“Cuota de sueldo”: exjefa de gabinete acusa "recorte" de exdiputado Fuenzalida

Una nueva arista investigativa surgió a partir de la declaración entregada por una exjefa de gabinete del exdiputado por la Región de Coquimbo, Juan Manuel Fuenzalida, ante la Fiscalía Oriente, en el marco de la causa por presunto fraude al fisco que involucra al diputado Joaquín Lavín León.

De acuerdo con antecedentes revelados por Mega Investiga, la exasesora declaró ante la fiscal Constanza Encina el pasado 6 de mayo, instancia en la que entregó antecedentes sobre un presunto mecanismo de devolución de recursos provenientes de asignaciones parlamentarias y el funcionamiento de la plataforma Socialtazk.

Tras esta declaración, el Ministerio Público abrió una nueva línea investigativa para indagar los hechos denunciados, en lo que se ha denominado públicamente como la "cuota Fuenzalida".

Cabe precisar que los antecedentes corresponden a una declaración testimonial y forman parte de una investigación en curso, por lo que no existen hasta ahora responsabilidades penales establecidas judicialmente.

La cuota

Según relató la exjefa de gabinete ante la Fiscalía, durante 2024 recibió un aumento en su remuneración financiado con recursos de la Cámara de Diputadas y Diputados.

La exasesora aseguró que posteriormente debía retirar ese dinero en efectivo y entregárselo al entonces parlamentario, ya fuera personalmente durante la semana distrital o mediante depósitos en efectivo a una cuenta bancaria del exdiputado.

De acuerdo con su declaración, los montos bordearían entre los $350 mil y $400 mil mensuales, mecanismo que —según afirmó— se habría extendido durante varios meses y que también habría involucrado a otros integrantes del equipo parlamentario. La exfuncionaria sostuvo además que dejó de realizar esta acción luego de manifestarle al diputado que consideraba que se trataba de una situación incorrecta.

Plataforma Socialtazk y recopilación de datos

Otro de los antecedentes entregados por la exasesora apunta al uso de la plataforma Socialtazk, herramienta que, según indicó, fue presentada inicialmente como un sistema para organizar el trabajo territorial del parlamentario.

Sin embargo, sostuvo que con el tiempo advirtió que la plataforma funcionaba principalmente como un mecanismo para recopilar información personal de ciudadanos, incluyendo nombres, RUT, domicilios y otros antecedentes.

Según su testimonio, el equipo parlamentario recibía instrucciones para obtener la mayor cantidad posible de datos durante actividades en terreno y enviarlos al asesor, Arnaldo Domínguez, quien administraba la plataforma.

La exjefa de gabinete afirmó que recién durante el período electoral de 2024 comprendió que la información recopilada habría sido utilizada para el envío de mensajes masivos con contenido político.

Presunta eliminación de celulares

En la declaración también se incorporó un episodio ocurrido el 29 de octubre de 2024, fecha en que la Fiscalía realizó diligencias en el Congreso en el marco de la investigación contra Joaquín Lavín León.

Según relató la exasesora, recibió un llamado en el que se le habría solicitado eliminar información de su teléfono celular por instrucción del entonces diputado Fuenzalida. Asimismo, afirmó que otros dispositivos habrían sido destruidos ese día, antecedentes que también están siendo revisados por el Ministerio Público.

Diario El Día tomó contacto con la exjefa de gabinete que declaró ante la Fiscalía Oriente para conocer su versión respecto de los antecedentes entregados y las razones que la llevaron a prestar testimonio. Consultada por este medio, señaló que por ahora no puede emitir declaraciones sobre el proceso investigativo, aunque precisó que sus dichos fueron entregados en el contexto de la declaración que prestó ante la fiscal Constanza Encina por la investigación relacionada con el diputado Joaquín Lavín León.

"Desmiento acusaciones"

Si bien el exdiputado Juan Manuel Fuenzalida no respondió directamente la consulta realizada por Diario El Día, posteriormente emitió una declaración pública en la que abordó los antecedentes conocidos y negó las acusaciones en su contra.

En el documento, el exparlamentario sostuvo que "desconozco las razones por las que mi ex jefa de gabinete pudo haber formulado acusaciones de ese tipo en mi contra, pero las niego categóricamente", agregando que "nunca, durante mis dos períodos como diputado, le solicité a ella ni a ninguno de mis colaboradores realizar pagos irregulares". Además, indicó que se reservará las acciones legales correspondientes.

Asimismo, rechazó las versiones que apuntan a una eventual destrucción de evidencia durante el allanamiento realizado en el Congreso en el marco de la investigación relacionada con Joaquín Lavín León, afirmando que "desmiento acusaciones tan burdas como que habría ordenado arrojar teléfonos celulares al baño durante el allanamiento al Congreso".

Finalmente, expresó que espera "ejercer mi derecho a defensa y conocer los antecedentes que obran en mi contra directamente de la Fiscalía y de los tribunales, y no por los medios de comunicación".

Reacciones desde la región

Los antecedentes conocidos también fueron abordados por parlamentarios de la zona, quienes fueron consultados por Diario El Día respecto de las acusaciones y sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control asociados a las asignaciones parlamentarias.

La diputada Natalie Castillo señaló que los antecedentes conocidos son "de la máxima gravedad" y sostuvo que, si la investigación confirma los hechos denunciados, se estaría frente a un uso indebido de recursos públicos.

"Si la investigación confirma estos hechos, estaríamos frente a un mecanismo de uso indebido de recursos públicos que constituye una forma de corrupción y una traición a la confianza que la ciudadanía deposita en sus instituciones", afirmó.

La parlamentaria agregó que espera que el Ministerio Público actúe con independencia y que, si existen responsabilidades, se apliquen las sanciones correspondientes. 

Asimismo, planteó la necesidad de reforzar los mecanismos de fiscalización sobre las asignaciones parlamentarias, señalando que la probidad debe estar acompañada de controles permanentes, auditorías y transparencia. “La ética pública no se declama; se ejerce todos los días. Frente a cualquier hecho de corrupción no puede haber dobles estándares ni defensas corporativas: quien defrauda la confianza pública debe responder ante la justicia y asumir todas las consecuencias”, cerró.

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El antecedente de la denuncia contra Krist Naranjo 

El caso adquiere relevancia regional debido a que fue el propio Juan Manuel Fuenzalida quien, en mayo de 2024, presentó una denuncia ante la Fiscalía Nacional Anticorrupción contra la entonces gobernadora regional Krist Naranjo.

En esa oportunidad, el exparlamentario puso en conocimiento del Ministerio Público antecedentes entregados por funcionarios y exfuncionarios del Gobierno Regional, quienes denunciaban presuntas solicitudes de entrega de dinero provenientes de sus remuneraciones.

La investigación apuntaba a eventuales aportes solicitados a trabajadores públicos, situación que posteriormente motivó diligencias investigativas por parte de la Fiscalía y la Contraloría.

Si bien se trata de causas distintas y con antecedentes propios, ambos casos tienen como elemento común denuncias relacionadas con eventuales devoluciones o entregas de recursos por parte de trabajadores vinculados a organismos públicos.