Docentes ponen en duda fundamento técnico de ajustes impulsados en educación

Las orientaciones emitidas por la Dirección de Educación Pública (DEP) para la elaboración de los Planes Anuales Locales (PAL) 2027 siguen generando preocupación entre los gremios de la educación. Si bien los documentos apuntan a ajustes presupuestarios y de dotación en los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), desde el Colegio de Profesores advierten que aún no se conocen con claridad los fundamentos técnicos ni el alcance que estas medidas podrían tener en los establecimientos del país.

La inquietud se instaló luego de la circulación de los ordinarios N°1691 y N°2622 de la DEP, que contienen lineamientos para la gestión de recursos humanos y presupuestarios de los SLEP. Entre los puntos cuestionados figuran la eventual fusión de cursos, criterios para contratación de profesionales del Programa de Integración Escolar (PIE), restricciones para reemplazos docentes y ajustes en distintas funciones de apoyo al interior de las comunidades educativas.

En este escenario, el Colegio de Profesores recurrió a la Contraloría General de la República para solicitar una revisión de los documentos. La organización sostiene que algunas de las orientaciones podrían exceder las atribuciones de la Dirección de Educación Pública e impactar materias que, a juicio del gremio, deben definirse sobre la base de necesidades pedagógicas y no exclusivamente por criterios presupuestarios.

Desde La Serena, la presidenta comunal del Colegio de Profesores, Rosa Castex, señaló que una de las principales preocupaciones es que se estén proyectando reducciones de dotación antes de contar con un diagnóstico técnico concluido. “¿Cómo se puede ejecutar una reducción generalizada antes de contar con un diagnóstico técnico terminado?”, planteó la dirigenta.

Castex explicó que el gremio busca conocer el contenido íntegro de los documentos remitidos a los Servicios Locales de Educación Pública y los antecedentes utilizados para definir eventuales ajustes.

“Exigimos que se entregue el documento oficial completo, el instructivo enviado a los SLEP, y conocer qué metodología fue utilizada para determinar las horas consideradas como sobre dotación”, indicó.

La dirigenta sostuvo que las dificultades financieras que enfrentan algunos servicios no pueden resolverse mediante medidas que afecten directamente el proceso educativo. “El Colegio de Profesores rechaza que las dificultades financieras de los Servicios Locales de Educación Pública se enfrenten reduciendo profesores, fusionando cursos o eliminando ayudas sociales”, afirmó.

La preocupación también se extiende a los asistentes de la educación. Las orientaciones establecen que cargos como inspectores de patio y auxiliares de servicio deberán ser evaluados considerando diversos factores propios de cada establecimiento, entre ellos la disponibilidad presupuestaria. Para organizaciones de trabajadores del sector, ello abre un debate respecto de cuánto pueden ajustarse las dotaciones sin afectar tareas asociadas a la seguridad, convivencia escolar, mantención y apoyo cotidiano de las comunidades educativas.

A juicio de Castex, el debate no debe limitarse únicamente a los docentes. “Las comunidades escolares tienen que mantenerse alertas. Si la educación pública ya funciona con recursos ajustados, cualquier reducción puede tener consecuencias en los estudiantes, especialmente en los más vulnerables”, señaló.

La dirigente agregó que durante los próximos días el gremio analizará en detalle los antecedentes disponibles para determinar el impacto que podrían tener estas orientaciones en cada establecimiento educacional.

“La idea es conocer los criterios para las eventuales desvinculaciones y el impacto estimado en cada establecimiento”, sostuvo.

Uno de los aspectos que más inquieta al profesorado es que las orientaciones presupuestarias puedan transformarse posteriormente en decisiones administrativas permanentes.

“Una restricción presupuestaria no puede transformarse automáticamente en una política de desvinculación docente, ni en la fusión de cursos o en la reducción de apoyos para los estudiantes”, enfatizó.

Mientras continúa la controversia a nivel nacional, desde el Servicio Local de Educación Pública Elqui informaron que no emitirán declaraciones respecto de los ordinarios N°1691 y N°2622. Diario El Día consultó tanto a la Seremi de Educación como al SLEP Puerto Cordillera respecto de los cuestionamientos surgidos en torno a los ordinarios emitidos por la Dirección de Educación Pública. Sin embargo, al cierre de esta edición ninguno de los organismos respondió a las consultas enviadas por este medio.

En tanto, el Colegio de Profesores espera que la Contraloría se pronuncie sobre los antecedentes presentados y que la Dirección de Educación Pública entregue mayores precisiones sobre los criterios técnicos que sustentan los lineamientos para el funcionamiento de los SLEP durante 2027.

La discusión, advierten desde el gremio, trasciende el ámbito administrativo y presupuestario. Lo que está en juego, sostienen, es el impacto que las futuras decisiones puedan tener en la calidad de la educación pública y en las condiciones de aprendizaje de miles de estudiantes en todo el país.