Cámara aprueba exigir la salida de Rabat y oposición anuncia acusación constitucional

La oposición confirmó que presentará una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, luego de la sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados en que se abordaron las rebajas de condenas concedidas por el Gobierno a personas sentenciadas por delitos sexuales y de lesa humanidad.

El anuncio fue realizado por la jefa de bancada del comité del Partido Comunista e Independientes, Daniela Serrano, quien cuestionó la actuación del ministro y afirmó que el Ejecutivo no cumplió con el plazo de 48 horas que la oposición había establecido para entregar los decretos relacionados con los beneficios.

“De manera responsable, acá todos los partidos presentes, los parlamentarios y parlamentarias, vamos a impulsar una acusación constitucional”, sostuvo Serrano tras la presentación de Rabat ante la Cámara.

La parlamentaria agregó que la oposición busca establecer responsabilidades políticas y recordó que se aprobó un proyecto de resolución que solicita al Presidente José Antonio Kast pedir la renuncia del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y de los subsecretarios Luis Silva y Pablo Mira.

La iniciativa obtuvo 68 votos a favor, 42 en contra y siete abstenciones. Entre sus fundamentos se encuentra la controversia por los decretos que permitieron rebajas de condenas a 56 personas sentenciadas por violación y abuso sexual de menores, además de beneficios otorgados a condenados por delitos de lesa humanidad.

Debate sobre la viabilidad jurídica

La controversia también abrió un debate sobre los fundamentos legales de una eventual acusación constitucional. Al respecto, la abogada María José Lira sostuvo que acreditar una infracción grave a la Constitución o las leyes sería complejo, debido a las diferencias interpretativas que existen en torno a la normativa que regula estos beneficios.

A su juicio, las ambigüedades legales y los criterios divergentes en los tribunales dificultan sostener que las decisiones adoptadas constituyan, por sí mismas, un ilícito constitucional.

“Pretender transformar esa ambigüedad legal en un ‘ilícito constitucional’ fuerza peligrosamente la dogmática jurídica”, señaló la profesional, quien atribuyó parte del problema a deficiencias en la técnica legislativa.

Sin embargo, Lira distinguió entre la responsabilidad jurídica y la política. Según explicó, el propio Presidente reconoció públicamente la existencia de errores en esta materia, por lo que, a su juicio, correspondía que el Ejecutivo asumiera las consecuencias mediante la salida del ministro y del subsecretario del área.

La abogada planteó que, al no concretarse esa respuesta, el conflicto se trasladó al Congreso, donde la viabilidad de la acusación también dependerá de los apoyos parlamentarios.

Asimismo, advirtió que el uso recurrente de este mecanismo cuando existen mayorías circunstanciales puede generar efectos complejos para la institucionalidad, aunque consideró que la actual controversia responde a la falta de una solución política oportuna.