“Ley Mariana”: cuando la urgencia legislativa colisiona con las garantías del debido proceso

La familia de Mariana Sepúlveda esperó dieciocho años para saber qué le ocurrió a su hija. Cuando hubo una confesión, surgió la posibilidad de que nadie pagara por el crimen: el tiempo ya se había agotado. Así nació el proyecto “Ley Mariana”, del diputado Javier Muñoz, que busca que el homicidio, el femicidio y el parricidio no prescriban.

Llevo más de veinte años trabajando en el ámbito penal y he visto cómo la prescripción protege a quienes el sistema investigó tarde y mal, con testigos que ya no recordaban o pruebas perdidas en un cajón. También he visto familias esperando una condena que el tiempo les robó antes de que un tribunal pudiera decidir.

Ampliación de criterios de imprescriptibilidad

Las víctimas tienen derecho a la verdad y a la justicia, ya reconocido en nuestra legislación: los crímenes de lesa humanidad y los delitos sexuales contra menores no prescriben hace tiempo. Sumar el homicidio, el femicidio y el parricidio no sería una idea nueva, sino ampliar un criterio que Chile ya adoptó.

El imputado, sin embargo, también tiene garantías que la gravedad del delito no elimina. Debe defenderse con pruebas que el tiempo no haya deteriorado y no puede vivir bajo amenaza de un proceso sin plazo definido. Además, el principio de legalidad impide aplicar retroactivamente una ley más dura, lo que obliga a resolver esa cuestión constitucional antes de avanzar.

El derecho de la ciudadanía a la investigación

Hay un tercer derecho que casi nadie menciona: el de la ciudadanía a que se investigue a tiempo. Cuando un caso prescribe casi nunca es porque dejó de importar, sino porque la investigación se retrasó más de lo permitido. Sin fiscales ni peritos suficientes, la imprescriptibilidad es solo una palabra más larga para el mismo problema.

Legislar justo tras un caso que conmociona al país trae buenas intenciones, pero también malas leyes. La “Ley Mariana” debe discutirse con la misma seriedad que si no existiera presión mediática, considerando a la víctima, al acusado y al sistema que los une, en ese orden.