Defensa alega responsabilidad de carabineros en tragedia de motoristas

J.C Pizarro - Rodrigo Solís 

Un capítulo más, y el último, previo al juicio oral tuvo lugar ayer en la Corte de Apelaciones de La Serena en el denominado Caso Carabineros. Al lugar llegaron los defensores José Miguel Riquelme y Alejandro García (pertenecientes a la Defensoría Penal Pública), representantes de los seis imputados por el robo con homicidio de los uniformados, Sargento segundo Hans Knopke y el funcionario Luis Díaz Manríquez, ocurrido el pasado 11 de noviembre del 2016, cuando ambos concurrieron a la persecución policial que protagonizaban los individuos, la que tuvo un fatal desenlace cuando el automóvil que era perseguido por la autoridad atropellara a los efectivos a la altura del kilómetro 62, en el sector del Cruce Apatitas, en Pan de Azúcar, Coquimbo.

¿El objetivo de la defensa? Apelar a una decisión tomada por el juzgado de Garantía de Coquimbo durante la audiencia de preparación del juicio oral llevada a cabo el 8 de agosto, en la que el magistrado rechazó la solicitud de incompetencia de  este tribunal, luego que la defensoría adujera que los tribunales idóneos en este caso eran los de Ovalle, ya que el origen de los delitos habría tenido lugar en la capital de Limarí.

EL ORIGEN EN OVALLE. Claro, según lo sostenido por la defensa, y lo que constituyó el principal argumento para la apelación, fue que este lugar fue donde los  individuos cometieron el primer delito por el cual están siendo imputados, el robo de un vehículo en las afueras de donde se realizan las obras del nuevo Hospital de Ovalle.

Por esta razón es que presentaron en la jornada de ayer la apelación respectiva, señalando que sólo llevando adelante este caso en la el Tribunal de Ovalle se podría “llevar adelante un debido proceso, porque apelar al domicilio de los imputados – en el sector de Tierras Blancas- sería absurdo”.

FISCALÍA RESPONDE CORTE. En el Tribunal de Alzada, también se presentó el fiscal Claudio Correa y el abogado querellante de Carabineros, Javier Marín, quienes por cierto no se mostraron de acuerdo con esta postura, porque a juicio de ellos el Tribunal de Coquimbo, luego de lo señalado por el Juzgado de Garantía porteño en la audiencia de preparación del juicio oral, es competente y no el de Ovalle. Esto porque desde su postura, la génesis de los hechos tuvo lugar en Coquimbo. Esto, porque se habrían proveído de pistolas y rifles en la ciudad puerto, y ya antes de partir hasta Ovalle el 11 de noviembre pasado ya había aparecido documentación personal, médica del primer vehículo sustraído, hecho que tuvo lugar en Tierras Blancas con el que comenzaron con sus actividades ilícitas.

LA RESOLUCIÓN. Tras los alegatos de las partes respectivas, se dio a conocer que la Corte de Apelaciones entregó la resolución que resultó finalmente desfavorable para la  Defensa. En ese contexto, la Segunda Sala de la Corte, compuesta por los ministros Fernando Ramírez, Marta Maldonado y la abogada integrante, Marcela Viveros, finalmente acogieron los planteamientos del fiscal jefe de Coquimbo, Claudio Correa, en torno a que la ejecución de los delitos acusados en el caso motoristas corresponden a la comuna de Coquimbo y no de Ovalle. Con esto, el juicio oral se iniciará el próximo lunes 28 de agosto en el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de la capital regional a las 08:30 horas.

REACCIÓN. José Miguel Riquelme, abogado defensor de los menores de edad en cuestión, indicó que “no compartimos esta resolución pero la acatamos. Esta es una causa de largo aliento”, destacó.

A su juicio, “tenemos la convicción de que estos hechos se iniciaron y tuvieron su principio de ejecución en la comuna de Ovalle, ya que para nosotros era fundamental que nuestros representados fuesen juzgados en la capital del Limarí. El tribunal no lo entendió así. Bajo ningún punto de vista nuestro propósito es dilatar el proceso. Sólo hemos hecho uso de los recursos que nos permite la ley. Hicimos valer este recurso de apelación pero no se dio lo que esperábamos”.

CARABINEROS, ¿FACTOR CLAVE?

Alejandro García, abogado defensor de uno de los mayores de edad imputados, sostuvo el convencimiento de que el  tribunal competente era precisamente el de Ovalle. “Nosotros vamos a sostener nuestra posición jurídica y esperamos tener un juicio justo, donde se califiquen estos hechos graves por lo que realmente son. No se trata a nuestro juicio de un robo como homicidio como señala el persecutor penal”.

A su juicio se habría verificado un ilícito de robo en Ovalle y luego el lamentable suceso donde el bus, eventualmente habría sido cruzado por los funcionarios policiales que buscaban impedir el avance de los imputados. “Lo que hay que determinar si hay responsabilidad de quien cruza el bus en la calzada o de los que van huyendo. Eso es materia de discusión. No es una maniobra recomendable cruzar el bus con pasajeros para detener un vehículo que iba a alta velocidad, porque un impacto habría costado la vida de las personas que iban en ese vehículo. Careció de prudencia y esto sin duda se llevara al juicio oral correspondiente”, recalcó.

ABOGADO DE CARABINEROS RESPONDE. El abogado querellante de Carabineros, Javier Marín,  respondió a los argumentos de la Defensoría,  refutando la tesis de la participación efectiva de Carabineros en los hechos del 11 de noviembre. “A mí me parece que es impresentable lo que está haciendo la defensa, porque más allá de las legítimas facultades que uno tiene para defender la postura de uno o de otro, la defensa argumenta cada vez que le van mal las cosas”.

Con respecto al supuesto cruce del bus en la Ruta D-43, Marín aludió a que la reconstitución de escena que tuvo lugar demostró que esta acción no había propiciado el impacto. “El conductor del microbús habría advertido que el auto de los delincuentes iba contra del sentido del tránsito, y eso, sumado a toda la vorágine de Carabineros del entorno, hizo que el chofer de la micro desviara su trayectoria  para efectos de evitar la colisión con el auto que venía en contra, pero eso la defensa es algo que no dice. El auto de los delincuentes iba en fuga a más 150 kilómetros por hora, eludiendo cuatro o cinco controles policiales, atravesando varios centros de metros contra el tránsito”, argumentó.

A juicio de Marín, lo que hizo el chofer del bus no fue otra cosa que “guiar el microbús para evitar chocar con los delincuentes. En las redes sociales se ve el video en que el funcionario de Carabineros daba instrucciones para correr el bus, pero algo que no dice la Defensa es que esas instrucciones nunca fueron escuchadas por el conductor del microbús. Eso sí, no puedo descartar que no haya existido que haya habido algún tipo de instrucción, porque es objeto del juicio. Responsablemente, puedo decir que el funcionario de Carabineros que grabó el video y pedía que el bus se moviera, no tenía por propósito obstaculizar el tránsito”, concluyó.