Illapel Básquet: Contraloría cuestiona gastos y municipio defiende proyecto formativo

La Contraloría Regional de Coquimbo ordenó a la municipalidad de Illapel poner término al financiamiento directo y mantención del equipo profesional, Illapel Básquet, con recursos públicos, tras detectar irregularidades en el uso de fondos municipales destinados a la iniciativa deportiva.

El informe final N° 620, correspondiente a una investigación por el período comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025, determinó la apertura de un juicio de cuentas por $164.917.391, monto asociado a desembolsos considerados improcedentes para mantener al equipo, contrataciones, arriendos, pasajes y otros gastos logísticos.

Además, el organismo otorgó un plazo de 30 días hábiles para que el municipio acredite las funciones realizadas o gestione el reintegro de $7.135.075 pagados a monitores deportivos cuyas labores no fueron suficientemente respaldadas durante la revisión. También dispuso que la municipalidad instruya un sumario interno en un plazo de 15 días y anunció un procedimiento disciplinario propio para determinar eventuales responsabilidades administrativas de funcionarios y autoridades involucradas.

A esto se suma la remisión de los antecedentes a la fiscalía local de Illapel, que deberá determinar si los hechos revisten caracteres de delito, entre ellos eventuales ilícitos vinculados con el uso de fondos públicos. La Contraloría también estableció un plazo de 60 días para poner término al financiamiento directo del equipo profesional.

Origen de la denuncia

El proceso se originó a raíz de una denuncia presentada por el concejal José Luis Núñez, quien afirmó que desconocía la existencia de Illapel Básquet hasta fines de 2024, asegurando que el proyecto no fue presentado previamente de manera formal ante el concejo municipal.

Según relató, sus dudas aumentaron cuando en el presupuesto municipal de 2025 identificó contrataciones vinculadas al equipo dentro de un programa comunitario. El edil aseguró que solicitó explicaciones mediante un oficio, pero que no recibió una respuesta formal, por lo que decidió recurrir a la Contraloría.

“Lo que logra acreditar la Contraloría es que en el presupuesto había un ítem que era para un programa comunitario, pero finalmente los recursos se utilizaban para financiar al equipo profesional”, sostuvo Núñez.

De acuerdo con el concejal, los recursos observados se relacionaban con la contratación de jugadores, director técnico y parte del equipo de apoyo, además de gastos de alojamiento, redes sociales, marketing y otros requerimientos asociados al funcionamiento de la institución deportiva.

El edil recalcó que su cuestionamiento no apunta a impedir el desarrollo del básquetbol ni a cerrar oportunidades para los niños y jóvenes de la comuna, sino a establecer que el financiamiento se realice conforme a las normas que regulan el uso de recursos públicos.

Municipio defiende el objetivo

Desde la municipalidad de Illapel reconocieron que la Contraloría formuló observaciones relacionadas principalmente con los procedimientos administrativos, los mecanismos de control y la modalidad utilizada para financiar el funcionamiento del equipo.

Sin embargo, defendieron el propósito de la iniciativa y aseguraron que Illapel Básquet formó parte de una estrategia integral de desarrollo deportivo comunal impulsada desde 2021, orientada a fomentar la actividad física, la vida saludable y la formación de niños, jóvenes y adultos.

Como parte de esa política, el municipio destacó la recuperación y mejoramiento de 14 multicanchas mediante el programa Sueños de Barrio, con una inversión cercana a los $1.000 millones, además de aproximadamente $300 millones destinados al mejoramiento integral del gimnasio municipal.

Según la administración comunal, estas iniciativas permitieron fortalecer la infraestructura deportiva y generar condiciones para desarrollar actividades formativas y competencias de mayor nivel.

Respecto a los recursos imputados a la cuenta de ayuda comunitaria, el municipio sostuvo que no estuvieron destinados al financiamiento directo de la participación competitiva del equipo, sino a la contratación de monitores que realizaron talleres en establecimientos educacionales y espacios deportivos abiertos a la comunidad.

La administración agregó que los pasajes y otros gastos de traslado estuvieron vinculados a la participación de deportistas extranjeros, cuya experiencia profesional habría contribuido a los procesos formativos de niños y jóvenes. También afirmó que las contrataciones se efectuaron considerando antecedentes legales y normativos que fueron informados oportunamente a Contraloría.

Pagos observados

Respecto a los $7,1 millones asociados a monitores deportivos cuyas funciones no fueron acreditadas ante el organismo fiscalizador, desde la municipalidad se precisó que el plazo de 30 días hábiles también permite presentar antecedentes complementarios para demostrar la ejecución de los servicios.

Desde el municipio se indicó que se encuentra recopilando registros y documentación para respaldar que los talleres efectivamente se realizaron. "Por ello, no corresponde dar por establecido un reintegro definitivo mientras permanezca abierta la posibilidad de entregar nuevos antecedentes", señalaron.

Desde la administración comunal se insistió en que la observación se relaciona con la suficiencia de los respaldos presentados durante la auditoría y no necesariamente con la inexistencia de las actividades. Su objetivo, afirmó, "es acreditar las prestaciones dentro de los plazos establecidos por Contraloría".