Municipio serenense trabajará en plan para desalojar La Varilla

La posibilidad de concretar el desalojo de La Varilla dentro de los próximos dos meses abrió una nueva etapa en uno de los conflictos territoriales más complejos que enfrenta actualmente la comuna de La Serena. Tras la solicitud formal presentada por la alcaldesa Daniela Norambuena al Ministerio de Seguridad Pública, distintas autoridades comenzaron a coordinar acciones para incorporar el asentamiento al calendario de erradicaciones que impulsa el gobierno.

La iniciativa, que fue confirmada por la propia jefa comunal luego de una reunión sostenida con el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, apunta a intervenir uno de los sectores que ha experimentado un sostenido crecimiento de ocupaciones irregulares durante los últimos años y que, según las autoridades locales, concentra además diversos problemas de seguridad y de infraestructura básica.

De regreso en la comuna, y en medio de las reuniones preventivas por la llegada de un sistema frontal a la Región de Coquimbo, Norambuena entregó nuevos antecedentes respecto de la solicitud y, especialmente, sobre los plazos que se manejan para su ejecución.

Según explicó, actualmente la comuna cuenta con 12 campamentos, de los cuales ocho se encuentran emplazados en el sector de La Varilla, en Las Compañías. En conjunto, dichos asentamientos albergarían a más de 1.700 personas.

La alcaldesa sostuvo que se trata de ocupaciones emplazadas en terrenos irregulares y que presentan importantes déficits de servicios básicos. “Tenemos más de 1.700 personas que están de manera irregular, en sitios irregulares, en espacios irregulares, en condiciones que no hay iluminación, que no hay agua potable, que no tienen alcantarillado”, señaló.

A ello sumó una serie de situaciones que, a juicio del municipio, han agravado el escenario durante los últimos años. Entre ellas mencionó problemas vinculados al robo de cables, conexiones ilegales al alumbrado público y la existencia de focos delictuales detectados en fiscalizaciones realizadas por equipos municipales.

De acuerdo con la autoridad comunal, el crecimiento de las ocupaciones terminó generando un impacto que trasciende la problemática habitacional y que hoy representa también un desafío en materia de seguridad y gestión de emergencias.

En ese sentido, advirtió que la llegada de eventos meteorológicos obliga a evaluar las condiciones de habitabilidad de quienes residen en sectores que no cuentan con recepción de obras ni medidas de seguridad formalizadas.

“Finalmente somos nosotros los municipios los que vamos a tener que generar medidas de mitigación, tal vez traslado de personas, porque están en obras que hoy día no tienen ningún tipo de recepción ni ningún tipo de seguridad”, indicó.

Plazo de dos meses

Aunque la solicitud de desalojo ya fue presentada al Ministerio de Seguridad Pública, Norambuena llamó a no generar alarma entre los habitantes que cuentan con algún tipo de reconocimiento o registro previo por parte de organismos del Estado.

La alcaldesa explicó que existe un grupo de ocupantes que ha sido identificado por Bienes Nacionales y que corresponde a familias vinculadas a actividades rurales o crianceras que se encuentran asentadas desde hace años en determinados sectores de La Varilla.

Según señaló, estas personas se encuentran registradas y forman parte de una realidad distinta a la expansión posterior que experimentó el asentamiento.

Respecto al cronograma, la edil fue clara al señalar que ya existe una planificación preliminar para concretar la medida. “Hay un plan dentro de los próximos dos meses en donde esperemos que esto se pueda lograr”, afirmó.

Añadió además que el municipio trabaja en planes de contingencia destinados a abordar aspectos sensibles asociados a una eventual erradicación, incluyendo la protección de animales y el despliegue de equipos municipales para acompañar el proceso.

Otro de los elementos mencionados por la alcaldesa fue la presencia de población migrante en situación irregular. Según indicó, la municipalidad mantiene un catastro comunal que estima en cerca de 15 mil los extranjeros que se encontrarían en esa condición en La Serena, agregando que una de las mayores concentraciones - en porcentaje - podría ubicarse precisamente en La Varilla.

Coordinación institucional

Tras las gestiones realizadas por el municipio, desde el gobierno confirmaron que ya se encuentran analizando las acciones requeridas para avanzar en el proceso.

El delegado presidencial regional, Víctor Pino, señaló que tomaron conocimiento de las instrucciones emanadas desde el Ministerio de Seguridad Pública y que continuarán desarrollando el trabajo conjunto con los distintos organismos involucrados.

“Continuaremos con el trabajo que veníamos desarrollando junto a la seremi de Seguridad, seremi de Desarrollo Social y las policías para cumplir con lo que se nos ha requerido”, sostuvo.

En la misma línea, la seremi de Seguridad Pública, María José Duarte, explicó que se realizarán las coordinaciones necesarias con la delegación presidencial regional y el Ministerio del Interior para incorporar el asentamiento al calendario de desalojos.

La autoridad indicó que el objetivo es recuperar los espacios ocupados irregularmente, fortalecer la seguridad del sector y avanzar en el restablecimiento del orden jurídico sobre los terrenos involucrados.

Debate en el concejo municipal

El anuncio también generó reacciones al interior del concejo municipal de La Serena.

El concejal Cristian Marín manifestó que la situación de La Varilla no se resolverá únicamente mediante una orden de desalojo, recordando que durante años existió una falta de control y fiscalización sobre los terrenos, situación que permitió el crecimiento progresivo de las ocupaciones.

A su juicio, el desafío debe considerar procesos de ordenamiento y regularización cuando la normativa lo permita, diferenciando a las familias que buscan una solución habitacional de quienes eventualmente se han aprovechado de la situación.

“El objetivo debe ser recuperar el orden, garantizar la seguridad de los vecinos y avanzar hacia soluciones definitivas”, indicó Marín.

Por su parte, la concejala Rayén Pojomovsky cuestionó la forma en que se conoció el anuncio, señalando que los integrantes del concejo se enteraron a través de los medios de comunicación y que no disponen de antecedentes sobre un plan concreto de intervención.

Pojomovsky planteó además la necesidad de abordar el tema con cautela, considerando la existencia de familias, niños y niñas que viven en el sector, y advirtió sobre el riesgo de estigmatizar a la totalidad de quienes habitan en el asentamiento.