“¿Seguirá siendo una caja pagadora?”: Cuestionan contratación de 42 nuevos funcionarios para la CGGV

Durante el último concejo municipal,  la concejala Rayen Pojomovsky expresó su extrañeza por la contratación, por parte de la nueva administración edilicia, de 42 nuevos funcionarios para la Corporación Municipal Gabriel González Videla, apuntando a una aparente contradicción entre estas incorporaciones y el discurso oficial de “austeridad” y “sobredotación” en la actual gestión edilicia.

Ante estas acusaciones, la alcaldesa Daniela Norambuena y su equipo salieron al paso, afirmando que lejos de ser un gasto injustificado - argumentan -  este “equipo especializado” fue convocado con el único propósito de ordenar el “grave desorden administrativo” heredado de administraciones anteriores, un caos que habría permanecido años “sin control ni fiscalización”.

UNA “CAJA PAGADORA”

En conversación con El Día, la concejala Pojomovsky fue más allá incluso, y relató su frustrado intento por obtener información sobre la actualidad de la corporación serenense.

Si bien reconoce que existe mayor transparencia que en la administración anterior, existen puntos que muchas veces no se dan a conocer al concejo. 

“Durante todo este periodo, desde diciembre a la fecha, he solicitado en reiteradas ocasiones y en distintos concejos que se me haga llegar un consolidado de las contrataciones, específicamente de la corporación, algo que no ha sucedido”, afirmó Rayen. 

Tal como se detalló al incio de la nota, la principal inquietud se centra en las 42 contrataciones realizadas y en los elevados sueldos que reciben, lo cual, choca frontalmente con el discurso municipal sobre la crítica situación financiera del organismo, marcada por una deuda que la propia Pojomovsky  reconoce, aunque puntualiza que “quienes fuimos concejales en el periodo anterior sabíamos que existía una deuda. Creo que independientemente de que sean 20 mil millones o 80 mil, era algo que teníamos a la vista”.

Para Pojomovsky, sin embargo, esta  situación evoca fantasmas del pasado. “¿Seguirá siendo la corporación una caja pagadora política? Pareciera ser que sí”, afirmó la concejala. 

Y es que la edil cuestionó la necesidad de un contingente tan numeroso para “ordenar” la entidad, especialmente cuando, en paralelo a las contrataciones, se están realizando desvinculaciones. 

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ORDEN Y TRANSPARENCIA 

Por su parte,  Nilo Lucero, secretario general de la Corporación Gabriel González Videla, argumentó que las personas que ingresaron al organismo no fueron parte de un aumento de gasto injustificado.

”Muy por el contrario, fueron contratadas para ordenar años de desorden administrativo que nadie quiso enfrentar. Gracias a ese equipo hoy existen siete causas judiciales activas, se detectaron delitos graves y se frenaron prácticas que estaban normalizadas hace mucho tiempo. Si no se hubiese reforzado el equipo, nada de esto habría salido a la luz”, asegura. 

Es más, Lucero subraya que hablar de cerrar la corporación no significa “abandonarla a su suerte”. 

“Son procesos complementarios. Primero había que ordenarla por dentro, dejarla en regla y al mismo tiempo evaluar el modelo futuro. No se puede bajar la cortina sobre una estructura desordenada y con eventuales delitos sin resolver. La responsabilidad de esta administración ha sido doble: corregir y al mismo tiempo auditar”, señaló el funcionario de la corporación.

Lucero afirma que para evitar que ésta vuelva a ser usada como caja pagadora —como ocurrió en el pasado— se fortalecieron las áreas de control, auditoría y transparencia. “Gracias a ese equipo se detectaron irregularidades graves, se presentaron siete acciones legales y por primera vez se está persiguiendo penalmente a quienes abusaron de los recursos públicos. Hoy hay más control, más supervisión y menos personal que antes. Entre diciembre de 2024 y agosto de 2025 reducimos la planta administrativa en 42 personas, pasando de 218 a 176 funcionarios. No vinimos a inflarla, vinimos a ordenarla”, puntualizó Lucero.

Respecto a los sueldos, el secretario general fue categórico: “las remuneraciones se rigen por los mismos parámetros legales que han tenido siempre estos cargos. La diferencia es que hoy hay exigencias de responsabilidad que antes no existían”. Sobre su propio salario, afirmó que “es exactamente el mismo que la de mis antecesores. La diferencia es que hoy se está exigiendo un nivel de responsabilidad y control que antes no existía. Vengo del mundo de la gestión privada, fui gerente de clínicas en varias regiones del país y sé cómo ordenar instituciones”, aseveró Lucero.

PRÓXIMA SESIÓN CLAVE

Pero las críticas a estas nuevas contrataciones también pusieron en evidencia las tensiones sobre las dificultades para acceder a la información. 

De hecho, la concejala Pojomovsky manifestó su extrañeza porque la sesión del concejo que abordará específicamente el tema de la corporación, fijada para el 22 de octubre próxima, será a puertas cerradas. 

Según afirmó Pojomovsky, la justificación de la alcaldesa fue que “se van a exponer nombres que están en un proceso de investigación”.

Por su parte, la concejala Luisa Jinete aportó otro matiz al aclarar que no existe un plan para cerrar la corporación, sino una reestructuración que implicaría “sacar de la corporación la salud y volverla como departamento municipal”, dejando a la entidad únicamente con las áreas de cementerio y parte de educación.

Por ello, Jinete señala que será clave la sesión del concejo municipal del próximo 22 de octubre, donde se aclararán muchos aspectos y, “si las cosas no se ajustan a los marcos normativos y legales, obviamente se tomarán las medidas necesarias”.

Para los concejales esta sesión será el momento de la verdad, donde las cifras, los nombres y los informes técnicos deberán salir a la luz para determinar si las 42 contrataciones fueron el antídoto necesario para una institución en crisis o simplemente un nuevo capítulo en la vieja historia de la política como botín.