CGGV apunta a facturas emitidas por Cristian Muñoz y exige reparación por $165 millones

De acuerdo con antecedentes a los que tuvo acceso Diario El Día, la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena interpuso durante el año pasado una querella criminal en contra de la excoordinadora del Departamento de Salud, Nicole Paz Cadena Munita, y de todos quienes resulten responsables por una serie de presuntas irregularidades detectadas en la administración y rendición de fondos públicos entre los años 2015 y 2021, por montos que superarían los $351 millones.

La acción judicial fue presentada ante el Juzgado de Garantía de La Serena por el abogado Gonzalo Pinochet, en representación de la corporación municipal, y busca determinar eventuales responsabilidades penales por delitos relacionados con falsificación de documentos tributarios, uso malicioso de instrumentos mercantiles, fraude al fisco y otras figuras que pudieran surgir durante la investigación.

Cabe recordar que Nicole Cadena permanece actualmente en prisión preventiva, junto a otros exdirectivos de la corporación y su pareja, Cristian Muñoz Fredes, enfrentando un juicio oral por el millonario fraude detectado en la Corporación Gabriel González Videla.

De acuerdo con la querella, la exfuncionaria, quien se desempeñó como coordinadora del Departamento de Salud entre 2015 y 2021, recibió durante ese período recursos destinados a distintas actividades institucionales por un total de $351.496.464.

Las presuntas irregularidades surgieron a partir de observaciones formuladas por la Contraloría General de la República en el Informe Final N.º 809 de 2023 y de una auditoría interna elaborada por el Departamento de Control Interno de la corporación.

Cristian Muñoz y las facturas observadas

Según el documento judicial, se revisaron 189 rendiciones de cuentas equivalentes a $257.940.393, detectándose diversas inconsistencias de carácter administrativo, contable y tributario. Entre ellas figuran facturas presuntamente adulteradas, reutilización de respaldos en distintas rendiciones, fondos sin documentación de respaldo, diferencias no justificadas y decretos extraviados.

Uno de los aspectos que la corporación considera más relevantes corresponde al uso reiterado de facturas emitidas por Cristian Muñoz, cónyuge de la exfuncionaria. A juicio de los querellantes, esta situación podría constituir un conflicto de interés y una eventual simulación de gastos.

En la querella se señala que, dentro del universo auditado, fueron observadas 174 facturas por un monto total de $115.119.542. De ellas, 128 presentarían discrepancias respecto de la información registrada ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), mientras que otras 38 no habrían sido autorizadas por dicho organismo. Además, siete documentos no registraban recepción y uno figuraba como anulado.

A juicio de la corporación, estos antecedentes permitirían presumir la existencia de documentos tributarios falsos o ideológicamente falsos, así como eventuales maniobras destinadas a la apropiación indebida de recursos públicos.

Posibles delitos

En el escrito, la corporación sostiene que los antecedentes recopilados darían cuenta de una operación “sistemática, prolongada y organizada” de manipulación documental, mediante la presentación de facturas falsas, rendiciones sin respaldo suficiente, utilización de documentos emitidos por personas relacionadas y repetición de respaldos contables.

Por ello, estima que los hechos podrían configurar delitos de falsificación o uso malicioso de instrumento privado mercantil, fraude al fisco y administración desleal o malversación de caudales públicos. Asimismo, señala que las conductas habrían sido ejecutadas de manera reiterada durante varios años, configurando eventualmente un concurso real de delitos.

La presentación agrega que los montos observados superan los $115 millones, cifra que la corporación considera relevante para la eventual configuración de los ilícitos investigados.

Acción civil por más de $165 millones

Junto con la querella criminal, la corporación municipal interpuso una acción civil para obtener la reparación de los perjuicios que estima haber sufrido producto de estas presuntas irregularidades.

En este contexto, solicita una indemnización por daño emergente equivalente a $115.119.542, monto que corresponde a las observaciones realizadas por la auditoría interna respecto de las 174 facturas cuestionadas.

Además, demanda una compensación de $50 millones por concepto de daño moral institucional, argumentando que los hechos habrían provocado un grave deterioro de la imagen, credibilidad y prestigio de la corporación ante la ciudadanía y los organismos fiscalizadores.

Según el escrito, el descrédito público generado por las investigaciones y la cobertura mediática del caso habría afectado el funcionamiento de la institución, llegando incluso a instalarse públicamente la posibilidad de su cierre debido a la crisis financiera que enfrenta.

Aristas pendientes

Respecto de las diligencias en curso, el abogado Gonzalo Pinochet explicó que durante la etapa investigativa surgieron distintas líneas de indagación que fueron abordadas por separado por el Ministerio Público.

“Esta causa, que ahora está en juicio oral, ha sido muy compleja y durante la etapa investigativa se pudieron detectar muchas aristas. Actualmente, la causa que está judicializada es por boletas de honorarios ideológicamente falsas y lavado de activos. Solo eso”, señaló.

El profesional indicó que la fiscalía suele separar determinadas investigaciones para permitir que continúen desarrollándose nuevas diligencias en otras líneas investigativas.

“Si se incorpora todo en una sola causa, los plazos de investigación son limitados. Por eso existen investigaciones paralelas que permiten seguir profundizando en otros antecedentes que han ido surgiendo”, explicó.

En esa línea, agregó que la corporación se ha hecho parte en distintas causas vinculadas a estos antecedentes, con el objetivo de intervenir activamente y solicitar diligencias que permitan esclarecer los hechos denunciados.

“En esas investigaciones la corporación tiene la calidad de víctima. Para poder participar y solicitar diligencias ante la fiscalía es necesario hacerse parte, y eso es precisamente lo que hemos realizado como institución”, concluyó.