Desalojo de La Varilla: Seremi afirma que no hay solicitud formal y alcaldesa presiona por erradicación

La Varilla volvió esta semana a quedar en el centro de la discusión sobre seguridad en La Serena. No fue, sin embargo, por el avance de un eventual desalojo, sino por un nuevo operativo de fiscalización que permitió controlar a cientos de personas y detectar infracciones migratorias y hechos de interés policial en uno de los sectores que desde hace meses las autoridades identifican como prioritarios.

El procedimiento realizado este jueves terminó con 271 personas fiscalizadas, 31 extranjeros denunciados por infracciones a la normativa migratoria y tres detenidos, además de dos personas extranjeras notificadas para materializar su expulsión del territorio nacional.

Pero mientras el Estado refuerza su presencia en terreno, el anunciado desalojo de La Varilla permanece en una etapa previa a la que públicamente se había dado por encaminada.

Según información entregada a Diario El Día, pese a los anuncios realizados durante julio, aún no se ha ingresado formalmente la solicitud que permita iniciar el procedimiento para incorporar el desalojo al calendario correspondiente.

Así lo confirmó la seremi de Seguridad Pública, María José Duarte, quien explicó que esa petición constituye un paso dentro de una cadena institucional que debe cumplirse antes de movilizar a las policías para una intervención de esta magnitud.

“La institución correspondiente debe reunir los antecedentes, obtener la resolución administrativa u orden judicial de restitución y solicitar formalmente a la Delegación Presidencial Regional la incorporación del procedimiento al calendario de desalojos”, señaló.

A partir de ahí, es la Delegación Presidencial la encargada de gestionar la incorporación y coordinar el procedimiento con el Ministerio del Interior. Posteriormente se dicta la resolución correspondiente para solicitar el auxilio de la fuerza pública y la Seremi de Seguridad articula el componente operativo con las policías.

De la “luz verde” al punto de partida

El 13 de julio, la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, comunicó públicamente que había solicitado al Ministerio de Seguridad Pública el desalojo del asentamiento tras reunirse con el ministro Martín Arrau. En esa oportunidad, sostuvo que había recibido una respuesta favorable y calificó la señal del Ejecutivo como una “luz verde” para avanzar.

Al día siguiente, la propia municipalidad informó que existía una planificación preliminar para concretar la medida dentro de un plazo de dos meses. El anuncio instaló la expectativa de que el procedimiento podía materializarse durante septiembre, diferenciando además a quienes tenían algún tipo de reconocimiento o regularización respecto de quienes ocupaban terrenos de manera irregular.

Consultada ahora por Diario El Día, Norambuena reafirmó que su petición apunta a una intervención definitiva del asentamiento y aseguró que la reciente fiscalización corresponde a uno de los compromisos asumidos por el Ministerio de Seguridad.

“El ministro nos había dicho que se iba a hacer una intervención. Esta fue una de las intervenciones que cumplió y debo decirlo públicamente, pero ahora necesitamos la erradicación de la toma”, afirmó.

La alcaldesa apuntó directamente a la Delegación Presidencial como el organismo que debe liderar la coordinación de los distintos servicios involucrados.

“Necesitamos una intervención total. Agradecemos a la Seremi de Seguridad el trabajo que se está realizando en fiscalizar, pero es el delegado presidencial quien tiene la facultad para coordinar a los distintos ministerios y avanzar en la erradicación. Eso es lo que estamos esperando”, sostuvo.

De esta manera, las declaraciones evidencian dos planos distintos de un mismo proceso: mientras desde el municipio existe una solicitud política explícita para erradicar el asentamiento, desde Seguridad advierten que todavía falta materializar los pasos administrativos necesarios para llevar un eventual desalojo a su fase operativa.

Municipio advierte crecimiento

Norambuena también hizo una distinción respecto de las personas que actualmente habitan el sector. Según explicó, el municipio mantiene un catastro de antiguos ocupantes vinculados principalmente a actividades agrícolas y crianceras, algunos de los cuales mantienen arriendos con Bienes Nacionales.

La preocupación, sostuvo, está puesta en el crecimiento posterior del asentamiento, cuya población estima entre 2.000 y 3.000 personas.

“Todo este otro sector que tenemos identificado es lo que nos preocupa, porque se está traduciendo no solamente en incivilidades, sino también en situaciones vinculadas al narcotráfico y otro tipo de delitos que terminan siendo un problema para La Serena”, aseguró.

La jefa comunal reconoció, no obstante, que una eventual erradicación representa una operación de alta complejidad debido precisamente al número de personas involucradas.

“Sabemos que no es fácil, que tiene que haber toda una estrategia detrás porque son miles de personas. Esto requiere un trabajo colaborativo. El municipio está disponible, tenemos el diagnóstico y esperamos que se concrete prontamente”, agregó.

La dimensión del desafío

El despliegue realizado este jueves entrega una fotografía de la magnitud de la intervención estatal que actualmente se desarrolla en La Varilla.

La PDI destinó 70 funcionarios, efectuó 271 fiscalizaciones migratorias y detectó 31 infracciones a la normativa migratoria. Tres personas fueron detenidas y otras dos quedaron notificadas para materializar su expulsión.

Carabineros, en tanto, desplegó 30 efectivos, realizó 163 controles de identidad y 60 controles vehiculares, además de cursar 26 infracciones de tránsito. A ello se sumó la participación municipal.

La propia alcaldesa destacó que la comuna dispuso inspectores, funcionarios de Seguridad Ciudadana y una grúa para apoyar el procedimiento y retirar vehículos que presentaban irregularidades.

El delegado presidencial regional, Víctor Pino, planteó que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia y destacó que una intervención de mayor alcance requiere considerar simultáneamente aspectos sociales, de propiedad, migratorios y de persecución del delito.

“Una intervención mayor en La Varilla se debe ejecutar bajo una planificación rigurosa que combina temas sociales, de propiedad, fiscalización migratoria y, por cierto, la persecución del delito con el resguardo de las familias del sector”, sostuvo, calificando el proceso como un trabajo de mediano plazo.