Revocan prisión preventiva de médicos imputados y decretan arresto domiciliario

Un nuevo giro tuvo la investigación por la presunta emisión fraudulenta de licencias médicas en la Región de Coquimbo, luego que la Corte de Apelaciones de La Serena revocara las medidas de prisión preventiva que pesaban sobre dos de los imputados formalizados en la causa.

Este sábado, la Primera Sala del tribunal de alzada determinó sustituir la prisión preventiva de C.F.P.V. por arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición de emitir licencias médicas mientras se extienda la investigación. La resolución quedó consignada en el fallo emitido por la Corte. Una situación similar ocurrió con el médico identificado con las iniciales F.J.D.W., cuya defensa también logró revertir la prisión preventiva que había sido decretada en primera instancia.

De acuerdo con el documento judicial, el tribunal estimó que existen antecedentes para investigar el delito de falsificación de licencias médicas, pero consideró desproporcionada la mantención de la prisión preventiva, ordenando en su reemplazo medidas cautelares de menor intensidad.

La resolución señala que se revocó la medida cautelar decretada por el Juzgado de Garantía de La Serena y se dispuso el arresto domiciliario total, el arraigo nacional y la prohibición de emitir licencias médicas durante el desarrollo de la causa.

DEFENSA DESTACA CAMBIO DE CAUTELARES

El abogado director de la Oficina de Defensores Norte, Carlo Silva Muñoz, explica que tras asumir la representación hace pocos días de F.J.D.W. analizaron los antecedentes de la carpeta investigativa y decidieron recurrir a la Corte de Apelaciones.

“Hoy en la mañana (sábado 24) se vio la vista de la causa mediante alegatos en la Corte de Apelaciones de La Serena y se determinó establecer que la teoría de la defensa era correcta, que efectivamente no había mérito por ahora para mantener la prisión preventiva y la sustituye por un arresto domiciliario total, la prohibición de salir del país y la prohibición de emitir licencias médicas en el sistema previsional”, señala.

El abogado sostuvo que uno de los aspectos centrales de la resolución tiene relación con los delitos efectivamente acreditados en esta etapa procesal. “De los tres delitos que imputó la fiscalía, finalmente el tribunal da por acreditado solo uno de ellos: la eventual falsificación de licencias médicas”, afirma.

Según explica, la defensa argumentó que no existirían antecedentes suficientes para vincular a su representado con los delitos de fraude de subvenciones y lavado de activos que fueron incluidos originalmente en la formalización. Asimismo, adelantó que durante la investigación buscarán desarrollar peritajes especializados para revisar la totalidad de las licencias médicas cuestionadas por el Ministerio Público.

“Vamos a tratar de rendir pruebas periciales con peritos contadores e ingenieros estadísticos para intentar determinar cuál es el real número de licencias cuestionadas, porque por ahora la fiscalía está imputando cerca de 4.500 licencias y nosotros entendemos que tenemos registros y antecedentes para poder disminuir considerablemente esa suma”, sostiene Carlo Silva.

Tras conocerse la decisión, las abogadas defensoras del imputado identificado con las iniciales C.F.P.V., Paula Pérez y Pia Bustos, también valoraron el fallo.

“Estamos conformes con lo resuelto por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena, que confirma que la prisión preventiva es una medida excepcional. Asumimos la defensa recientemente y fuimos nosotras quienes apelamos la medida, convencidas de que mantener a nuestro representado en prisión era excesivo, y gracias a ese trabajo hoy pudo dejar la cárcel”, indicaron.

Las profesionales enfatizaron que la resolución no pone término a la investigación y que su representado deberá seguir sujeto a medidas cautelares. “Esto no es impunidad. Él va a enfrentar la investigación cumpliendo arresto domiciliario total y arraigo nacional, y seguirá compareciendo a todas las actuaciones del proceso. Mientras no exista una sentencia condenatoria, toda persona está amparada por la presunción de inocencia y la privación de libertad debe ser siempre la última opción”, agregaron.

De esta forma, ambos imputados continuarán enfrentando la investigación en libertad, pero sujetos a estrictas medidas cautelares, mientras la fiscalía sigue reuniendo antecedentes en una causa que ha generado amplio interés público por su eventual impacto en el sistema previsional y de salud.