¿Por qué reformar la Constitución si seguridad ya está garantizada?

El presidente José Antonio Kast ha generado un debate político al anunciar una propuesta para reformar la Constitución, con el fin de garantizar expresamente la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, su iniciativa ha levantado cuestionamientos sobre su real necesidad, ya que la normativa vigente ya establece de forma clara este deber del Estado.

La propuesta del mandatario busca incorporar en la Carta Magna el deber del Estado de proteger la seguridad de los chilenos, una medida que ha sido calificada de “revolucionaria” por algunos. No obstante, el Artículo 1°, inciso quinto, de la Constitución actual es explícito al señalar: “Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia…”.

Además, el Artículo 24 de la misma Constitución refuerza esta obligación, indicando que corresponde al Presidente de la República el gobierno y la administración del Estado, extendiendo su autoridad a todo cuanto tenga por objeto la conservación del orden público y la seguridad externa. La redacción de ambos artículos es directa y no da lugar a interpretaciones ambiguas sobre el rol estatal en materia de seguridad.

Ante esta redundancia, surge la interrogante sobre las verdaderas motivaciones detrás de la reforma. Críticos sugieren que la propuesta podría tener un carácter más comunicacional que constitucional, buscando generar la percepción de una acción concreta frente a los desafíos de seguridad, a pesar de que los marcos legales ya existen.

La discusión apunta a que “cambiar una frase de la Constitución no pone un carabinero más en la calle, no recupera un barrio, no desarticula una banda criminal, no captura a un delincuente y no devuelve la tranquilidad a una familia”. Lo que sí permite es un anuncio que instala un relato y busca convencer a la ciudadanía de una novedad.

La situación se vuelve aún más compleja al considerar que el Presidente Kast es abogado, lo que implica un conocimiento profundo de la legislación. La Constitución que juró respetar y hacer respetar ya contiene las obligaciones que ahora busca incorporar mediante una reforma. Este escenario evoca el principio del Artículo 8° del Código Civil: nadie puede alegar ignorancia de la ley una vez que ha entrado en vigencia.

Desde esta perspectiva, la iniciativa parece un intento de reescribir lo ya establecido. El país, argumentan los analistas, no necesita una Constitución que duplique mandatos, sino autoridades que actúen conforme a las facultades y responsabilidades ya asignadas. Esto se suma a otros debates sobre la idoneidad y el currículum político de quienes asumen cargos de poder.

La verdadera necesidad radica en que las autoridades conozcan sus atribuciones, asuman sus responsabilidades y generen resultados tangibles en materia de seguridad, en lugar de proponer modificaciones a un texto que ya confiere estas facultades al Estado. El desafío, por tanto, no sería legislativo, sino de gestión y cumplimiento efectivo de la ley.