Las señales del preocupante repunte de homicidios en la región

La Región de Coquimbo registró 24 víctimas de homicidio consumado durante el primer semestre de 2026, siete más que en igual periodo del año anterior, según el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile. El aumento elevó en un 42,1% la tasa regional, que pasó de 1,9 a 2,7 víctimas por cada 100 mil habitantes, en un escenario que contrasta con la disminución de los homicidios a nivel nacional.

Por el contrario, el informe  indica que a nivel país se registraron 472 víctimas entre enero y junio, equivalente a una tasa de 2,3 homicidios por cada 100 mil habitantes, la más baja para este período desde 2021. Se trata de una reducción de 11,5% respecto de igual semestre de 2025, consolidando una tendencia descendente que contrasta con el escenario observado tras el peak alcanzado en 2022.

De esta manera crece la preocupación en la Región de Coquimbo, al registrar uno de los aumentos más pronunciados a nivel nacional y que hoy concentra una parte importante del debate sobre la evolución de la violencia homicida fuera de los grandes centros urbanos.

Aunque la cifra posiciona a la región entre las de mayor número absoluto de víctimas del país, el análisis de especialistas sugiere que la lectura debe ir más allá de la comparación inmediata de un año con otro. El aumento es significativo, pero también refleja fenómenos de mayor complejidad, relacionados con la forma en que está cambiando la violencia criminal en Chile.

UNA REGIÓN BAJO OBSERVACIÓN

La seremi de Seguridad Pública de Coquimbo, María José Duarte, reconoce que el incremento requiere una respuesta decidida del Estado, pero advierte que los datos deben analizarse con precisión y sin simplificaciones. “De todas formas, no vamos a relativizar los números. Son siete víctimas más que en el mismo período anterior y cada una representa una pérdida irreparable”, señala la autoridad.

La seremi enfatiza que no existe una única causa capaz de explicar el fenómeno y que cada caso debe ser estudiado en detalle considerando contexto, motivaciones, autores y mecanismos utilizados. Sin embargo, identifica elementos comunes que preocupan particularmente a las autoridades.

“El 58,3% de las víctimas murió por arma de fuego y el 62,5% de los hechos ocurrió en la vía pública. Por lo tanto, estamos frente a una violencia más armada”, sostiene Duarte, agregando que el desafío gubernamental consiste en fortalecer la respuesta institucional y revertir la tendencia observada durante la primera mitad del año.

La preocupación se hace aún más evidente considerando que Coquimbo superó en víctimas a regiones habitualmente asociadas a mayores niveles de violencia, como Antofagasta y Arica y Parinacota. No obstante, la autoridad insiste en que las comparaciones deben realizarse utilizando tasas y contextos equivalentes.

“Sería poco preciso concluir que Coquimbo tenga la misma realidad delictual de las regiones del extremo norte, como tampoco asociar nuestras cifras a crimen organizado sin analizar correctamente cada contexto de cada uno de los 24 homicidios”, afirma.

UN CAMBIO EN LA NATURALEZA DE LA VIOLENCIA

Uno de los aspectos más relevantes del informe es la transformación que experimenta la composición de los homicidios tanto a nivel nacional como regional.

Por primera vez desde que existe esta medición, los asesinatos asociados a delitos o grupos organizados se convierten en la principal categoría del país, concentrando el 41,3% de las víctimas, por encima de los homicidios originados en conflictos interpersonales.

La tendencia aparece con mayor intensidad en Coquimbo. Según el informe, el 54,2% de los homicidios registrados en la región ocurrió en un contexto asociado a delito y/o grupo organizado, mientras que el 33,3% correspondió a conflictos interpersonales. El resto permanece bajo investigación o se encuentra clasificado en otras categorías.

Para la seremi Duarte, estos datos exigen cautela en su interpretación.

“El informe señala que el 54,2% de los homicidios ocurrió en un contexto asociado a delito y/o grupo organizado. Es necesario precisar que esta categoría es más amplia que el concepto estricto de crimen organizado. Por lo tanto, no se puede afirmar que todos esos hechos correspondan a narcotráfico, ajustes de cuentas o disputas entre bandas. Esa calificación depende de los antecedentes de cada investigación dirigida por el Ministerio Público”, explica la autoridad.

Aun así, María José Duarte reconoce una señal preocupante en la evolución reciente. “Sí observamos un cambio en la naturaleza de la violencia por la mayor presencia de armas de fuego. Esta caracterización nos preocupa mucho, ya que nos exige fortalecer tanto la investigación criminal como el control de armas”.

COQUIMBO Y EL FENÓMENO DE LAS BANDAS

El abogado y exfiscal regional Adrián Vega plantea que el incremento de homicidios debe ser puesto en perspectiva histórica antes de concluir que existe un deterioro estructural en la seguridad de la región.

“Si observamos los ocho años que considera el estudio, la tasa de homicidios en Coquimbo varía en promedio entre 2,5 y 3,5 por cada 100 mil habitantes. Desde esa perspectiva, el primer semestre de 2024 aparece más bien como una anomalía estadística, mientras que los resultados de 2026 se encuentran dentro de los rangos históricos de la región”, explica.

Sin embargo, Vega identifica un aspecto especialmente sensible: la creciente participación de hechos vinculados a actividades criminales.

“Lo que sí es necesario destacar es que el contexto asociado a delito y/o grupo organizado alcanza un 54,2%, muy por encima del promedio de ocho años, que bordea el 40%. Esto implica un crecimiento significativo y significa que una parte importante de estas muertes podría explicarse por rencillas entre bandas, vendettas y luchas territoriales”, afirma.

A juicio del exfiscal, la respuesta a este fenómeno requiere mucho más que estadísticas generales. La identificación de patrones criminales, la caracterización de víctimas y victimarios, los mapas de calor y el análisis territorial deben transformarse en herramientas centrales para orientar la persecución penal y las estrategias preventivas.

El general (r) de Carabineros y experto en criminología Jorge Tobar llama a evitar interpretaciones apresuradas respecto de los datos del semestre. “Es temprano aún señalar que la tendencia a la baja de los homicidios se ha quebrado. El homicidio es un indicador de alta volatilidad y suele ocurrir que, durante procesos de reducción sostenida, existan repuntes que no necesariamente significan un cambio de tendencia”, sostiene.

Para Tobar, la comparación con regiones del extremo norte también debe realizarse considerando las trayectorias históricas de cada territorio. “Arica y Parinacota llegó a registrar tasas superiores a 17 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras Coquimbo alcanzó cerca de 8 en 2022 y posteriormente logró reducciones importantes. Cuando las tasas son muy altas, las medidas de prevención suelen generar descensos más rápidos y visibles”, señala.

No obstante, el especialista coincide en que existe un aumento de los homicidios vinculados a actividades criminales y considera que ese dato merece especial atención. “Existe una mayor actividad delictual asociada a estos delitos y esa situación debe monitorearse cuidadosamente. Sin embargo, también es fundamental continuar trabajando en los homicidios de carácter interpersonal, porque siguen generando un enorme impacto en la percepción de inseguridad de la ciudadanía”, advierte Tobar.

LA RESPUESTA ANTE LA AMENAZA

Frente al incremento observado durante el semestre, el Gobierno anunció una intensificación de las acciones focalizadas en los territorios que concentran los hechos de violencia.

La estrategia considera reforzar el Plan Calles sin Violencia en La Serena, Coquimbo y Ovalle; ampliar los operativos territoriales contra el crimen organizado; fortalecer las fiscalizaciones de armas, drogas, vehículos y comercio irregular; incrementar los controles carreteros interinstitucionales y aumentar los patrullajes preventivos en sectores con mayor concentración de delitos violentos.

Según explica María José Duarte, la intervención apunta principalmente a la conurbación La Serena-Coquimbo, aunque también incorpora zonas de las provincias de Limarí y Choapa.

“Nuestra meta es contener el incremento durante el segundo semestre, disminuir la ocurrencia de homicidios, aumentar el esclarecimiento de los casos y retirar armas de circulación. No sería responsable comprometer una cifra sin respaldo técnico; los resultados serán evaluados mediante indicadores objetivos y comunicados con transparencia”, señala.

Una de las principales interrogantes que deja el informe es si el incremento registrado durante 2026 constituye una fluctuación estadística o una señal temprana de un problema más profundo relacionado con la expansión de mercados criminales y disputas territoriales.

Para Tobar, el crimen organizado ya tiene presencia en la región, aunque todavía en niveles inferiores a los observados en otras zonas del país. “Existe un reconocimiento de las autoridades de que el crimen organizado está presente. Su expresión regional más visible se encuentra en la provincia del Choapa, particularmente vinculada al narcocultivo. La clave es mantener el rumbo de los planes de seguridad, prevención y acción rural que actualmente se están ejecutando”, indica.

El especialista recuerda que los resultados en seguridad pública rara vez son inmediatos. “En criminología no existen las balas de plata. La reducción de la violencia requiere acciones simultáneas de control policial, persecución penal y prevención social. Sólo la coordinación sostenida de todas esas herramientas puede generar mejoras duraderas”, concluye.

Si bien el panorama que deja el primer semestre de 2026 es paradójico. Con un país que exhibe una reducción nacional de homicidios, pero al mismo tiempo enfrenta nuevas expresiones de violencia más vinculadas al uso de armas y a dinámicas criminales complejas. En ese escenario, la Región de Coquimbo se transforma en uno de los territorios más observados del país.

El aumento de los homicidios, la predominancia de armas de fuego y la creciente proporción de casos relacionados con actividades delictivas organizadas  en la  zona, configuran un cuadro que exige respuestas rápidas y sostenidas.

La evolución de los próximos meses será decisiva para determinar si el alza de 2026 corresponde a una oscilación dentro de una tendencia histórica o al inicio de una nueva etapa en la dinámica criminal regional. Y es aquí donde está el desafío para la región de evitar que una señal de alerta se transforme en una tendencia permanente.