Rosa Agustina: Clausura desató rencillas entre seremi de Salud y Gobierno

Molestia habría al interior del gobierno por cómo se llevaron a cabo los controles sanitarios a las piscinas del Rosa Agustina Resort & SPA por parte de la seremi de Salud.

¿La razón? Porque este proyecto había sido priorizado por la administración Boric en la región, debido a su positivo impacto en el turismo y el empleo. 

Según fuentes a las que accedió Diario El Día, éstas aseguran que nunca se ha buscado que el complejo turístico no sea fiscalizado, sino que se mantenga un contacto o protocolo permanente para evitar la situación que enfrenta hoy el recinto. 

En específico, los dardos apuntarían al seremi de Salud, Darío Vásquez Guzmán, a quien acusan de tener escasa flexibilidad al momento de abordar algunos temas.
De hecho, según expresan estas fuentes las relaciones con la autoridad se han tensado en más de una oportunidad. Incluso - aseguran - en más de una oportunidad, el seremi no habría enviado fiscalizadores a ciertos lugares, pese a haberlos solicitado expresamente.

Leer también: Clausuran las piscinas del resort Rosa Agustina ad portas de temporada estival

Frente a estos trascendidos, Diario El Día consultó directamente al seremi de Salud, Darío Vásquez, quien señaló que el mandato constitucional y legal de su cargo es proteger la salud de la población, basado en la normativa sanitaria vigente, que contiene estándares técnicos tendientes a evitar riesgos sanitarios y cuyo cumplimiento irrestricto está sujeto, además, al control de otras entidades, como por ejemplo, la Contraloría General de la República.

“Por tal motivo, no existe ni existirá flexibilidad alguna con personas naturales o jurídicas al momento de cumplir con nuestra obligación como autoridad sanitaria, velando que sus actuaciones se ajusten a la ley y se proteja la salud de las personas”, señaló, añadiendo que, teniendo en consideración la relevancia económica y laboral de Rosa Agustina, “se han establecido criterios de priorización en los tiempos de revisión de los proyectos sujetos a pronunciamiento de esta autoridad sanitaria, que es lo que precisamente nuestros fiscalizadores han realizado al inspeccionar y tomar nuevas muestras de agua a las piscinas del establecimiento turístico, con la finalidad de verificar que cumplan con los parámetros normativos”.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS DISTINTAS

Pero más allá del “caso Rosa Agustina”, la figura del seremi es apuntada por su “actitud implacable” con los locales establecidos, pero no así con el comercio informal, con todo el riesgo sanitario que ello implica.

Al respecto, Vásquez aclaró que “estamos hablando de actividades económicas diferentes, que no se rigen por la misma normativa. Asimismo, hay que aclarar que nuestro rol fiscalizador está asociado a establecimientos o instalaciones que cuentan con domicilio establecido y la correspondiente autorización sanitaria para funcionar, por lo que salvo situaciones específicas en que se verifique un inminente riesgo para la salud pública y se realice un operativo en coordinación con otras instituciones del Estado, la regla general es que como autoridad sanitaria no efectuamos fiscalizaciones programadas a vendedores ambulantes”.

DESCARTAN “FLEXIBILIDAD”

Frente a la eventual molestia que habría en el gobierno por la actitud del seremi de Salud en torno a la situación del complejo Rosa Agustina, el delegado presidencial, Galo Luna, precisó que los organismos fiscalizadores del Estado deben hacer su trabajo y, bajo ese contexto, la labor de la autoridad sanitaria responde a la implementación de un plan de fiscalización, sobre todo, por la temporada estival. “Nosotros siempre hemos planteado que los organismos deben cumplir su rol. Sí nos preocupa este proyecto, porque es parte de la cartera de proyectos que ha sido priorizada por nuestro gobierno a través de los comités Pro Crecimiento y Empleo”, afirmó Luna, destacando el efecto multiplicador que este proyecto genera en cuanto a empleo y actividades conexas. 

En ese sentido, Luna negó haberle solicitado al seremi de Salud “flexibilidad”, pues en los temas de salud pública “no podemos aplicar conceptos como ese, porque lo que debe hacer el organismo contralor es velar y garantizar que no haya riesgo para la salud. Lo que más bien pedimos es que se haga un acompañamiento al titular para poder establecer planes de trabajo para que pueda ir acelerando su tramitación e ir solucionando los problemas. El espíritu es más bien colaborar con que las cosas lleguen a buen puerto, pero la norma hay que aplicarla”.

Y ante una eventual “contradicción” que habría al promover proyectos de inversión de esta categoría y luego someterlos a férreas fiscalizaciones, el delegado Luna llamó a “no confundir las cosas” pues, por un lado, priorizar y agilizar la tramitación de una iniciativa como ésta no es contradictorio con el hecho de que los órganos fiscalizadores cumplan con su labor 

“Todos deben someterse a las fiscalizaciones respectivas y cumplir estándares y normas”, puntualizó.