposición y La Moneda es un escenario perjudicial para la ciudadanía.

“Un quiebre entre oficialismo y oposición es lo que menos necesita el país en estos momentos. Debemos enfrentar en conjunto los graves problemas que nos afectan y que nos tienen involucrados en una profunda crisis de seguridad y laboral”, afirmó.

En relación a la figura del indulto, Sulantay recalcó el marco constitucional que ampara a la máxima autoridad del país. “El Presidente tiene pleno derecho a hacer uso de sus facultades. Y, en este sentido, se deben respetar las decisiones que se tomen en el tema de indultos”, puntualizó el representante gremialista.