Papaya Gate: Dan más plazo a Fiscalía para dilucidar dónde terminó el dinero

Un nuevo capítulo sumó este martes 10 de noviembre el caso Papaya Gate, luego de que el Juzgado de Garantía de La Serena autorizara ampliar en 45 días el plazo de investigación solicitado por la Fiscalía.

La causa se remonta a la adquisición de seis terrenos en el sector de San Ramón el año 2020, realizada por el Gobierno Regional de Coquimbo para construir un complejo deportivo, por un monto cercano a los $9.900 millones.

La operación quedó bajo cuestionamiento debido a presuntas irregularidades administrativas y al precio pagado, considerando que las tasaciones iniciales situaban el valor de los predios en aproximadamente $4.000 millones.

Buscan esclarecer el destino del dinero

En la audiencia de este martes, el fiscal de alta complejidad Luis Miranda explicó que necesitan “verificar a dónde fueron los dineros de esta compra y venta”, además de revisar antecedentes sobre la tramitación, extensión de los terrenos y la franja de utilidad pública asociada.

Tras escuchar a la Fiscalía y las defensas, el tribunal concedió los 45 días adicionales para completar las diligencias pendientes.

La resolución mantiene abierta una de las investigaciones judiciales de mayor repercusión regional, mientras el Ministerio Público busca esclarecer el destino de los recursos públicos involucrados en la operación.

Senador pide evitar la impunidad

Tras conocerse la resolución, el senador Daniel Núñez respaldó la ampliación del plazo investigativo y enfatizó la necesidad de establecer responsabilidades penales.

“Lo fundamental es que no haya impunidad y que los responsables de haber desfalcado al Gobierno Regional paguen por su responsabilidad y vayan a la cárcel”, sostuvo el parlamentario.

En esa línea, agregó que “cualquier medida que permita terminar la investigación son positivas y me parece que mientras haya justicia es totalmente razonable este plazo de 45 días”.

Dato: La causa entró en una etapa decisiva tras la audiencia del 7 de septiembre de 2026, cuando la Fiscalía Regional de Coquimbo reformalizó por fraude al fisco a la exintendenta Lucía Pinto, al exadministrador regional José Cáceres y al empresario Pablo Bracchitta, y formalizó por primera vez al exjefe jurídico del GORE, Eduardo Espinoza. En esa instancia, el tribunal fijó un plazo de 60 días para el cierre de la investigación.