Derechos humanos: del Holocausto a una trinchera política en Chile

A propósito del clima que se genera en la clase política previo a las fiestas del 18 de septiembre, creo importante traer al tablero la deconstrucción que ha sufrido el concepto de derechos humanos.

Origen y límites de los Derechos Humanos

Después de la Segunda Guerra Mundial, después de los campos de concentración, del Holocausto y de millones de vidas destruidas por la barbarie, la comunidad internacional entendió que había cosas que no podían volver a ocurrir. El 10 de diciembre de 1948, las Naciones Unidas aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, estos no nacen para entorpecer a un Estado o para impedir que una sociedad se defienda de quienes quieren destruirla. No nacieron para convertir el control del orden público en una especie de pecado capital, ni para quitarle a nuestros Carabineros facultades en el uso de la fuerza.

Sin duda alguna, puedo decir que nacieron para poner límites al poder arbitrario. Y esa diferencia es fundamental, porque, la propia Declaración Universal reconoce que el ejercicio de los derechos y libertades tiene límites establecidos por la ley cuando se trata de garantizar los derechos de los demás, la moral, el orden público y el bienestar general dentro de una sociedad democrática.

Es decir, los Derechos Humanos y el Estado de Derecho no son conceptos enemigos. El problema aparece cuando una idea noble comienza a ser utilizada como una trinchera política. Y ese, es el claro ejemplo de lo que ocurre en nuestro país con el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Uso político de los Derechos Humanos

Durante los últimos años, hemos visto cómo el sector político de izquierda más radical ha transformado el discurso de los derechos humanos en una herramienta de disputa política. Una herramienta que creada para evitar abusos como los ocurridos en el Holocausto, ha sido utilizada selectivamente, dirigida para defender actos anarquistas, revolucionarios o vandálicos, quitándoles el poder a nuestras fuerzas policiales para restablecer el orden público y ejercer el uso legítimo de la fuerza. Todo lo que ha desembocado en que se termine perdiendo justamente aquello que le daba legitimidad: su universalidad.

No se trata de negar que el Estado pueda abusar de su poder. Por supuesto que puede. Pero no puedes igualar el actuar en cumplimiento del deber de un carabinero -con los instrumentos entregados por el poder político, que además da la orden a instituciones obedientes y no deliberantes- con los actos que se buscan evitar.

No puedes y no debemos permitir que se trivialice el Holocausto comparando a funcionarios que, ejerciendo su trabajo, defienden a la ciudadanía de actos vandálicos y de las vulneraciones de los derechos de los ciudadanos, con quienes efectivamente cometen esos actos. No son en caso alguno violadores ni delincuentes. No son actores arbitrarios, sino los emisarios de la protección de los ciudadanos que se ven afectados por las acciones de hordas que presuntamente podríamos vincular a la izquierda que intenta encubrir estas acciones bajo una mal llamada protesta social.

Protestar no es impedir el paso, protestar no es violentar, protestar no es lo que la izquierda comunista y frenteamplistas realiza en sus denominadas marchas pacíficas. Una cosa es exigir que Carabineros respete la ley y otra es pretender que Carabineros no pueda ejercer la autoridad que la misma ley le entrega.

Asimismo, una cosa es proteger los derechos de quien protesta sin vulnerar el derecho de los demás, y otra es convertir la palabra “protesta” en una especie de salvoconducto moral para cualquier conducta vandálica o delictual que ocurra durante una manifestación.

Aquí estoy seguro de que muchos de la izquierda radical dirán que: “protestar es un derecho”. Y para ser sincero, el derecho según el artículo 19 N° 13 de nuestra Constitución es el siguiente: “El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas. Las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público, se regirán por las disposiciones generales de policía”. Vandalizar no. Quemar no. Lanzar piedras a Carabineros no. Saquear no. Bloquear una calle no. Esto parece obvio, pero tuvimos que vivir un estallido social para descubrir que para algunos no lo era tanto.

Durante octubre de 2019, conocimos una violencia que no puede ser maquillada bajo el concepto de manifestación social. Hubo un millón de personas que se manifestaron pacíficamente, durante uno o dos días, pero fueron semanas, incluso meses de incendios, saqueos, destrucción, ataques contra cuarteles policiales y agresiones contra funcionarios, con la consiguiente destrucción de la vida pacífica de la gran mayoría de los chilenos.

El INDH y su sesgo político

El INDH fue creado precisamente con una misión noble: promover y proteger los derechos humanos en nuestro país. Por esta razón no debería en principio generar ningún problema para nadie que crea realmente en los derechos humanos. Pero una institución no vive solamente de la nobleza de la misión con la que fue creada, sino de la confianza que genera a partir de sus acciones. Y es aquí donde encontramos un evento canónico, el INDH actúa de manera políticamente sesgada, concentra su mirada sobre nuestros Carabineros y cualquier defensor de los ciudadanos como si fueran actores o responsables de un Holocausto inexistente.

El problema no es que el INDH fiscalice a Carabineros. O que procure que no existan abusos en las cárceles. El problema es que su actuar parece estar encaminado en proteger a los delincuentes al punto de impedir el accionar de Carabineros o Gendarmería hasta el punto de que teman cumplir su deber por tener que pagar con cárcel por hacerlo.

Algunos podrán estar en desacuerdo conmigo, pensar que no existe una apropiación del concepto por parte de la izquierda, pero es acá cuando se vuelve relevante mencionar el caso de Adolfo Pérez Esquivel, quien recibió el Premio Nobel de la Paz en 1980 por su, para mí, supuesta defensa no violenta de los derechos humanos frente a la dictadura argentina.

Lo que resulta interesante observar en su caso es que Pérez Esquivel ha respaldado públicamente la candidatura de Evo Morales al Premio Nobel de la Paz. Sí, aunque no lo puedas creer. También ha expresado una valoración profundamente positiva de la figura de Hugo Chávez y del Castrismo, además de haber mantenido una histórica cercanía con determinadas posiciones políticas de la izquierda latinoamericana. Y aquí no estoy diciendo que una persona pierda su derecho a tener opiniones políticas después de recibir un Nobel. Lo que planteo es si podemos considerar imparcial el actuar de personas que mantienen este tipo de vínculos en la izquierda.

El caso chileno es claro, de hecho, a mi juicio, los directores del INDH -salvo Sergio Micco- han demostrado ser absolutamente parciales y volverse persecutores de nuestros funcionarios bajo un manto ideológico. Pareciera que su razón de existir fuera solo perseguirlos, en vez de permitir que cumplan su deber y actuar solamente para evitar un real abuso, pero no es el caso.

Entonces, los derechos humanos fueron concebidos para que nunca más el poder pudiera disponer arbitrariamente de la vida y la dignidad de las personas. Pero al menos en nuestro país, y sobre todo desde la izquierda, ignoran concientemente que no fueron concebidos para que la violencia pudiera disfrazarse de libertad, ni para que el vandalismo pudiera disfrazarse de protesta. Y definitivamente, no fueron concebidos para que la anarquía pudiera disfrazarse de democracia.

Por eso, es indispensable que entendamos de una vez que, sin Estado, sin ley y sin autoridad legítima, los derechos humanos quedan reducidos a una declaración escrita en un papel, que regímenes de izquierda totalitaria ignoraran para imponer su dominio.