Cámara endurece sanciones por ofensas a policías y gendarmes

La Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley que busca endurecer las sanciones por ofensas, agresiones e insubordinaciones contra funcionarios de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería. La discusión estuvo marcada por un intenso debate político y técnico, además de una reserva de constitucionalidad presentada por el diputado Luis Cuello (PC).

La propuesta modifica el marco penal vigente para sancionar insultos, faltas de respeto o conductas descomedidas consideradas graves cuando sean dirigidas contra funcionarios policiales o penitenciarios en el ejercicio de sus funciones. Para estos casos se contemplan penas de hasta 60 días de prisión y multas que van desde 1 a 4 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).

El proyecto también establece, de manera excepcional, la posibilidad de que los funcionarios policiales detengan en el acto a quienes sean sorprendidos cometiendo este delito. A ello se suma un aumento de las sanciones por atentados contra la autoridad cuando las agresiones sean ejecutadas de manera concertada por un grupo o afecten directamente al personal.

Desde los sectores que respaldan la iniciativa sostienen que la medida busca reforzar el principio de autoridad y entregar mayores herramientas para proteger a quienes cumplen labores policiales y penitenciarias frente a agresiones y faltas de respeto.

Sus detractores, en cambio, cuestionan la amplitud de conceptos como “ofensa grave” y advierten que podrían generarse espacios de arbitrariedad durante los procedimientos. También plantean que la norma podría afectar el derecho de la ciudadanía a formular críticas hacia las instituciones y sus funcionarios.

Posturas divididas en la región

Entre los parlamentarios de la Región de Coquimbo también se evidenciaron posiciones contrapuestas. La diputada Nathalie Castillo (PC) votó en contra y sostuvo que la iniciativa no constituye una respuesta efectiva a los principales problemas de seguridad del país.

“Es una de las mociones que calificamos como populismo penal”, afirmó, argumentando que la legislación vigente ya entrega protección a los funcionarios policiales. A su juicio, las prioridades deberían estar en aumentar los recursos, mejorar la formación, fortalecer la carrera funcionaria y avanzar en el pago de metas PMG.

Castillo también cuestionó que se plantee que su sector no está interesado en la seguridad de las policías y sostuvo que el proyecto “desordena el debate de fondo”. Además, advirtió que la iniciativa “lesiona un principio y derecho fundamental que es la libertad de expresión”.

En contraste, el diputado Erich Grohs (PNL) respaldó firmemente la propuesta y defendió la necesidad de reforzar el respeto hacia las instituciones encargadas de la seguridad.

“Sin orden, autoridad y respeto a nuestras policías, no hay seguridad ni libertad posible para los chilenos”, afirmó. El parlamentario calificó la aprobación como “un acto de justicia básica” y sostuvo que quienes ofendan, insulten o degraden la función policial deben enfrentar sanciones efectivas. “El desprecio a la función policial se terminó”, sentenció