Los crímenes que estremecieron a la Región de Coquimbo

La crónica policial de la Región de Coquimbo está trazada por episodios donde la violencia irrumpió de forma, muchas veces imprevista y, otras veces, finamente planificada. 

Desde enigmas no resueltos a mediados del siglo XX hasta homicidios recientes que han movilizado a la justicia, son varios los hechos de sangre que han marcado la crónica roja regional. 

El crimen perfecto

La madrugada del 25 de diciembre de 1966, en el sector rural de Chacra Julieta - hoy cruce de las calles Las Higueras y Gabriel González Videla, en La Serena -, un hecho de extrema dio origen a uno de los casos policiales más complejos conocidos hasta ahora. 

Dagna Olivares Gajardo y sus hijas Silvia (11) y Miriam Gálvez Olivares (5) fueron atacadas con objetos contundentes al interior de su vivienda. Tras las agresiones, los atacantes incendiaron la vivienda para destruir la evidencia e incinerar los cuerpos.

Las sospechas apuntaron a la figura del esposo y padre, Segundo Gálvez Muñoz. Sin embargo, la indagatoria se estancó entre contradicciones entre los estamentos policiales, la formulación de hipótesis sin sustento probatorio y sospechas dirigidas hacia influyentes sectores empresariales de la zona.

Gálvez fue dejado en libertad por falta de méritos y el proceso prescribió sin imputados condenados. Decenios más tarde, la investigación periodística “Chacra Julieta: La trama oculta de un crimen perfecto”, del periodista Eleazar Garviso Gálvez, rescató el archivo histórico de una tragedia que permaneció sin sanción judicial.

Tragedia en La Pampilla

En pleno desarrollo de las festividades por el 18 de septiembre de 1989, la niña María Teresa Campusano Alquinta, “Marité”, de 8 años, permanecía durmiendo en el vehículo familiar mientras sus padres atendían un puesto de venta en el recinto de La Pampilla de Coquimbo. Durante la madrugada, sin embargo, la menor fue sustraída del automóvil y trasladada a una ladera del cerro, donde fue agredida sexualmente y asesinada.

La investigación determinó la responsabilidad de Gustavo Justo León, ciudadano de nacionalidad peruana, quien fue condenado a presidio perpetuo. No obstante, en 2017, tras cumplir 28 años de reclusión, el sujeto accedió al beneficio de la libertad condicional y, tras romper las medidas cautelares impuestas, el condenado se fugó del país, desconociéndose hasta el día de hoy su paradero. 

El "chacal de Alcohuaz"

Juan Domingo Salvo Zúñiga registraba una condena previa de diez años de cárcel por el homicidio de su propia hermana cuando el 25 de noviembre de 1990 volvió a actuar en la localidad rural de Alcohuaz, comuna de Paihuano. En el lugar, tras sostener una disputa vecinal motivada por una denuncia en su contra, atacó con un hacha a Antonia Cabrera Gómez y a sus tres hijos.

El nivel de ensañamiento llevó a los tribunales a dictar la pena de muerte. Sin embargo, el entonces Presidente de la República, Patricio Aylwin Azócar, ejerció la facultad del indulto presidencial, conmutando la máxima sanción por 80 años de presidio.

Actualmente, Salvo Zúñiga continúa privado de libertad en el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur.

Los crímenes del psicópata de Coquimbo

Entre los años 1991 y 1993, Marcelo Gabriel Tobar Venegas perpetró ataques en serie contra más de 20 mujeres en la comuna de Coquimbo. Su modo de operar incluía emboscadas en la vía pública, manifestando posteriormente en sus declaraciones la percepción de un "resplandor" en la mirada de sus víctimas lo que motivaba las agresiones.

Tobar asesinó a Hilda Navarro en 1992 y a la adolescente Andrea Villa Toro (14) en mayo de 1993. Asimismo, dejó en estado de coma durante 15 días a Patricia Jofré, cuyo testimonio resultó decisivo para los peritajes de identificación.

La ola de ataques derivó en manifestaciones ciudadanas masivas en exigencia de mayor seguridad. En agosto de 1993, el sujeto fue aprehendido en el sector de Tierras Blancas tras la denuncia presentada por su cónyuge. Actualmente purga su condena en el penal de Colina, en la Región Metropolitana.

"Caso Monjitas"

La madrugada del 17 de octubre de 2001, sujetos armados con armas cortantes y material acelerante ingresaron al Colegio Óscar Aldunate Abbott, ubicado en el sector Las Compañías, en La Serena. En el recinto atacaron a la novicia peruana Lita Castillo (22), quien falleció 12 días después producto de las quemaduras, y a la religiosa uruguaya, Natalia Acosta (23), quien sobrevivió a lesiones de extrema gravedad.

El juicio se transformó en un hito procedimental al poner a prueba la recién implementada Reforma Procesal Penal en la zona. Tras la anulación del primer juicio oral, la justicia determinó las responsabilidades de dos personas: Carlos Vivanco Fuentes, declarado autor material pero inimputable debido a un diagnóstico de salud mental, y Armando Tapia Álvarez, condenado a una pena de 10 años de cárcel por homicidio consumado y frustrado.

En el caso de Vivanco Fuentes, tras permanecer 15 años en el Hospital Psiquiátrico de Putaendo, fue trasladado al Centro Psiquiátrico Renacer de La Serena. Respecto a Tapia Álvarez, cumplió su condena sosteniendo su inocencia.

Tragedia en Villa Talinay

El 26 de noviembre de 2020, los servicios de emergencia acudieron a una vivienda en Villa Talinay, sector La Cantera de Coquimbo, ante el reporte de un incendio estructural donde falleció la menor de 12 años, Melissa Chávez.

No obstante, las autopsias del Servicio Médico Legal descartaron que la menor hubiese fallecido por asfixia o acción directa de las llamas, detectando dos traumatismos craneales y 11 lesiones cortopunzantes en la zona abdominal.

La investigación de la fiscalía apuntó al entorno familiar directo. En el juicio oral iniciado en abril de 2023, la Corte dictó sentencia condenatoria en contra de la madre de la menor, Mirta Ardiles, imponiéndole 33 años de cárcel por parricidio e incendio. En el mismo proceso, el padrastro, Luis Santander, fue condenado a 10 años de presidio por el delito de abuso sexual reiterado.

Cuerpo desmemebrado

El año 2023 aparecieron restos humanos en el borde costero de Coquimbo, situación que destapó el brutal asesinato de Cristian Castillo Perines (26), quien había sido asesinado por un sujeto conocido como "el Lenguado", quien enfrentó un juicio por homicidio calificado con ensañamiento.

Asesinato de María José Zambra y Ana María Pizarro

La desaparición de María José Zambra (30) en agosto de 2019 concluyó con el hallazgo de sus restos bajo el puente El Libertador. Seis años después, en abril de 2025, el hallazgo del cuerpo mutilado de Ana María Pizarro en Cuatro Esquinas activó una línea de investigación conjunta.

El análisis de tráficos telefónicos y la coincidencia en los patrones situó a José Alejandro Medina Ladera, de nacionalidad venezolana, como el principal sospechoso de haber cometido ambos crímenes. 

Pese a ser interrogado por la policía, fue dejado en libertad, situación que aprovechó para huir del país. Hoy se encuentra detenido en su país de origen, a la espera de su extradición a Chile.