Estallido social: las demandas pendientes y las huellas que dejó en el comercio

El alza de 30 pesos en la tarifa del Metro de Santiago fue el detonante de una de las mayores crisis sociales y políticas de las últimas décadas. En octubre de 2019, las evasiones masivas protagonizadas por estudiantes dieron paso a movilizaciones que se extendieron por todo Chile y que hoy, a siete años de distancia, continúan generando interpretaciones contrapuestas.

El 18 de octubre, las protestas se intensificaron en la capital, con enfrentamientos, incendios en estaciones del Metro, saqueos y destrucción de bienes públicos y privados. El gobierno del entonces Presidente Sebastián Piñera decretó estado de emergencia y desplegó militares en las calles. En los días siguientes se registraron marchas, cacerolazos y manifestaciones en distintas regiones.

Bajo el lema “No son 30 pesos, son 30 años”, los manifestantes expresaron su descontento por la desigualdad, las pensiones, el acceso a la salud y la educación, entre otras demandas. La crisis también estuvo marcada por graves violaciones a los derechos humanos, documentadas por organismos nacionales e internacionales, con personas fallecidas, cientos de heridos y más de 460 víctimas de lesiones oculares.

El 25 de octubre se realizó una multitudinaria marcha en Santiago. Semanas después, el 15 de noviembre, diversos partidos suscribieron el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, que abrió un proceso constituyente cuyos dos proyectos de nueva Carta Fundamental fueron rechazados en 2022 y 2023.

Visiones contrapuestas

Para la diputada Nathalie Castillo (PC), las demandas originales siguen vigentes. “No podemos olvidar las graves violaciones a los derechos humanos ni las deudas sociales que Chile aún mantiene”, afirmó.

El consejero regional Pedro Valencia, por su parte, también reconoció las demandas sociales, pero llamó a abordar la violencia y los excesos policiales. “Debemos reconocer lo que estuvo mal y condenar las violaciones a los derechos humanos”, sostuvo.

Una evaluación distinta hizo el diputado Marco Antonio Sulantay (UDI), quien cuestionó la interpretación del estallido como una movilización social y lo describió como “revueltas callejeras con fines delictuales”. A su juicio, los hechos dejaron un país más dividido y más violento.

El impacto en el comercio

En La Serena, el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Orrego, aseguró que las consecuencias de aquellas jornadas aún se perciben en el funcionamiento del sector. Según explicó, antes muchos negocios cerraban cerca de las 21:00 horas, mientras que actualmente lo hacen alrededor de las 19:00.

También señaló que algunos locales mantienen protecciones metálicas instaladas como respuesta a los episodios de violencia. A su juicio, además de las manifestaciones, actuaron grupos dedicados a cometer robos contra los establecimientos.

Así, siete años después, el 18 de octubre sigue siendo motivo de debate sobre las demandas sociales, la violencia y las consecuencias que permanecen en la vida cotidiana.