Cómo operaba y quiénes integraban la red detrás del millonario fraude a la Corporación GGV

El Juzgado de Garantía de La Serena dejó hoy –martes 4 de febrero– en prisión preventiva a N.P.C.M. y B.O.G.G., exfuncionarias del Departamento de Salud de la Corporación Municipal Gabriel González Videla; a C.A.M.F., esposo de N.P.C.M.; y a M.A.S.B., imputados por el Ministerio Público como autores de fraude al fisco, asociación ilícita y lavado de activos. Los delitos habrían sido cometidos entre 2019 y 2024 en la comuna. 

Además, N.P.C.M. y B.O.G.G., coordinadora y secretaria de la corporación, respectivamente, fueron formalizadas por falsificación y uso malicioso de instrumento público.

Tras cuatro jornadas de audiencia, el magistrado Claudio Ayala Oyanedel decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional para otros 13 imputados en la causa y fijó un plazo de 100 días para la investigación. También ordenó la detención de cinco personas más.

Al fundamentar la prisión preventiva, el juez sostuvo que “tomando en consideración el número de delitos, la gravedad de las penas asignadas y el carácter de estos, se considera que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad, y se encuentra plenamente identificado el requisito establecido en la letra c) del artículo 140 del Código Procesal Penal”.

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¿Cómo operaba la red?

Según el Ministerio Público, entre 2019 y 2024, los imputados se organizaron para cometer de manera sistemática y permanente delitos relacionados con la defraudación de fondos públicos y el lavado de activos. Se estima que sustrajeron aproximadamente $762.778.091.

La asociación ilícita conformada y liderada por los tres imputados tenía como fin principal la comisión de ilícitos de fraude al fisco y de lavado de activos de tales fondos, los que se obtuvieron del erario fiscal mediante pagos improcedentes realizados por el Departamento de Finanzas de la Corporación Municipal a coimputados que reclutaban y que no desarrollaban actividad ni prestaban servicios a la entidad.

La estructura de la asociación ilícita operaba con un esquema definido:

• N.P.C.M., como coordinadora del Departamento de Salud, administraba programas financiados con fondos públicos y autorizaba pagos fraudulentos.
• B.O.G.G., secretaria del organismo, reclutaba personas externas para que facilitaran sus claves del Servicio de Impuestos Internos con el fin de emitir boletas falsas. Estas personas recibían los montos defraudados en sus cuentas bancarias y luego los entregaban a la organización a cambio de un pago.
• C.A.M.F., esposo de N.P.C.M., además de reclutar sujetos, recibía fondos fiscales desviados y los integraba al sistema económico formal a través de sociedades y movimientos bancarios.
• M.A.S.B. reclutó al menos a dos personas y habría sido quien gestionaba la mayor cantidad de fondos desviados, transfiriéndolos a otros imputados (B.O.G.G. y C.A.M.F.)

En total, 13 imputados participaron facilitando boletas falsas y permitiendo el uso de sus cuentas bancarias. Algunos recibieron pagos directos desde empresas vinculadas a C.A.M.F., mientras que otros realizaron transferencias a los líderes de la organización.

De los reclutados, tres imputados formaron, además, parte de la asociación ilícita, uno de ellos era quien recibía pagos mensuales de una de las sociedades propiedad de C.A.M.F.; otros dos recibían sistemáticamente transferencias de los fondos públicos defraudados, los que luego transferían en parte importante a los imputados B.O.G.G. y N.P.C.M.

El lavado de activos

El dinero defraudado fue ocultado mediante diversas maniobras para dificultar su trazabilidad. La fiscalía identificó los siguientes mecanismos:

• Uso de cuentas bancarias de terceros para disimular el origen ilícito de los fondos.
• Transferencias y movimientos entre cuentas personales para entorpecer su rastreo.
• Uso intensivo de dinero en efectivo.
• Adquisición de bienes y servicios sin justificación acorde al perfil económico de los imputados.

N.P.C.M. y C.A.M.F. fueron los principales beneficiarios del dinero sustraído. Según la fiscalía, reinvirtieron los fondos ilícitos en sociedades y los usaron para fines personales, con el objetivo de ocultar su origen.

 Hasta el momento, la investigación ha permitido la detención de 17 personas y la incautación de bienes adquiridos con el dinero malversado, entre ellos vehículos y efectivo. Sin embargo, aún quedan cinco imputados prófugos, por lo que las diligencias continúan con el objetivo de dar con su paradero y esclarecer la totalidad de responsabilidades en este caso.