Avanza ley para proteger las nacientes de agua

La crisis hídrica que golpea a Chile, caracterizada por una desertificación implacable y la disminución de las lluvias, ha empujado a buscar nuevas herramientas legislativas para asegurar el consumo humano y el equilibrio de los ecosistemas.

En este escenario, el proyecto de ley que modifica el Código de Aguas para proteger el origen de los recursos hídricos dio un paso clave.

La diputada por la Región de Coquimbo, Nathalie Castillo (PC), autora de la iniciativa, confirmó a Diario El Día que la propuesta recibió un contundente respaldo dentro de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputadas y Diputados. Para la parlamentaria, esta recepción positiva demuestra que existe una sintonía transversal sobre la urgencia de blindar las zonas donde nace el agua.

“Ahora se inicia la etapa de audiencias, donde distintos actores podrán aportar a la discusión y esperamos que su tramitación avance con rapidez para que pueda ser votado prontamente por la sala y se despache al Senado”, señaló la diputada Castillo.

El corazón del proyecto

La propuesta legislativa apunta a una reforma precisa pero de gran impacto en el Código de Aguas, específicamente en su artículo 129 bis 2.

El objetivo es obligar legalmente a la Dirección General de Aguas (DGA) a considerar la sustentabilidad de estas fuentes críticas al momento de autorizar cualquier tipo de obra o modificación en cauces naturales.

Aunque la institucionalidad ambiental ya reconoce términos como “cabecera de cuenca” o “vertiente”, estos no se encuentran explícitamente incorporados en esta norma del Código de Aguas, lo que genera un vacío en la protección preventiva.

¿Qué cambiaría en la ley?

En la norma actual, la DGA (Dirección General de Aguas) autoriza obras en cauces sin la obligación explícita de evaluar el impacto específico en nacientes o vertientes en este artículo.

La modificación propuesta para el artículo 129 bis 2 indica que la DGA deberá disponer medidas mitigatorias apropiadas si las obras afectan cauces naturales, nacientes, vertientes o cabeceras de cuenca.

El impacto que se espera es evitar la disminución en la recarga de acuíferos y detener la degradación de fuentes locales de agua.

Actualmente, además, la norma actual contempla una fiscalización general, pero la modificación que se propone es que si no se cumplen las medidas de mitigación, se aplicarán sanciones y atribuciones de suspensión de obras. El impacto esperado es contar con herramientas de fiscalización más severas y preventivas frente a daños ambientales.

Rescate de la identidad

Uno de los aspectos más significativos de este proyecto es su arraigo territorial. 

Según la diputada Castillo, la idea matriz no se redactó entre cuatro paredes en Santiago, sino que recoge la realidad de las familias del interior.

“Lo más importante es que esta iniciativa nace desde los territorios, del Consejo Regional Campesino. Recoge la experiencia de comunidades rurales que han visto desaparecer las fuentes que históricamente abastecieron de agua a sus familias y actividades productivas. Esa mirada territorial, consuetudinaria, hoy se transforma en una propuesta legislativa concreta”, explicó la legisladora.

La fundamentación de la ley rescata tradiciones rurales como el “agua de tejas”, un término histórico y comunitario que describe la distribución de pequeños caudales mediante tejas para el consumo familiar, el cuidado de animales y los cultivos de subsistencia.

Hoy, el avance de la sequía y la presión de actividades productivas sobre las cabeceras de cuenca amenazan con hacer desaparecer por completo estas dinámicas y los sistemas de Servicios Sanitarios Rurales (SSR) que dependen de ellas.

Con el inicio de la ronda de audiencias en la comisión de Recursos Hídricos, organizaciones sociales, científicos y gremios productivos serán invitados para perfeccionar una ley que busca asegurar que el agua siga brotando desde su origen.