¿Castigar o prevenir? Rebaja de la edad penal divide a expertos y parlamentarios

Por Romina Onel. 

La muerte de un niño de 12 años durante una violenta encerrona en la comuna de San Bernardo conmocionó al país y volvió a instalar la preocupación por la participación de adolescentes en delitos de alta connotación social. 

Por este caso fueron detenidos varios imputados, entre ellos adolescentes, lo que reabrió el debate en el que el oficialismo impulsa un proyecto que busca reducir la responsabilidad penal a los 13 años, argumentando que el aumento de la participación de menores en delitos violentos hace necesario endurecer la legislación vigente. En contraste, especialistas y diversos sectores políticos sostienen que no existe evidencia de que disminuir la edad de imputabilidad reduzca la delincuencia juvenil. 

Con respecto a esto, el diputado Marco Antonio Sulantay, aseguró que “las medidas drásticas, no sólo funcionan en sentido condenatorio, sino disuasivo. Por eso, creo que actualizar las responsabilidad penal adolescente, considerando diferentes circunstancias entre los 13 y los 17 años, debe ser una prioridad en la discusión parlamentaria”.

Asimismo, el diputado Erich Grohs argumentó que “reducir la edad de responsabilidad penal es una herramienta indispensable para frenar la impunidad con la que hoy operan las bandas criminales, que instrumentalizan a niños sabiendo que no recibirán castigo”. 

Por su parte, el diputado Bernardo Salinas alegó que “lo que nos preocupa, y no compartimos con el Gobierno, es que bajar la edad de responsabilidad penal viene a resolver el tema del nivel de violencia y el nivel de actos delictuales que hoy día cometen estos jóvenes, por eso esta discusión es importante y la vamos a tener que dar con la evidencia comparada, sin populismo”. 

Asimismo, la diputada Carolina Tello remarcó que “agravar penas no reduce la delincuencia juvenil, lo que funciona es atacar las causas reales. Educación de calidad, oportunidades laborales, políticas públicas que cierren brechas de desigualdad. El proyecto que impulsa un grupo de senadores avanza en la dirección correcta, porque castiga severamente a quienes reclutan y utilizan a menores”. 

Entendiendo el fenómeno

Al ser consultado por las posibles causas de este fenómeno, el coordinador del Área de Formación Integral de la USerena, Mg. Cristian Blanco respondió que “las bandas criminales y el narcotráfico, al notar las diferencias de penalidad, reclutan de manera estratégica a los adolescentes para tareas más expuestas y violentas”.

El sociólogo también sostuvo que “la sociedad chilena promueve metas culturales basadas en el consumo, el estatus material y el éxito rápido, pero los canales legítimos para alcanzar estas metas, como la educación de calidad y el empleo formal bien remunerado, están precarizados para amplios sectores de la periferia urbana. Entonces, el delito violento surge como una vía alternativa para obtenerlas”.

En cuanto a la rebaja de edad en la responsabilidad penal, el académico advirtió que “la evidencia en múltiples países demuestran que los jóvenes juzgados como adultos e internados en prisiones comunes tenían tasas de reincidencia más altas y cometían delitos más violentos al salir, en comparación con aquellos que permanecían en sistemas juveniles de rehabilitación”. 

La Psicóloga Clínica Infanto Juvenil, Daniela Pastenes Arancibia, también se refirió a este escenario, puntualizando que “la toma de decisiones y el poder entender las consecuencias de este delito, está asociado a muchos factores, como lo madurativo de su cerebro y los desafíos propios de la etapa”.

Ahondando en esto, la Diplomada en Trastornos de la Personalidad UC señaló que “los adolescentes tienden a tener un comportamiento mucho más impulsivo y su desarrollo de la empatía está en gestación, por lo que sí hay validación del comportamiento delictual, para ellos no va a ser algo cuestionable”. 

Pastenes también afirmó que “es propio de esta etapa querer ser parte de algún sistema, y las personas que los captan para que puedan ejecutar crímenes también hacen esa lectura, y saben que los adolescentes son más manipulables”. 

Reinserción

En este contexto, desde el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil Coquimbo, indicaron que en la región, durante mayo de 2026, se registraron 217 adolescentes y jóvenes vigentes. 

De ese total, solo 25 se encontraban privados de libertad, ya sea en internación provisoria o cumpliendo una sanción en régimen cerrado. Los demás cumplen medidas o sanciones en medio libre, lo que refleja que una parte importante del trabajo institucional se desarrolla en la comunidad, mediante intervenciones especializadas orientadas a favorecer la reinserción social.

En relación a esto, la Directora Regional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil Coquimbo, Loreto Rebolledo, expresó que “nuestro trabajo consiste en generar oportunidades reales para que las y los jóvenes puedan reconstruir sus proyectos de vida a través de la educación, la capacitación, el fortalecimiento de sus vínculos familiares y una adecuada articulación con la red pública y privada”. 

“La evidencia nacional e internacional demuestra que las intervenciones especializadas e individualizadas son las que ofrecen mejores resultados. Por eso desarrollamos planes de intervención que responden a las necesidades de cada adolescente o joven”, añadió. 

Además de esto, la directora recalcó que “invertir en reinserción no es contradictorio a la seguridad pública, sino que es la forma más sostenible de abordarla, ya que busca reducir la probabilidad de que un adolescente vuelva a involucrarse en conductas delictivas al cumplir con sus condenas”.