Nuevo régimen de máxima seguridad comienza a operar en Huachalalume

Con estrictas medidas de control, monitoreo permanente y protocolos especiales para las visitas y desplazamientos internos, en el complejo penitenciario de La Serena se puso en marcha un nuevo régimen de máxima seguridad destinado a personas privadas de libertad catalogadas como de alta peligrosidad y vinculadas al crimen organizado.

La implementación fue encabezada por el subsecretario de Justicia, Luis Silva, junto al director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, quienes recorrieron las dependencias del recinto ubicado en Huachalalume para supervisar el funcionamiento de los dos módulos habilitados bajo este sistema.

La iniciativa forma parte del fortalecimiento de los regímenes de máxima seguridad impulsados a nivel nacional y se inserta dentro del Plan de Infraestructura y Seguridad Penitenciaria, orientado a reforzar el control efectivo de los establecimientos penales y enfrentar el avance de las organizaciones criminales desde el sistema carcelario.

Presos "uniformados" y celdas individuales

Durante la actividad, el subsecretario Silva explicó que el principal objetivo de la medida es aislar efectivamente a los internos considerados de mayor riesgo.

“Eso pasa por sus vinculaciones con el crimen organizado y, de hecho, los internos, tanto imputados como condenados que están en este régimen hoy cumpliendo su privación de libertad en régimen de alta seguridad, responden a un perfil de alta peligrosidad”, sostuvo.

La autoridad destacó además el trabajo realizado por Gendarmería para identificar y clasificar a esta población penal, permitiendo su segregación respecto del resto de los internos.

Entre las principales características del nuevo sistema se encuentra el uso obligatorio de una vestimenta diferenciada compuesta por casaca naranja y pantalón azul, celdas individualizadas, un régimen más estricto de visitas y de uso de patios, además de controles reforzados en los desplazamientos al interior del establecimiento.

Actualmente, los módulos albergan a 44 personas privadas de libertad, aunque posee capacidad para 100 internos. Según explicó Silva, la población corresponde tanto a imputados como a condenados vinculados a delitos de alta complejidad.

“Se trata de personas que han participado en secuestros extorsivos, secuestros con homicidio, extorsión, tráfico de inmigrantes, pertenencia al crimen organizado y lavado de activos. Son algunos de los delitos que se repiten en el patrón criminal de las personas que están cumpliendo condena o que están cumpliendo su prisión preventiva hoy en este recinto”, señaló.

Respecto de la composición de la población penal, el subsecretario indicó que existe una alta presencia de ciudadanos extranjeros, particularmente venezolanos, además de internos chilenos y colombianos. Añadió que entre los reclusos identificados figuran integrantes del Tren de Aragua y de otras organizaciones criminales.

Control efectivo

Por su parte, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, valoró el esfuerzo realizado para poner en marcha este modelo de control penitenciario.

“Hemos asistido a la implementación de este nuevo régimen en el complejo penitenciario La Serena. Es un esfuerzo en materia procedimental, equipamiento, infraestructura y tecnología, que nos permitirá tener un control de calidad sobre líderes de bandas criminales y estructuras de delincuentes transnacionales complejos”, afirmó.

Según explicó, el modelo incorpora mejoras en infraestructura, equipamiento tecnológico y vigilancia electrónica permanente, con el propósito de fortalecer el control de internos considerados de alto riesgo.

Entre las medidas adoptadas destacan el reforzamiento de barreras físicas, sistemas de monitoreo continuo mediante cámaras de circuito cerrado de televisión y protocolos especiales para la gestión de visitas, encomiendas y comunicaciones.

Asimismo, el régimen contempla un uso diferenciado de los patios, con un total de 2 horas y 15 minutos diarios de permanencia al aire libre, además de traslados sin contacto con la población penal común y bajo registro audiovisual mediante cámaras corporales y sistemas de vigilancia.

Evitar el "contagio criminal"

Las autoridades recalcaron que esta modalidad ya opera en otros establecimientos penitenciarios del país, como Santiago, Antofagasta y Concepción, y que su aplicación responde a una política orientada a impedir que las organizaciones criminales mantengan influencia o capacidad operativa desde el interior de las cárceles.

En ese contexto, Silva sostuvo que la segregación de los internos de mayor peligrosidad permite evitar el denominado “contagio criminal” dentro de los recintos penales y dificulta la coordinación de actividades ilícitas.

Finalmente, el subsecretario subrayó el rol estratégico que cumple el sistema penitenciario en la seguridad pública.

“Hay que tener presente que el sistema penitenciario es el último eslabón del circuito de la seguridad. Está la persecución, está la labor del Ministerio Público y de las policías, pero luego esas personas tienen que cumplir su condena y para eso el sistema penitenciario es absolutamente indispensable”, afirmó.