Nuevas reglas para expulsión a migrantes quedan a un paso de convertirse en ley

El proyecto que busca perfeccionar y agilizar los procedimientos de expulsión administrativa de personas extranjeras en situación migratoria irregular quedó en condiciones de convertirse en ley, luego de que el Senado aprobara el informe de la Comisión Mixta que resolvió las diferencias surgidas durante su tramitación.

La iniciativa, que modifica la Ley 21.325 de Migración y Extranjería, obtuvo 37 votos a favor y una abstención en la Cámara Alta, tras haber recibido previamente el respaldo de la Cámara de Diputadas y Diputados. Con ello, el texto superó su tramitación en el Congreso, aunque todavía debe cumplir los procedimientos correspondientes antes de su promulgación.

Uno de los principales cambios que contempla la propuesta es el aumento de tres a cinco años del período mínimo de prohibición de reingreso a Chile para quienes sean objeto de una medida de expulsión administrativa.

Asimismo, se busca fortalecer las herramientas de los organismos públicos para localizar y notificar a las personas sujetas a estos procedimientos, además de robustecer el registro de datos biométricos de extranjeros que se encuentren en situación migratoria irregular.

En esta materia, se establecieron resguardos para excluir de las solicitudes de información a niños, niñas y adolescentes, así como los antecedentes provenientes de establecimientos educacionales y de salud.

Otra de las disposiciones relevantes apunta a las facultades de la Policía de Investigaciones (PDI). De acuerdo con el proyecto, la institución podrá solicitar por escrito a un juez de garantía autorización para ingresar a un domicilio con el objetivo exclusivo de detener a una persona que tenga una orden de expulsión firme y ejecutoriada.

La medida contempla la intervención judicial como requisito para efectuar el ingreso, buscando compatibilizar la ejecución de las expulsiones con el resguardo de los derechos de las personas involucradas.

La iniciativa también establece mecanismos para facilitar la expulsión de extranjeros en situación migratoria irregular que estén formalizados, acusados o requeridos por determinados delitos menores, siempre que se cumplan las condiciones previstas en la normativa. En estos casos, se contempla la suspensión del procedimiento penal durante tres años, con mecanismos de coordinación con el Ministerio Público para proteger las investigaciones en curso y los derechos de las víctimas.

Durante la discusión legislativa, los parlamentarios destacaron la necesidad de avanzar en herramientas que permitan hacer efectivas las órdenes de expulsión, especialmente ante las dificultades que enfrentan las regiones del norte del país en materia migratoria.
Sin embargo, también se hizo hincapié en que la aplicación de las nuevas disposiciones requerirá recursos, capacidad policial y coordinación internacional para concretar las medidas.

En ese contexto, la aprobación del proyecto marca un avance en el fortalecimiento de los procedimientos administrativos de expulsión, aunque su implementación efectiva dependerá de las capacidades operativas y de coordinación de los organismos responsables.