Las penas que arriesgan los líderes del millonario fraude en el Departamento de Salud de la Corporación GGV

Por: Romina Onel 

Este martes, el Juzgado de Garantía de La Serena ordenó la prisión preventiva para los cuatro presuntos cabecillas del millonario fraude en el Departamento de Salud de la Corporación Gabriel González Videla, luego de que la Fiscalía expusiera numerosos antecedentes que vinculan a los imputados con el desvío de casi 800 millones de pesos. 

Entre quienes deberán cumplir con esta medida, destacan la excoordinadora del Departamento de Salud de la C.G.G.V., Nicole Cadena Munita y su cónyuge, C.A.M.F., además de Bélgica Guerra Galleguillos -exsecretaria de la unidad- y otro implicado, M.A.S.B., imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos de fraude al fisco, asociación ilícita y lavado de activos. 

Asimismo, Cadena y Guerra, también fueron imputadas por el delito de falsificación y uso malicioso de instrumento público. 

En la audiencia se presentaron análisis de cuentas bancarias, interceptaciones telefónicas y declaraciones de otros imputados, quienes apuntaron a los acusados como los principales responsables, tras lo cual, el juez Claudio Ayala Oyanedel impuso las cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional para otros 13 imputados por los delitos de fraude al fisco y lavado de activos, fijando en 100 días el plazo de investigación y despachando la orden de detención contra otros cinco imputados que aún se mantienen prófugos.

Al resolver, el juez Ayala se refirió a la necesidad de cautela de los imputados, tomando en consideración que “el fraude al fisco tiene penas que van de 5 años y un día a 15 años; la asociación ilícita tiene asignada una pena que va de 3 años y un día a 5 años; el lavado de activos tiene penas que van de 5 años y un día a 15 años; y la estafa tiene asignada una pena de 3 años y un día a 5 años”.

El juez también agregó que por esto “se considera que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad y se encuentra plenamente justificado el requisito establecido en la Ley 3 del artículo 140 del Código Penal y se dispone su prisión preventiva”. 

RESULTADOS

Respecto a este desenlace, el fiscal de Análisis Criminal y Focos Investigativos, Carlos Vidal aseguró que gracias a los antecedentes recopilados y expuestos, “se decretó la prisión preventiva de quienes organizaron desde adentro toda esta actividad, del cónyuge de una de las personas que estaba trabajando en la corporación, quien facilitó toda esta acción y que en definitiva recibió gran parte del lucro”. 

En cuanto a la estrategia de la defensa de poner en duda el delito de fraude al fisco, el fiscal dijo que “hay una teoría que habla de la comunicabilidad del vínculo, es decir, que al ser un funcionario público que actúa con un otro que no lo es, pero conoce la calidad del anterior para defraudar, el vínculo se comunica, por lo que son ambos autores del fraude al fisco. El señor juez de Garantía ha sido de la idea de que quien no es funcionario público, en este caso el cónyuge de la funcionaria y otra persona que interviene, no se le comunica el vínculo, pero son autores igualmente de un delito que es estafa”, añadió el fiscal. 

Por otra parte, el abogado y defensor privado de Bélgica Guerra, Jorge Vargas, adelantó que “se va a solicitar otra medida ejerciendo los recursos pertinentes”. 

“MÁQUINAS DEFRAUDADORAS”

Por su parte, el abogado querellante en representación de la municipalidad de La Serena y la C.G.G.V., Rodrigo Alvarez expresó su alegría frente a la medida tomada por el juez, ya que “es lo que solicitamos al igual que la fiscalía”. 

Referente a la fiscalización que se realiza en la corporación, el abogado argumentó que “el tener esta figura híbrida de organismo de derecho privado ha servido para que a nivel país estas sean máquinas defraudadoras, por lo tanto lo que se está discutiendo hoy es un buen antecedente”. 

Alvarez también explicó que  dicho proceso de fiscalización corresponde al presidente de la corporación, es decir el alcalde, el secretario y el tesorero, por lo tanto “estos son los tres grandes responsables de que esto funcione de buena manera”, remató. 

¿CÓMO OPERABAN?

Según la fiscalía, a partir de los últimos meses de 2019 y hasta  2024, las imputadas, Nicole Cadena y Bélgica Guerra, coordinadora del Departamento de Salud y secretaria de la unidad -cargos que ejercieron hasta enero y abril de 2022, respectivamente- junto al cónyuge de Cadena, se organizaron para obtener pagos improcedentes realizados por el Departamento de Finanzas de la C.G.G.V. de parte los 13 sujetos imputados que reclutaron durante 2020 y 2021, quienes no prestaban servicios a la entidad. 

De acuerdo al Ministerio Público, esto les permitió defraudar la suma de $762.778.091 aproximadamente.

Cadena administraba programas financiados con fondos públicos e intervenía en la autorización de boletas para pago y Guerra reclutó a personas ajenas a la corporación, quienes les facilitaron sus claves del Servicio de Impuestos Internos para emitir boletas fraudulentas y recibir en sus cuentas los montos defraudados, que luego transferían a la asociación a cambio de un pago.

Por su parte, C.A.M.F., además de reclutar, recibía fondos defraudados y los incorporaba al sistema económico formal y M.A.S.B, reclutó al menos a dos personas y según el análisis de sus cuentas, sería quien congregó la mayor recepción de fondos, los que transfirió a Guerra y C.A.M.F.