Revisiones aleatorias de rendiciones habrían facilitado fraude en Corporación GGV

Con cerca de mil documentos ya incorporados por la fiscalía y un juicio que podría extenderse hasta la próxima semana, este miércoles continuaron las declaraciones de testigos en el marco del posible fraude en la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena, causa en la que el Ministerio Público busca acreditar un perjuicio superior a los $762 millones mediante pagos irregulares, boletas ideológicamente falsas y desvío de recursos públicos destinados principalmente al área de salud.

En este contexto, y como parte de la defensa de Nicole Cadena y Cristian Muñoz, declaró el director del Servicio de Salud Coquimbo, Ernesto Jorquera, quien abordó el funcionamiento de los convenios suscritos entre el organismo y la municipalidad de La Serena, además de los mecanismos de control utilizados para supervisar el uso de fondos públicos transferidos a la Corporación Gabriel González Videla.

Durante su testimonio, Jorquera explicó que el Servicio de Salud celebraba convenios anuales con los municipios para ejecutar programas de atención primaria, muchos de ellos de continuidad y financiados con recursos provenientes de FONASA. Según detalló, los recursos eran transferidos desde el Servicio de Salud a la municipalidad y posteriormente administrados por la corporación municipal, entidad que, hasta este año, tuvo a su cargo la administración de CESFAM, postas y establecimientos de atención primaria en La Serena.

El director señaló que cada programa debía cumplir exigencias técnicas y financieras. Es decir, las entidades ejecutoras debían acreditar tanto las actividades realizadas como el uso de los recursos asociados, incluyendo profesionales contratados, funciones ejecutadas y gastos efectuados.

“Quienes rinden tienen que dar cuenta de dos cosas básicas: las acciones comprometidas en el programa y los dineros asociados”, declaró ante el tribunal.

Asimismo, indicó que debía existir concordancia entre las actividades desarrolladas y los profesionales que las ejecutaban, precisando que esa consistencia era precisamente lo que buscaban las rendiciones revisadas por el Servicio de Salud.

Revisiones aleatorias

Consultado respecto de la fiscalización realizada por el Servicio de Salud sobre las rendiciones entregadas por la corporación, Jorquera explicó que existían referentes técnicos y financieros encargados de revisar la documentación.

No obstante, reconoció que debido al volumen de programas y municipios involucrados, las revisiones muchas veces eran aleatorias.

“Son alrededor de 32 programas por municipio, en 14 municipios, además de hospitales de familia y comunidad que también replican muchos de estos programas”, señaló, agregando que “durante mucho tiempo el analista financiero hacía un control aleatorio, no necesariamente exhaustivo para cada uno de los programas”.

Arista clave

Esta declaración adquiere relevancia dentro de la tesis que sostiene la fiscalía, la cual apunta a que durante años se utilizaron programas financiados con recursos públicos de salud para justificar pagos por servicios presuntamente inexistentes, mediante informes ideológicamente falsos, boletas de honorarios y documentación adulterada.

Precisamente, durante las últimas jornadas del juicio el Ministerio Público, incorporó cientos de antecedentes financieros, administrativos y bancarios, incluyendo convenios suscritos entre el Servicio de Salud Coquimbo y la corporación municipal, documentos que —según la acusación— habrían servido para canalizar los pagos investigados.

La fiscalía sostiene que existió una estructura organizada y permanente destinada a defraudar recursos públicos mediante falsos trabajadores, boletas ideológicamente falsas y triangulación de dineros, situación que derivó además en cargos por asociación ilícita y lavado de activos contra 13 imputados.

En esa línea, el reconocimiento de controles aleatorios podría transformarse en un antecedente relevante para explicar cómo los mecanismos de supervisión habrían resultado insuficientes para detectar oportunamente eventuales irregularidades en la ejecución de programas de salud primaria financiados con fondos públicos.

Asimismo, durante su declaración, Jorquera también recordó que los recursos administrados por estos programas tenían como finalidad satisfacer necesidades de salud de la población y describió la atención primaria como “la puerta de entrada” al sistema público de salud, enfatizando la relevancia de los fondos involucrados.

El juicio continuará esta semana en el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena con la incorporación de nueva prueba documental, peritajes financieros y declaraciones de testigos y funcionarios vinculados a la investigación, para luego dar paso a los alegatos de clausura.