Caso Melissa: Piden cadena perpetua para su madre y más de 20 años para Santander

Para el 3 de noviembre fijó el Juzgado de Garantía de Coquimbo la audiencia de preparación de juicio oral en el caso de Melissa Chávez, niña de 12 años, presuntamente asesinada por su madre y violada de manera reiterada por su padrastro en la comuna de Coquimbo.

El caso- que ha tenido una extensa investigación y que las partes prevén como “complejo” para el proceso que se avecina- cumplirá ese mismo mes dos años de vigencia, en una larga espera de la justicia por uno de los crímenes que más impacto han generado en la región en el último tiempo.

Los dos imputados, Mirta Ardiles y Luis Santander, siguen privados de libertad tras ser sindicados por el Ministerio Público como autores de los delitos, pese a que desde primer momento han alegado inocencia, tesis que, según se ha dejado ver en audiencias, se mantendrá ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena.

En este camino, cabe señalar, se han solicitado varias ampliaciones del plazo de investigación. Las últimas por parte de los abogados defensores, con oposición del Ministerio Público y los querellantes, entre quienes figuran la Defensoría de la Niñez y el Programa de Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en representación de la familia paterna biológica de la víctima.

La fecha para la audiencia del próximo mes, que podría ser la última antes de comenzar el juicio, fue informada ayer por el tribunal porteño, una vez recibida la acusación de Fiscalía, donde se plasman las conclusiones de la investigación, la participación de los presuntos autores y las pruebas que guiarán el debate.

Consultado por la acusación, el fiscal regional de Coquimbo, Adrián Vega, confirmó a El Día que se pedirá presidio perpetuo para Ardiles por el delito de parricidio. Recordemos que la investigación llevó a solicitar su detención tras encontrarse huellas dactilares en el arma homicida y luego de que videos la captaran saliendo de la vivienda cuando las llamas del incendio con el que habría intentado ocultar evidencias aparecían en el registro de una cámara de seguridad del sector.

Además de parricidio, la mujer es acusada como autora de incendio (frustrado) y también como cómplice de los delitos reiterados de violación y abuso sexual, en la segunda arista del caso que la llevó a ser reformalizada. Nuevos antecedentes apuntaron a que conocía y permitía que su pareja abusara de su hija de 12 años desde que tenía aproximadamente 6.

Por dichos delitos, la madre de la pequeña podría sumar más condenas, aunque de igual manera la solicitada por parricidio implica una condena de por vida, en caso de ser acogida por el tribunal.

En cuanto a Santander, el Ministerio Público pedirá penas que “bordean los 20 años y más de presidio”, según lo detallado por el fiscal regional, Adrián Vega.

El persecutor se mostró confiado en que se lograrán dichas condenas y afirmó que “para esto tenemos prueba pericial, química, sexológica, de autopsia, psicológica y evidencia circunstancial que ubican a la madre como autora de parricidio e incendio y al padrastro como autor de violaciones y abusos sexuales reiterados”.

Fue el 26 de noviembre de 2020, cuando un incendio movilizó a unidades de Bomberos y Carabineros hasta la Villa Talinay de Coquimbo, donde la pequeña residía junto a su madre, Mirta Ardiles; su padrastro, Luis Santander; y un hermano menor.

En el procedimiento, quedó en evidencia la impactante muerte de la pequeña, que se encontraba sin vida en su dormitorio, donde comenzó el fuego, que logró ser controlado. En primera oportunidad se difundió como un accidente, pero rápidamente se pudo comprobar que tenía lesiones atribuibles a terceros.

La víctima había recibido puñaladas y el incendio había sido iniciado de manera intencional para ocultar las evidencias. En su primera entrevista, los padres pidieron justicia y alegaron inocencia tras ser apuntados como los posibles autores del crimen.

A través de reportajes que desarrolló El Día, se fueron conociendo de manera pública algunos antecedentes de investigación que terminaron con la detención primero de Ardiles, como imputada por parricidio, y luego de Santander, como autor de delitos sexuales.

Según se ha establecido, sería esta misma relación de abusos cometidos presuntamente por Santander contra la niña los que habrían llevado a Ardiles a acabar con la vida de su propia hija. Algo que la mujer ha negado durante estos dos años.

Contactados por El Día, algunos intervinientes de la causa prefirieron no dar declaraciones por ahora, a espera algunos de ser notificados y poder leer en detalle la acusación, más aún considerando la presentación de una solicitud de reapertura de investigación que podría generar un debate arduo antes de comenzar el juicio e incluso modificar los plazos.

En las últimas conversaciones con nuestro medio, representantes de la familia paterna biológica de la menor de edad se mostraron confiados en la investigación de Fiscalía, mientras que las defensas de ambos imputados insistieron en -derechamente- la absolución de los delitos.

La última audiencia del caso fue realizada el 23 de septiembre y tenía como objetivo decretar el cierre de la investigación. Dicha acción fue solicitada por los abogados defensores y expresada por Fiscalía ante el Juzgado de Garantía, que cerró la etapa de indagatorias para continuar con el auto de apertura.

A partir de este trámite, muy esperado por los abogados querellantes, quedaba pendiente la acusación y la preparación de juicio oral. Sin embargo, esta nueva instancia se podría ver aplazada un tiempo más si el tribunal acceder a la solicitud de los representantes de Mirta Ardiles, que tendría relación, por la naturaleza del proceso, con diligencias y pericias.