“Testaferros”: El rol de civiles en arista de lavado de activos en caso de gendarmes detenidos

Un amplio operativo del OS9 de Carabineros, con apoyo del GOPE, terminó la madrugada del viernes 14 de junio con la detención de nueve gendarmes de la cárcel de La Serena y un ex funcionario de la institución penitenciara. Los sujetos fueron aprehendidos por diversos delitos, que están siendo indagados en el marco de un foco investigativo “para el combate del crimen organizado en penales”, iniciado por el Ministerio Público hace cerca de un año.

La irrupción de la policía en la casa de los imputados acaparó la cobertura de la prensa dicha jornada, mientras se conocían los primeros antecedentes de una supuesta red de tráfico de armas, de la que serían parte -hasta ahora- seis internos de distintos penales del país, y que era articulada desde la Región de Coquimbo.

De acuerdo a lo informado por la Fiscalía, el rol de los gendarmes se configuraría por acciones para introducir elementos prohibidos al complejo penitenciario, por lo que el despliegue en sus domicilios sirvió para incautar drogas, dinero en efectivo, armas y municiones, que darían cuenta de estos hechos.

Cabe señalar que, junto a los gendarmes y a los mencionados reclusos, se imputó delitos también a civiles en la formalización, realizada entre el martes 18 y miércoles 19. En total, son 20 los sujetos que han comparecido ante la justicia y que han terminado con diversas medidas cautelares.

El caso tendrá acciones también en los próximos días, ya que el ente persecutor anunció presentará una apelación, luego de que el tribunal desestimara en algunos casos la prisión preventiva.

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El lavado de activos

El Día recopiló nuevos antecedentes sobre la imputación que realiza el Ministerio Público y que apuntan a un dato crucial, revelado por el fiscal metropolitano occidente Marcos Pastén tras la formalización. Esto es, el abultamiento del patrimonio de los funcionarios producto de las actividades ilícitas.

“Tenían un abultamiento de sus patrimonios, en algunos casos, de hasta un 270% del valor de sus ingresos”, dijo el fiscal.

Es en este punto donde entran en escena los civiles que fueron detenidos y cuyo rol en el caso ha pasado a segundo plano frente a la situación que afecta a Gendarmería de Chile.

De acuerdo a la información recabada por El Día, estas cuatro personas tienen, fundamentalmente, dos roles dentro de los hechos indagados.

Algunos son parejas de los gendarmes, que operaban como “testaferros” para el lavado de activos y en el ocultamiento del patrimonio. También, se determinó que prestaban sus cuentas para el pago de los dineros cobrados por los imputados por la venta de armas y municiones a internos.

Dentro del grupo de civiles hay también familiares de los internos que actuaban como receptores de los dineros que se les cobraban en estas transacciones. También estaban encargados de mostrar o entregar las armas o municiones que eran comercializadas.

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“Antecedentes sólidos”

Desde la defensa de los detenidos se ha cuestionado la imputación que realiza la Fiscalía, desestimando que se trate de una gran red de tráfico de armas liderada por un capitán de Gendarmería en La Serena.

Cabe señalar que de todos los funcionarios detenidos, solo tres quedaron en prisión preventiva.

Consultados, por este hecho y cómo afectaría a la solidez del caso, desde la Fiscalía Metropolitana Occidente indicaron que “la investigación y antecedentes de esta causa son sólidos. De hecho, el tribunal acreditó la existencia de los delitos de cohecho, tráfico de armas y lavado de activos, entre otros ilícitos”.

Asimismo, indicaron que la investigación “ha demostrado que los imputados operaban bajo una misma estructura, con roles y funciones específicas”, recamando además en el hecho de que “durante la audiencia de formalización, todos presentaron a un mismo abogado defensor”.

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“En base a dicho convencimiento, la Fiscalía Metropolitana Occidente apelará a la decisión del Séptimo Juzgado de Garantía, que no accedió a las solicitudes de prisión preventiva para todos los funcionarios de Gendarmería involucrados en este caso. Esta Fiscalía Regional estima como hechos graves la participación de los imputados en esta red que proporcionaba apoyo y cobertura a los internos para la comisión de distintos delitos al interior del penal de La Serena a cambio del pago de sumas en dinero. El tratarse de funcionarios públicos agrava, en opinión de la Fiscalía, los ilícitos cometidos por los imputados en esta causa”, agregaron.

La Fiscalía indicó además que en los próximos días “continuarán las diligencias en este caso, por lo que esperamos avances tanto en los antecedentes de la investigación, como en su tramitación”.