Este miércoles se conocerá el veredicto por el fraude en la C.G.G.V.

Este martes se dio por concluido el juicio por el presunto fraude que afectó a la Corporación Gabriel González Videla de La Serena y que tuvo a las exfuncionarias del Departamento de Salud de esa dependencia, Bélgica Guerra y Nicole Cadena, junto a la pareja de ésta última, Cristian Muñoz, como los principales inculpados. 

El primero en retomar los alegatos de clausura, fue el fiscal Carlos Vidal quien, en su réplica a lo señalado por las defensas de los imputados el día lunes, sostuvo que la declaración de uno de éstos carecía de sustancia, agregando que para desarrollar su relato fue necesario exhibirle declaraciones anteriores, lo que a su juicio restaba espontaneidad y valor probatorio.

Respecto de la imputación vinculada a otro de los acusados, el fiscal afirmó que la tesis defensiva tendía a minimizar su participación bajo el argumento de que solo habría facilitado claves. Sin embargo, según la fiscalía, la evidencia daría cuenta de una dinámica más compleja: recepción de fondos, retransmisiones sucesivas a terceros vinculados a la estructura investigada y movimientos reiterados de dinero, lo que —a su juicio— configuraría un esquema compatible con lavado de activos.

En esa línea, sostuvo que las defensas intentan reinterpretar los hechos como simples conductas aisladas, cuando la prueba permitiría observar coordinación y reiteración en el tiempo.

Asimismo, rechazó los argumentos de la defensa respecto de la asociación ilícita, señalando que la falsificación de documentos no excluye la existencia de la agrupación, ya que el carácter falso de los instrumentos se vincula al contenido de los mismos y no a la eventual participación interna de los imputados.

También recordó que el sistema probatorio permite libertad de medios, señalando que no es indispensable una multiplicidad de peritajes para formar convicción, destacando además la existencia de análisis financieros y periciales en la causa.

Finalmente, sostuvo que las defensas intentan encuadrar los hechos en figuras menos gravosas, dado que —según su postura— los hechos acreditados excederían ampliamente una simple hipótesis de engaño básico.

¿Asociación ilícita?

En contraposición, las defensas cuestionaron la construcción global de la acusación, señalando que ésta habría sido formulada de manera excesivamente amplia, atribuyendo responsabilidad penal de forma extensiva a todos los intervinientes y por múltiples delitos, lo que a su juicio constituiría una sobreimputación.

Se argumentó que la causa debía analizarse con mayor precisión fáctica y jurídica, distinguiendo adecuadamente los hechos realmente acreditados de su posterior calificación legal.

En materia de lavado de activos, se sostuvo que no basta con la existencia de transferencias o manejo de dinero, sino que debe existir un elemento adicional de ocultamiento o disimulación. En ese sentido, se planteó que el tipo penal exige un “plus” respecto del delito base, no siendo suficiente la mera utilización o circulación del dinero ilícito.

Asimismo, se discutió la figura de la asociación ilícita, señalando que su configuración exige un acuerdo previo con dolo directo desde el inicio, es decir, un proyecto criminal estructurado desde su origen. Bajo esa tesis, se argumentó que las relaciones entre los imputados serían previas y de carácter no delictual, lo que impediría sostener que el concierto criminal existía desde el comienzo.

En relación con la colaboración de los imputados, las defensas destacaron que varios de ellos declararon en sede investigativa y judicial, prestaron colaboración en diligencias, autorizaron peritajes caligráficos y aportaron antecedentes relevantes. Se sostuvo que la exigencia legal de colaboración sustancial no depende de la fluidez del relato, sino de su aporte efectivo al esclarecimiento de los hechos.

También se discutió la valoración de prueba pericial financiera, indicando que no existirían discrepancias entre lo expuesto por los peritos y lo incorporado por las defensas en sus análisis.

En cuanto a figuras jurídicas alternativas, se insistió en la improcedencia de sancionar determinadas conductas bajo lavado de activos cuando estas se agotan en el delito base, sosteniendo que el sistema legal exige distinguir claramente entre la ejecución del delito precedente y los actos posteriores de ocultamiento o conversión.

En sus alegaciones finales, se sostuvo además, que la acusación habría mezclado hechos de distintos períodos, extendiendo el análisis a transferencias ocurridas años después del período investigado, lo que a su juicio, afectaría la coherencia temporal de la imputación.

Asimismo, se defendió la teoría de que ciertos imputados no habrían tenido conocimiento ni participación en un eventual proyecto criminal desde su origen, destacando la existencia de relaciones previas de carácter no delictual y cuestionando la configuración del dolo exigido para la asociación ilícita.

Imputados expresaron arrepentimiento

Previo a la conclusión del proceso, los principales inculpados por este caso se dirigieron ante el tribunal por última vez. 

Nicole Cadena, una de las principales imputadas, señaló que “si declaré, lo hice antes de cerrar la carpeta de investigación, y también lo hice en juicio, asumiendo los hechos y colaborando en el esclarecimiento de los mismos”.

“Reitero mi profundo arrepentimiento por los hechos en los que me vi involucrada, y solo pido una oportunidad”, agregó.

Por su parte, Cristian Muñoz, cónyuge de Nicole Cadena, aseguró que “antes de ser detenido presté declaración voluntaria ante el Ministerio Público y también ante el Servicio de Impuestos Internos, que igualmente me citó a declarar. Posteriormente, cuando fui detenido y estando en prisión preventiva, también declaré, accedí a la prueba caligráfica y a todas las diligencias que el Ministerio Público solicitó, con la intención de contribuir a precisar y esclarecer los hechos”.

En esa línea, expresó estar "profundamente arrepentido de lo ocurrido. Nunca había estado involucrado en una situación de este tipo y me siento avergonzado por la situación en la que me vi involucrado”.

Con ello, el tribunal dio por cerrado el debate y anunció su retiro a deliberación, fijando la audiencia de veredicto para este miércoles a las 14:45 horas.