Informe Techo Chile: Más de 2.200 familias viven en campamentos en la región

Según el Catastro Nacional de Campamentos 2022-2023 de la organización TECHO-Chile, -realizado con datos levantados entre julio del 2022 y febrero 2023-, se reveló que a nivel nacional hubo una nueva alza de familias viviendo en campamentos, llegando a 113.887 hogares, es decir un 39,5% más que en el periodo anterior (2020-2021) y se evidenció que existen 1.290 campamentos distribuidos en todo el país, un 33,1% más que en 2020-2021.

De acuerdo a la medición, de la totalidad de campamentos del país, un 45,7% se formó entre el 2010 al 2020 y un 14,6% entre el 2020 y la actualidad.

Adicionalmente, en el estudio se alertó que los campamentos actualmente son más grandes, llegando a un promedio de 88,3 hogares en cada uno y que en la zona norte del país se concentran los campamentos más grandes, en función del número de hogares.

Aunque en términos porcentuales, según este catastro, la Región de Coquimbo no es una de las que experimentó una variación más considerable en la cantidad de campamentos y familias que viven en estos, si tuvo un aumento.

Respecto a esto, en concreto, se tiene que entre el 2020-2021 vivían 1920 familias en campamentos en la Región de Coquimbo y al 2022-2023 ese número aumentó a 2297, teniendo una variación de 19,64%.

Sumado a esto, el número de campamentos en la región también creció, pasando de 32 a 38, desde el 2020-2021 al 2022-2023, lo que equivale a una variación del 18,75%.

Al ser consultado por esto, el Seremi de Vivienda y Urbanismo de Coquimbo, José Manuel Peralta detalló que según el catastro que ellos manejan, actualmente en la región hay 43 campamentos, la diferencia, según él se debe a que manejan una metodología distinta a la del TECHO.

De acuerdo a la información que se maneja en la Secretaría Regional del MINVU, de estos 43 campamentos, 26 están en la provincia del Elqui (14 en Coquimbo, 6 en La Serena, 5 en Andacollo y 1 en Vicuña); hay 5 en Ovalle; y 12 en la provincia del Choapa; 8 en Salamanca, 3 en Illapel y 1 en Canela.

“Como MINVU reconocemos que el problema de los campamentos, así como la crisis habitacional, es multifactorial, lo que viene de una política habitacional agotada, respecto al ritmo de la implementación de las viviendas públicas, lo que no respondía al crecimiento del déficit, razón por la que estamos aumentando y diversificando nuestra oferta habitacional pública”, argumentó el Seremi.

En cuanto a los campamentos, el Seremi aseguró que “el MINVU tiene dos grandes políticas, que son la relocalización, mediante el Plan de Gestión Habitacional, y la radicación, mediante el Plan Construyendo Barrios”.

Pese a esto, la autoridad regional recalcó que “nuestra recomendación a las familias que viven en campamentos, es siempre optar a los sistemas regulares, ya sea un subsidio de arriendo o solución definitiva, esto por la accesibilidad a los servicios básicos, entre otras cosas”.

CADENA DE FAVORES

Por su parte, el investigador en políticas públicas, fundador y presidente de la Corporación Cadena de Favores Cuarta Región, Gustavo Heise, señaló que la situación de los asentamientos irregulares, ha tenido un aumento significativo en los últimos años, lo que a su juicio “se ha acentuado desde la llegada de la pandemia, por muchos factores, desde pérdidas de empleo, aumento de llegada de migrantes, crecimiento demográfico y déficit de viviendas, como problemática estructural”.

“Desde hace 3 años, visitamos en forma sostenida los campamentos de la Región de Coquimbo, apoyando a más de 200 familias, quienes producto de falta de trabajo en la pandemia, -ya que la mayoría trabaja informalmente-, no tenían vivienda, ni medios mínimos de subsistencia, para afrontar esta crisis económica, sanitaria y social”, relató el activista. 

Ahondando en esto, Heise sostuvo que “el campamento La Varilla es uno de los más grandes de la región, donde vive una gran cantidad de migrantes de distintas nacionalidades y cuyo mayor problema, son la falta de condiciones de suministros básicos, debido a que es una ocupación ilegal”.

Para Heise, la única solución ante esta situación es que “las autoridades regionales, locales y las instituciones de la sociedad civil, puedan hacer un trabajo mancomunado y tomen líneas de acción en esta emergencia pública habitacional”.