Comienza juicio oral contra imputados por fraude en la Corporación G.G.V.

Este lunes comenzará en el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena uno de los juicios por corrupción municipal más relevantes de los últimos años en la Región de Coquimbo. Trece personas enfrentarán a la justicia por su presunta participación en el millonario fraude al interior de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, causa que ya mantiene a otros nueve involucrados condenados por distintos delitos vinculados al uso irregular de recursos públicos.

Entre los acusados que enfrentarán el juicio oral se encuentran Nicole Cadena, excoordinadora del Departamento de Salud y su pareja Cristian Muñoz Fredes, además de la exsecretaria de la unidad de salud,  Bélgica Guerra. A esto se suman otros diez imputados vinculados a la investigación liderada por la Fiscalía Regional de Coquimbo.

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Según los antecedentes reunidos por el Ministerio Público, entre 2019 y 2024 se habría desarrollado una estructura organizada destinada a defraudar aproximadamente $762 millones mediante la emisión de boletas por servicios inexistentes, facilitación de cuentas bancarias y devolución de dineros a quienes lideraban la operación, aun cuando investigaciones internas del municipio aseguran que son más de $1400 millones defraudados.

La investigación apunta principalmente a maniobras ocurridas al interior del Departamento de Salud de la Corporación Gabriel González Videla, donde presuntamente se simulaban labores o prestaciones que nunca se realizaron, afectando recursos destinados a áreas sensibles como la atención primaria de salud, programas de rehabilitación de drogas y atención de menores con medidas cautelares.

Cabe recordar que tras su cuenta pública, el Fiscal Regional Patricio Cooper calificó la causa como “un caso significativo de corrupción a nivel comunal”, recordando que la investigación se originó tras una serie de querellas presentadas en 2022.

“En materia de corrupción de funcionarios públicos, el caso Corporación de La Serena ya cuenta con sentenciados por fraude al fisco más estafa y lavado de activos. Se trata de un caso significativo de corrupción a nivel comunal”, sostuvo el persecutor.

Hasta ahora, nueve personas ya han sido condenadas en causas vinculadas al caso: cinco por obtención fraudulenta de recursos provenientes del Estado, una por estafa y lavado de activos, y tres por fraude al fisco.

La investigación ha sido desarrollada junto a la Brigada de Lavado de Activos y el Laboratorio de Criminalística de la PDI, además de equipos especializados de análisis criminal de la Fiscalía. También figuran como querellantes la Municipalidad de La Serena, la propia Corporación y la Contraloría General de la República.

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“EL DINERO DE LOS SERENENSES SE RESPETA”

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, señaló que el inicio del juicio representa un momento clave para la comuna, considerando el impacto financiero y social que dejó el caso.

“Este juicio representa un impacto profundo y doloroso, pero estrictamente necesario para la comuna de La Serena. El descalabro financiero recibido, con una deuda acumulada que supera los 83 mil millones de pesos, afectó de manera directa áreas tan sensibles como la educación y la salud primaria”, afirmó.

La jefa comunal aseguró que el daño provocado no solo fue económico, sino también social y ciudadano. “Golpea la confianza de los vecinos que vieron cómo recursos que debían traducirse en mejores remedios, consultorios o escuelas terminaron involucrados en delitos graves como fraude al fisco, asociación ilícita y el financiamiento de funcionarios fantasmas”, sostuvo.

Norambuena agregó que este proceso judicial debe marcar una señal clara respecto al uso de recursos públicos: “el dinero de los serenenses se respeta y el mal uso de los recursos públicos se paga con cárcel. Quienes cometieron estas sinvergüenzuras hoy están presos en Huachalalume, demostrando que la impunidad se terminó en nuestra comuna”, indicó.

La alcaldesa además detalló algunas de las medidas implementadas por la actual administración tras detectarse las irregularidades, entre ellas el traspaso del Departamento de Salud directamente al municipio, auditorías internas y el cierre progresivo de la corporación.

“Desde el primer día pasamos de la denuncia a la acción. Implementamos controles rigurosos que permitieron detectar más de mil boletas a honorarios sin respaldo contractual y avanzar en un ordenamiento financiero que hoy busca recuperar la salud municipal”, añadió.

Finalmente, enfatizó que esperan “justicia plena, caiga quien caiga”, reiterando que la transparencia y la probidad “no se declaran con discursos vacíos, sino persiguiendo judicialmente a los responsables y cuidando peso a peso los recursos públicos”.

DEFENSA APUNTA A CUESTIONAR DELITOS IMPUTADOS

Por su parte, el abogado Carlo Silva, defensor de uno de los acusados en la causa, sostuvo que durante el juicio buscarán desacreditar parte importante de la tesis presentada por el Ministerio Público, especialmente respecto a los delitos de fraude al fisco, asociación criminal y lavado de activos.

Silva explicó que su representado, Carlos Rodríguez, no tiene la calidad de funcionario público, por lo que, a su juicio, no podría atribuírsele el delito de fraude al fisco en los términos planteados por la Fiscalía. “El fraude al fisco es un delito construido sobre la base de un sujeto especial, que es el funcionario público. Mi defendido nunca tuvo esa calidad. Eventualmente pudo emitir boletas de prestación de servicios, pero eso no basta para atribuirle ese delito”, indicó.

Respecto al delito de asociación criminal, el abogado afirmó que no existirían antecedentes suficientes para acreditar una organización estructurada como plantea la acusación. “No vemos una jerarquización ni una distribución funcional propia de una asociación criminal. La relación que tenía mi defendido con otros involucrados era únicamente de prestación de servicios”, señaló.

Sobre el delito de lavado de activos, Silva aseguró que tampoco se configuran los elementos necesarios para una condena. “La ley exige conductas concretas como ocultar, transformar o disfrazar dineros de origen ilícito. En este caso, mi representado recibió pagos y los utilizó, pero eso no constituye lavado de activos”, sostuvo.

El abogado además reconoció que el caso posee una alta connotación pública debido a la gravedad de los hechos investigados y el impacto que generó en la comunidad serenense, aunque recalcó que aquello no debe influir en el desarrollo del juicio.

“Entendemos la preocupación ciudadana por tratarse de recursos públicos y temas sensibles como salud y educación, pero el tribunal debe resolver sobre la base de la prueba y del principio de legalidad, no desde la presión mediática o la connotación pública del caso”, afirmó.

El juicio oral se extendería por varias semanas y será seguido de cerca tanto por las instituciones querellantes como por la comunidad serenense, debido al fuerte impacto que el caso tuvo sobre recursos destinados a programas sociales y de salud pública.